Desde Esquel
El antecedente inmediato de la represión del 1 de agosto que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado fueron los hechos ocurridos el 10 y 11 de enero de este año, cuando la Gendarmería y la policía de Chubut ingresaron a la Pu Lof en Resistencia Cushamen a punta de escopeta. Durante la represión de enero, Emilio Jones Huala resultó herido en su mandíbula y otro peñi perdió un tímpano. En apoyo a la recuperación territorial fueron varios los que se acercaron a la comunidad, entre ellos Jorge Buchile, Ivana Huenelaf, Gustavo Jaime, Javier Salvador Huenchupan Ruiz, Daniela González y los hermanos Gonzalo y Pablo Seguí. Los siete fueron baleados por la policía de la provincia y por un empleado de Benetton, Gonzalo Graña, según consta en una causa judicial que tramita en Comodoro Rivadavia. Ayer hubo una audiencia preliminar en los Tribunales de Esquel en donde los hermanos Seguí fueron sobreseídos por el delito de abigeato, ya que se comprobó durante la audiencia la inexistencia de pruebas en su contra. Los otros cinco están acusados por agredir a la policía, cuando en realidad fueron ellos los baleados.
El juez que lleva la instrucción es José Colabelli, quien en 2004 había sido destituido por ordenar un violento desalojo en la comunidad de Vuelta del Río y restituido en su cargo en 2010. Colabelli es conocido en Esquel por “perseguir mapuches”. Luego de la represión del 10 de enero, los hermanos Seguí fueron detenidos por la policía provincial y acusados de abigeato. El fiscal Oscar Oro sostuvo en la audiencia que los hermanos Seguí intentaban arriar 300 cabezas de ganado a pie. Y por eso fueron acusados. Al no encontrarse ninguna prueba, ayer fueron sobreseídos luego de nueve meses de iniciada la causa.
Tras la represión de ese día, uno de los puesteros de Benetton llamó al mayordomo de la Estancia, Gonzalo Graña, para decirle que había gente dentro del campo. Graña habló con la policía rural. Como los efectivos carecían de vehículo, el empleado de Benetton puso la camioneta de la empresa a disposición de los policías Fernández, Ibáñez y Cárdenas. Ellos fueron los que se encontraron en el camino con los hermanos Seguí, y quienes labraron el acta con un delito inexistente.
Pero la historia no quedó ahí. Los otros cinco imputados habían salido de la Pu Lof a buscar unos caballos que habían sido robados durante el operativo de Gendarmería y la policía provincial. Salieron en dos vehículos. Hasta que se toparon con Graña y los policías mencionados. Según consta en la causa radicada en los tribunales de Comodoro Rivadavia, fue el propio Graña quien increpó a los que viajaban en las camionetas mientras que los policías disparaban sus armas reglamentarias.
Buchile, Huenelaf (quien ese día fue detenida y torturada en una comisaría de El Maitén), Jaime, Huenchupan Ruiz y González fueron acusados de atentar contra la autoridad. Tan burda fue la causa, que Colabelli -que no suele fallar a favor de las comunidades de pueblos originarios- le solicitó al fiscal Oro que revea la acusación y sea más preciso con los hechos.
