Esta semana, mientras Rosario estuvo bajo ataque de las bandas narcocriminales que asesinaron a tres personas y dejaron a otra gravemente herida -además de atacar una comisaría a balazos e incendiar un taxi-; la Asamblea Legislativa provincial se enfrascaba en la tarea de suspender a un fiscal destacado por su trabajo contra las bandas narco a cuyos jefes pudo poner en prisión con severas penas. Más allá de si es válido o no sancionar al doctor Matías Edery por cómo se relacionó con sus fuentes para obtener prueba de peso en estos casos; lo potente es la imagen que deja en claro a qué distancia está a veces la política de la realidad. “Sì, por lo menos fue poco oportuna la coyuntura para el tratamiento del tema”, admitió un legislador que está involucrado en el proceso que acusa a Edery que fue denunciado por dos colegas suyos del Ministerio Público de la Acusación en lo que puede leerse también como una fuerte interna del organismo y la mano política que por detrás mece la cuna.

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro están en lo cierto: “El Estado siempre gana” frente a la violencia de la criminalidad organizada. El tema es en cuánto tiempo y a qué costo. Cuántas vidas de trabajadores inocentes elegidos al boleo para dar un mensaje siniestro. Estas acciones califican como terrorismo urbano, la categoría puede ser acertada. La estructuración de la respuesta es la clave.

¿Será como dice el diputado provincial Carlos Del Frade que cree que Rosario será “la geografía donde se lleve adelante el experimento político de usar al narcotráfico para ocuparlo militarmente”? El legislador asegura que la excusa “del combate a las bandas narcopoliciales barriales (no son carteles nacionales ni regionales), traerá -como sucede desde 2014- fuerzas federales y también se anuncia la presencia de representantes de las fuerzas armadas”. Asegura además que “Bullrich, la mejor representante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, ya había dicho que Ecuador y Rosario formaban parte de un problema continental”.

Otro desembarco más de tropas que esta vez incluyen una pata de las Fuerzas Armadas que tienen prohibido por ley actuar en conflictos internos. Pero esquivarán ese recodo normativo diciendo que sólo harán apoyo logístico con más de un centenar de vehículos que pronto llamarán la atención de los rosarinos.

El gobernador Pullaro hace lo mismo que hizo cuando fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz: Confiar en la policía de la provincia, no detenerse en complicidades y corrupciones de la fuerza y trabajar con los pocos jefes leales que encuentre. Pero hay un grave problema y es que hoy la policía santafesina no puede garantizarle al gobierno el control de la calle por más dedicación que ponga. Y ahí está el centro de las críticas a la decisión del gobernador de cortar de cuajo las órdenes para delinquir que parten de las celdas de presos de alto perfil, mediante duras requisas y penalidades extremas, pero sin controlar la calle primero. Es decir, sin poder amortiguar la respuesta a esas decisiones que son los muertos que se contaron estos días. “(Nayib) Bukele rigoreó al extremo a los detenidos de la mafia salvadoreña pero antes controló las calles”, dicen desde la oposición.

Lo cierto es que el presidente salvadoreño ofreció un formato de incalculable valor para la práctica de la demagogia punitivista y Santa Fe no se lo quiso perder. Por eso se montaron las fotos y videos de manera casi calcada en los penales de Santa Fe donde, nunca en la historia, se vieron presos sentados en fila con el torso desnudo mientras eran fuertemente vigilados por guardias armados y enmascarados.

La tentación de la política de ofrecer una visión rápida y contundente de solución a un problema complejo, es muy grande. La mayor parte de la sociedad de hoy no se espantó con las fotos a lo Bukele en las cárceles santafesinas. Al contrario, muchos pensarán que ese método debería regir también para los presos comunes. Esos que más indignan a la ciudadanía que sufre sus arrebatos, robos domiciliarios, robos de cables de cobre para reducir en las chatarrerías. El discurso punitivista avivado por ciertos medios de comunicación se acumula en la sociedad a través de los años como capas geológicas. Ante esa realidad, los discursos progresistas frente al delito y la violencia pierden peso y también elecciones.

Los gobernantes actúan entonces como los técnicos del fútbol. Todo bien con el proyecto a largo plazo y el trabajo con las inferiores, pero si perdés tres partidos seguidos te vas.

Pero están los que tienen otro rol y están dispuestos a ejercerlo. La defensora provincial penal Estrella Moreno Robinson presentó acciones judiciales para pedir informes sobre la situación planteada dentro de los penales. "No es el modelo que esperamos", dijo la funcionaria del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; al tiempo que apuntó a cuestiones como la resocialización y reinserción de personas privadas de la libertad, y al trato digno.

Moreno Robinson dio cifras de la provincia en las que es necesario detenerse para no caer en soluciones mágicas y marketing en seguridad. Sostuvo que "el hacinamiento es un tema recurrente". En ese contexto, detalló que "a diez años de la implementación del sistema procesal penal acusatorio creció exponencialmente el número de personas privadas de libertad": De tener "una tasa de 135 personas cada 100 mil habitantes; a fines de 2023, la misma era de 291 personas cada 100 mil habitantes".

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que no se cuenta precisamente entre los amigos del gobernador Pullaro que apenas asumió hizo público su interés por jubilar a varios cortesanos de hoy; también se refirió al tema. Rafael Gutiérrez pidió prudencia aunque reconoció que los problemas de seguridad en la provincia y el de las cárceles “es algo muy grave y complicado”. Pero planteó que la viralización de las imágenes de las requisas a lo Bukele en Santa Fe “no suman”. Y recordó en relación al tema de las bandas organizadas que “cuando cometieron delitos fueron sancionados y sentenciadas por la justicia de la provincia”.

Por su lado, el intendente Pablo Javkin hace lo que dice el manual: Pegarse al gobernador que es el que tiene todo el poder en este asunto. Lo hizo cuando fue gobernador Omar Perotti y lo hace ahora con Pullaro y no sólo porque pertenece a su mismo espacio político. Los aportes a la seguridad que puede hacer el municipio se limitan más que nada al delito común, la inteligencia en el conocimiento del terreno y los controles mediante las habilitaciones a negocios o espacios que puedan estar relacionados con actividades delictivas. También la vigilancia a través de cámaras coordinadas con las de la provincia. Si tuviera más recursos, la compra de algunos patrulleros para la policía rosarina. Con todo, el intendente participa del costo político que hay que pagar por el descontrol en la ciudad.

El mayor reclamo de Javkin debería estar puesto en algo que sí contribuye a un proceso de paz integral que pasa por la dignidad de los barrios más postergados. ¿De qué sirve reclamar más y más tropas a un gobierno nacional que cortó de cuajo el fondo para obras menores en barriadas como Los Pumitas, donde mataron a balazos a Maxi de 10 años? O que restringió notablemente el envío de alimentos para comedores comunitarios.

Para el concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde, el problema de Rosario “es netamente político, porque la política sigue actuando de la misma forma”. Y apuntó en declaraciones a Rosario/12 publicadas en la edición de ayer: "Nosotros construimos un nuevo espacio político entre diferentes fuerzas, entendiendo que esto no lo va a resolver ni el mejor intendente, ni el mejor gobernador. Esto no lo resuelve solamente un partido. Pero se vuelve a repetir el mismo error: que los gobernantes piensan que ellos tienen la clave, en soledad, para resolver el problema”.