Cientos de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ se convocaron en las calles de la ciudad de Salta en una nueva conmeración del 8 de marzo, fecha que en Argentina se impuso como paro feminista. La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta convocó a la marcha afirmando que el contexto latinoamericano, nacional y provincial exige reforzar una construcción colectiva y con presencia en las calles. 

"Sostenemos que la emergencia es alimentaria, habitacional, ambiental y de salud integral, y que afecta sobre manera a nuestrxs niñes, mujeres y disidencias sexuales. ¡No cedemos a las amenazas. Ni un derecho menos, ni un ajuste más!", se afirmó en la radio abierta que se realizó en horas previas a la movilización, que salió pasadas las 18, desde la plaza 9 de Julio. A lo largo de todo el recorrido, que tuvo paradas significativas en la Legislatura salteña, la Comisaría Primera y la Catedral Basílica, se fueron escuchando distintas voces recordando las consignas acordadas en la Asamblea. 

Una de esas voces fue de Bárbara Rocha, impulsora de la colectiva Mamá Sara, un espacio que reúne a emprendedoras que defienden y militan la autogestión. Rocha relató que en estos últimos meses (más aún tras la asunción de Javier Milei), el mercado informal "se ha visto abarcado en su mayoría por mujeres" porque "cada vez encontramos a más compañeras y compeñeres con más dificultades para acceder a puestos de trabajos dignos". "Ya ni siquiera estamos hablando de un trabajo registrado, sino que hablamos de dignidad a la hora de prestar un servicio", expresó. 

Precisamente, ayer se conoció un trabajo del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que constató las desigualdades de género, dado que las mujeres ganan menos y están sobrerrepresentadas en la pobreza. El informe señaló que el 63% de las personas con menores ingresos son mujeres, es decir que la riqueza sigue siendo patrimonio de varones. 

El informe del CEPA  exhibe que las desigualdades de género, que el presidente Javier Milei niega, se profundizan con las decisiones que viene tomando la Nación. A modo de ejemplo, el CEPA informó que la ejecución de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cayó un 53%, mientras que las políticas alimentarias se derrumbaron un 50%. Rocha afirmó que en su colectivo hay preocupación por el contexto socioeconómico, por lo que seguirán "apostando a que la autogestión sea una manera de resolver esta situación". 

La marcha estuvo teñida de verde, los característicos pañuelos de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal se vieron en cada una de las personas presentes. La actual articulante de la Campaña en Salta, Sofía Fernández, destacó que gracias a la lucha lesbotransfeminista y al seguimiento que están haciendo de la aplicación de la ley 27610, de Interrupción Voluntaria al Embarazo, se puede afirmar que "la ley se cumple como tal". "Hemos podido evidenciarlo en toda la provincia", y se constató que se redujo un 70% el riesgo de muerte de mujeres por maternar junto a la reducción de un 50% las niñas madres en todo el país, dijo. 

No obstante, Fernández manifestó que preocupa la posibilidad de que el gobierno nacional decida eliminar el reparto de la medicación utilizada para el proceso de interrupción de embarazos. A pesar de ello, contó que realizan un trabajo articulado con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir para lograr que cada solicitud sea respondida en tiempo y forma. 

La referente de la Campaña también se refirió a los dichos del Presidente, que calificó de "asesinas" a quienes se definen como feministas. "Lo dice con una liviandad tremenda" manejando además una "hipocresía espantosa", cuestionó antes de recordar que las "condiciones para maternar y alimentar a las niñeces no son las más óptimas" por la megadevaluación que impulsó el Ejecutivo nacional. "Este señor nos llama asesinas y está yendo contra nuestros cuerpos, nuestros derechos (como mujeres) y el de nuestros niños, niñas y adolescentes", reprochó. 

También defendió la correcta aplicación de la ley de educación sexual integral, a la que consideró una herramienta fundamental para "derribar este sistema violento y patriarcal". "La necesitamos no solo para que (niños y niñas) denuncien las violencias que sufren en sus hogares, sino para avanzar en otras formas de vida, hacia la igualdad, para que la violencia no sea la única forma de comunicarse entre nosotres". 

