El 16 de mayo de 1977, el avión birreactor de la Armada Argentina que solía usar el entonces almirante Emilio Eduardo Massera llegó a Asunción para trasladar hacia Buenos Aires a cinco personas que habían sido secuestradas en Paraguay. A las 16.34, las autoridades paraguayas ya habían entregado a los detenidos a las fuerzas argentinas. A esa hora, el avión levantó vuelo. Lo piloteaba un militar que se presentó como el capitán José Abdala. Era, en realidad, Luis D’Imperio, integrante del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y quien tiempo después reemplazaría a Jorge “Tigre” Acosta en la jefatura de inteligencia del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los cinco trasladados siguen desaparecidos. El avión –que se usó para su traslado– está hace años arrumbado en el aeropuerto de Melilla de Uruguay. El juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación sobre el Plan Cóndor, reclamó su repatriación porque entiende que no es solo evidencia sino también el instrumento con el que se cometió un delito.

La Armada Argentina incorporó en 1971 un Hawker Siddeley HS-125 modelo 400 B. Dentro de la flota de la Marina, la aeronave se identificaba con la matrícula 0653. Era un avión ejecutivo cuya principal utilidad residía en trasladar al comandante de la Armada. Pero, como prueban los documentos del “archivo del terror” hallados en Paraguay, también fue puesto al servicio del Plan Cóndor para el intercambio de prisioneros de un país a otro.

El avión –que se usó durante la guerra de Malvinas– dejó de pertenecer a la Armada Argentina para 1987. Fue vendido a una empresa local y después a otras compañías uruguayas. Su propietaria actual sería AirWolf SRL --que, desde 2008, dejó al Hawker abandonado en el aeródromo Ángel S. Adami, más conocido como el aeropuerto de Melilla.

En septiembre de 2022, el ilustrador Sebastián Santana Camargo se puso a investigar el traslado de los cinco prisioneros –tres argentinos y dos uruguayos. Como parte de su búsqueda, halló al Hawker. “Al día de hoy la nave está en mal estado, aunque en una sola pieza”, escribió Santana Camargo en un informe que publicó en marzo del año pasado.

Con esa investigación en mano, los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi, de la querella Kaos, hicieron una presentación ante la justicia argentina. El juez Casanello pidió preservar el avión y, días atrás – a través de una resolución a la que accedió Página/12– solicitó la repatriación del Hawker. “La nave fue utilizada como instrumento de secuestros, traslados y desaparición de víctimas ilegalmente detenidas por parte de funcionarios paraguayos y argentinos que operaron en el marco del ‘Plan Cóndor’”, escribió el magistrado.

Los secuestros en Paraguay

El 29 de marzo de 1977, la policía paraguaya ingresó a una pensión ubicada en la calle Fulgencio Moreno 884 de la ciudad de Asunción y detuvo a cinco personas. Todas ellas fueron llevadas al Departamento de Investigaciones de la capital paraguaya.

Entre los detenidos estaban Alejandro Logoluso (20) con su compañera Dora Marta Landi (22). Los dos –según declararon familiares– tenían militancia en la Juventud Peronista de La Plata. Para escapar de la represión, se fueron a Mar del Plata y después a Tandil. Más tarde, tratando de escapar de los grupos de tareas argentinos, partieron hacia Paraguay.

José Luis Nell tenía 67 años. Su hijo homónimo – que había sido militante de Tacuara, Montoneros y colaboraba con los Tupamaros en Uruguay– se había suicidado en septiembre de 1974. Un año y medio antes, Nell (hijo) había recibido un disparo en la cabeza en la masacre de Ezeiza y, como consecuencia de eso, ya no podía caminar. Cuando lo detuvieron en Paraguay, “Pepe” Nell dijo era viudo, no tenía hijos y ya no tenía nada para perder.

Nell (padre) conoció a Gustavo Edison Inzaurralde Melgar porque compartió prisión en Uruguay con su hijo. Gustavo era estudiante de magisterio y venía de la Federación Anarquista Uruguaya (FAU). En Buenos Aires, fue de los fundadores del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), uno de los blancos de la patota de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que regenteaba el centro clandestino conocido como Automotores Orletti. Después de que cayera la cúpula del PVP en manos de la banda de Aníbal Gordon, Inzaurralde Melgar quedó como uno de sus máximos dirigentes y viajó a Paraguay para conseguir documentación falsa que les permitiera a los militantes que quedaban en Buenos Aires salir hacia Europa. Con él estaba también Nelson Santana Scotto.

La SIDE –según consta en la sentencia por el Plan Cóndor que dictó el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 en 2016– viajó a Paraguay con documentación sobre el PVP. En distintos archivos, aparecen nombres de espías: José Montenegro, Alejandro Stada y Juan Manuel Berret. Posiblemente sean nombres de cobertura.

El 16 de mayo de 1977, sacaron a los cinco del Departamento de Investigaciones y los llevaron al aeropuerto. La entrega se hizo ante Montenegro y Stada, de la SIDE. Del lado paraguayo estaban el coronel Benito Guanes y el capitán de fragata Lázaro Sosa. Guanes era un conocedor de los pormenores del Plan Cóndor: había estado en la reunión fundacional que se hizo en noviembre de 1975 en Chile.

Los cinco prisioneros están desaparecidos. Solo se pudo acreditar que Inzaurralde Melgar estuvo en el centro clandestino conocido como Club Atlético. Durante un día, compartió celda con Ricardo Peidró y le contó que había sido trasladado desde Paraguay.

La SIDE estaba a cargo de la represión a los militantes de la región a través del Grupo de Tareas 5. Su principal base para eso fue Orletti. Sin embargo, después de su cierre en noviembre de 1976, se usaron otros campos de concentración para esos fines. Después de la clausura del centro clandestino de la calle Venancio Flores, se produjo una reestructuración mayor dentro de la SIDE. El general Otto Paladino dejó la jefatura y su lugar lo tomó Carlos Enrique Laidlaw. En 1977, Argentina ejercía la jefatura del Plan Cóndor. Para el momento del traslado desde Paraguay, Laidlaw estaba al frente de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.

Algo más que una prueba

En 2001, la justicia argentina procesó al dictador Jorge Rafael Videla por el caso de los cinco prisioneros trasladados en el Hawker Siddeley HS-125. Videla murió en 2013 mientras estaba siendo juzgado por su rol en el Plan Cóndor.

Para Casanello, el avión reúne las características de un elemento de prueba vinculado a la investigación de la coordinación represiva y de instrumento utilizado para la comisión de un delito. “La recuperación de esta aeronave, utilizada para la comisión de delitos contra la humanidad, contribuirá a la reconstrucción de los hechos y la averiguación de la verdad tanto como a la realización del derecho penal material”, señaló el juez.

En 2023, se repatrió otro avión usado para la represión. Se trata de un Skyvan de la Prefectura que se usaba para eliminar a personas que estaban secuestradas en la ESMA y que había sido hallado por la periodista y sobreviviente Miriam Lewin y el fotógrafo Giancarlo Ceraudo. Su repatriación –reclamada por la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida junto con Mabel Careaga y Cecilia De Vincenti– tuvo lugar en un contexto distinto. Ahora, quien debería vehiculizar el exhorto de Casanello es la canciller Diana Mondino, que tiene más interés por postear memes, denunciar supuestas conspiraciones regionales para agitar las calles contra Javier Milei que en contribuir al proceso de verdad y justicia.