Febrero terminó con dos anuncios vinculados a la salud mental.

El miércoles 28, en Necochea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof anunció el cierre del pabellón de crónicos del hospital neuropsiquiátrico Domingo Taraborelli y la transformación de la institución en un hospital general. También , inauguró dos nuevas viviendas con apoyos para personas que habían estado internadas hasta por más de 30 años por haber tenido una crisis en salud mental.

Un día después, el jueves 29, el jefe de gobierno de la CABA Jorge Macri anunció la puesta en marcha de un “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”. Antes había desalojado una feria callejera en el barrio porteño de Retiro. Se viralizó a través de un video porque su improvisada conferencia de prensa se vio interrumpida por la abrupta aparición de una rata.

Afortunadamente la salud mental es una problemática que ha ganado agenda en la preocupación de la sociedad y la política en contexto de post-pandemia, pero también en un marco  de crecimiento de la pobreza, la desigualdad y de proliferación del individualismo y de los discursos de odio.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, desde 2019 se viene desarrollando un proceso de transformación del sistema de salud mental, encuadrado en la implementación de la ley nacional 26.657 y basado en la ampliación de los servicios de atención en la red pública de salud, la adecuación de las instituciones privadas, el cierre progresivo de los manicomios a partir de la creación de casas en la comunidad con personal de apoyo para personas que han padecido la cronificación innecesaria por ausencia de políticas, capacitación de equipos de salud y seguridad, talleres de reflexión en escuelas, y también en la aprobación de protocolos para la actuación adecuada y coordinada entre distintas agencias gubernamentales para las urgencias, entre otras políticas.

El proceso de reforma de la provincia de Buenos Aires ha sido destacado como ejemplo internacional por la Organización Mundial de la Salud en su informe sobre salud mental del año 2022, y por el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas en sus “Observaciones finales en base a los informes periódicos segundo y tercero combinados de Argentina en sus sesiones 636ª y 637ª, celebradas respectivamente los días 15 y 16 de marzo de 2023”. Ambos organismos siempre han destacado como un avance fundamental la sanción en nuestro país de la ley 26.657 y han instado permanentemente a su urgente implementación.

La situación de la ciudad de Buenos Aires es bien distinta. Durante los últimos años las distintas gestiones se han resistido abiertamente a cumplir con la ley nacional de salud mental, pero al mismo tiempo y sin mencionarlo han incumplido también su propia ley local, la 448 sancionada en el año 2000, que es una excelente norma promovida por organizaciones de la propia ciudad y que ha inspirado la ley nacional.

Mientras la provincia de Buenos Aires ya ha inaugurado más de 180 casas con apoyo para poder externar a más de la mitad de las personas que se encontraban internadas sin criterio clínico y en estado de abandono, la ciudad de Buenos Aires, la que más recursos tiene del país, ha generado muy pocos dispositivos y mantiene con internaciones prolongadas cientos de personas que no cuentan con familia que las aloje, pero tampoco necesitan estar internadas y se podrían beneficiar de este tipo de viviendas con apoyo de personal técnico a tiempo parcial o permanente.

Cuando un día Kicillof eligió mostrar el avance de su política de salud mental visitando personas que lograban acceder a una vivienda digna después de años de internación en un manicomio, otro día Jorge Macri eligió iniciar su política de salud mental anunciando un protocolo para, básicamente, habilitar vías de institucionalización. En el primer caso marcando el camino del manicomio a la comunidad. En el segundo, el inverso: de la comunidad al manicomio.

Resaltamos la diferencia porque a pesar de que tanto la desintitucionalización como la atención de las crisis y la internación son dos momentos distintos y ambos deben formar parte de los procesos de asistencia en salud mental, muestran dos preocupaciones bien diferentes.

El protocolo de CABA es un instrumento adecuado que respeta los lineamientos de la ley nacional de salud mental que, a contrario de lo que sostiene el jefe de gobierno, permite a partir de su art. 20 internar a personas con consumo problemático que “no levantan la mano para pedir ayuda”, pero cuyo riesgo para sí o para terceros amerita una intervención sanitaria oportuna. Es un instrumento que se enfoca en coordinar las acciones de distintos organismos públicos de la ciudad para dar una respuesta adecuada vinculada con su identificación, su alojamiento en los conocidos paradores de CABA y, eventualmente, su evaluación sanitaria para una posible internación. Eso está muy bien. Lo curioso es que en el mismo acto que anuncia un protocolo que cumple con la ley nacional de salud mental, el jefe de gobierno de CABA sostenga que esa ley “no sirve”.

En la misma línea que el capítulo de salud mental del proyecto de ley ómnibus que Milei intentó aprobar, Jorge Macri sigue sosteniendo falsamente que la ley vigente no permite internar, desconociendo que en el distrito que gobierna se producen un promedio de 12 internaciones por salud mental sin consentimiento de la persona por día bajo la actual norma, según informe del Órgano de Revisión Nacional dependiente del Ministerio Público de la Defensa.

También es llamativo que su primera acción vinculada con la salud mental de los porteños se enfoque específicamente en las personas en situación de calle, el mismo día en que venía de desalojar una feria callejera, lo que demuestra que su verdadera preocupación no es la prevención y protección de la salud mental de la población -lo que lo debería llevar a anunciar un plan mucho más integral después de 24 años de la sanción de la ley 448 y 13 años de la ley 26.657- sino solamente el desalojo del espacio público.

El problema es que no se puede pretender que la ley de salud mental sea el instrumento principal que resuelva la situación de las personas que no han podido acceder a una vivienda, o han sido desalojadas por no poder seguir pagando una pensión o un alquiler, que en este contexto de empobrecimiento masivo y desocupación irán siendo cada vez más numerosas.

Mejor sería probar con una política de inclusión social con trabajo y acceso a la vivienda, pero parece ser que estas son malas palabras en estos tiempos libertarios.

(Leonardo Gorbacz es psicólogo Como diputado fue autor de la ley nacional de salud mental. Referente de salud mental de la Red Federal por los Derechos Humanos.)