Una reforma judicial feminista e inclusiva

Entre las consignas, se planteó también la necesidad de una reforma en el Poder Judicial con perspectiva de género e inclusiva. La referente de Madres Protectoras de Salta, Yanela Barrios, definió a la justicia salteña como violenta y revictimizante. "Es la más adoctrinadora y la más machista", denunció. 

"Como mamá protectora veo muchos casos de abusos en las infancias y las mamás que acudimos a la justicia nos vemos avasalladas y criminalizadas por defender a nuestros hijos", agregó. Barrios llevó adelante una causa judicial contra su ex pareja acusado de abusar sexualmente de su hija de tres años, y de ella. Tras cinco años de espera, finalmente, en octubre del año pasado los jueces Leonardo Gabriel Feans y Javier Araníbar y la jueza María Víctoria Montoya Quiroga condenaron a 12 años de prisión efectiva al acusado. Además, el agresor fue privado de su responsabilidad parental respecto de la niña afectada. Sin embargo, la sentencia todavía no está firme. 

Barrios insistió en que la mayoría de las mujeres que van a buscar ayuda a la justicia terminan siendo criminalizadas. Por eso aseguró que es urgente "una reforma transfeminista que sea efectiva, con perspectiva de género y con una perspectiva de infancias dentro del Poder Judicial". "Necesitamos que se frene la violencia institucional", aseguró. 

La Fundación Géneros y Masculinidades presentó el registro de femicidios cometidos en Salta en 2023 y en lo que va de 2024. Su responsable, Carmen Chuchuy, dijo que el año pasado 10 muertes fueron caratuladas como femicidios, mientras que 18 fueron caratuladas como muertes dudosas o suicidios. En este año, se registraron 3 muertes de mujeres, dos fueron caratuladas como femicidios, y la tercera se calificó como suicidio.

Para Chuchuy, los suicidios requieren de un mayor compromiso con enfoque de género en la investigación judicial, pues "las compañeras fallecidas llegan a un grado tal donde es tan fuerte la violencia que deciden acabar con su vida". Otra preocupación desde la fundación está en la reeducación de los hombres que ejercen violencia de género. "Estamos exigiendo un programa efectivo de reeducación porque si no trabajamos en ello, esos varones nos siguen violentando", dijo Chuchuy. 

"No les dieron la oportunidad de luchar por sus derechos"

A la marcha de la capital salteña también se sumaron hermanas del Pueblo Wichí que llegaron desde el Chaco salteño para denunciar las desigualdades históricas que sufren las comunidades en el interior de la provincia. Marcela Calermo denunció la desnutrición en niños y niñas wichí, junto a la escasez de agua potable en la comunidad La Mora. 

A ello sumó la grave situación sanitaria que padecen las mujeres y las niñeces, pues aseguró que existe una fuerte discriminación hacia los pueblos en el actual sistema de salud pública. En ese sentido, sostuvo que "muchas mujeres murieron para tener a sus hijos y no les dieron la oportunidad de que puedan luchar por sus derechos". 

En el centro, Marcela Calermo, de la comunidad La Mora.

En medio de lágrimas y ante la escucha atenta de centenares de personas, Calermo denunció que es habitual que se les niegue la asistencia sanitaria a las mujeres. Relató que pidió una audiencia al Ministerio de Salud Pública, pero aún no recibió respuestas. "Por ser de un pueblo originario no nos pueden negar la atención en los hospitales y nos dejen morir peor que un perro". "Somos seres humanos y hay mujeres que siguen luchando", sostuvo. 

Una de las consignas de la marcha era llevar un alimento, ropa o calzado para ayudar a las familias indígenas que permanecen al pie del mástil de la plaza 9 de Julio. "Estoy totalmente destrozada porque el gobierno de Salta no escucha a los pueblos. Se tienen que sacar las zapatillas e ir a las comunidades para que vean como vivimos", afirmó Calermo.