Desde Montevideo

Concluida la muy tensa reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno argentino por el caso Milagro Sala, PáginaI12 entrevistó a Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del CELS, organismo que con Amnistía Internacional participó del encuentro como peticionante. Kletzel señala que la reunión dejó a los peticionantes muy preocupados porque el Estado argentino no fue a dar ninguna explicación y justificó la decisión de la justicia de Jujuy. En el encuentro estuvo el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, a quien lo escucharon muy claro con las autoridades argentinas: les dijo que ellos sabían que eran los responsables de cualquier cosa que pudiera pasarle a Milagro Sala. “Amnistía y el Cels fuimos sumamente enfáticos sobre el escenario de incumplimiento -dice Kletzel– y le planteamos a la Comisión que tome, dentro de sus atribuciones, todas las medidas necesarias para cumplir con lo dispuesto por su cautelar”. 

–¿Cuál es la evaluación de la reunión?

–De mucha preocupación. El Estado argentino no vino a dar ninguna respuesta de lo que significa el grave incumplimiento de la medida cautelar dictada por la CIDH a fines de julio. Al contrario, por diversas consideraciones de los funcionarios queda claro que pretendieron justificar la decisión del juez Pablo Pullén Llermanos bajo esta supuesta idea de un incumplimiento de Milagro Sala en las condiciones de la domiciliaria. Por supuesto, explicamos que era totalmente falso. Que había sido una construcción del propio juez. Y que aún así, no era lógico que para preservar la salud, ella volviera al penal cuando justamente lo que estableció la Comisión es que para preservar su integridad, nunca podía estar en la cárcel. Con el uso del razonamiento lógico, no hay manera de justificar la decisión de Pullén, justificación que el Estado tomó en la reunión de trabajo.

–¿Quiénes estuvieron?

–El Cels y Amnistía Internacional. Amnistía representada por Belissa Guerrero, representante de la sección regional, lo que indica que el organismo le dio gran importancia a la reunión. También hubo una abogada de la sección argentina. Y dos representantes del Cels. De parte del Estado, a pesar de lo que se había anunciado, no estuvo el secretario de Derechos Humanos.

–¿La ausencia de Claudio Avruj fue un desplante?

–Entendemos que es una muestra más de la falta de compromiso que demuestra el Estado con el acatamiento de las decisiones del sistema interamericano. Es una forma más de demostrar que ellos pretenden aducir no tener nada que hacer frente a las autonomías provinciales, cuando es claro que no es así. Por algo, el Estado federal estaba convocado a la reunión de trabajo y es quien tiene que impulsar el cumplimiento de la medida cautelar. Y evidentemente no tiene ningún compromiso por hacerlo porque además quedó clarísimo que los funcionarios presentes no tenían ninguna información sobre la situación específica de Milagro después de la vuelta al penal. Nosotros explicamos la gravedad de esa situación y expusimos, no nuestras palabras, sino un informe de dos profesionales del poder judicial de Jujuy. Ellos la evaluaron a pedido de un juez y dejaron muy claro que estaba atravesando una crisis muy grave de angustia. Esa descripción es conteste con la idea que expresó el presidente de la CIDH durante la reunión: que dieron la cautelar para evitar que Milagro Sala fuera destruida. Usó la idea que ella les trasmitió cuando les dijo que querían aniquilarla, y dijo que estaba viendo un escenario preocupante. El informe sobre la crisis de angustia tiene un párrafo que describe que no habla, que no se comunica: es la idea de un ser que está perdiendo facultades básicas en relación con otros. Y esa es la idea que está detrás de la cautelar. Cómo ese hostigamiento, esa persecución, pueden terminar de destruirla como actor social. El presidente de la Comisión recuperó esta historia. Estuvo todo el tiempo muy preocupado. La posición de la Comisión estuvo clarísima en la reunión de trabajo.

–¿Fueron funcionarios de alto nivel del gobierno a reuniones anteriores?

–Es caso a caso. Acá estuvo Brian Schapira, subsecretario de Protección de Derechos Humanos; Siro de Martini, asesor del ministro de Justicia Germán Garavano; Ramiro Badía, director jurídico de la secretaría de Derechos Humanos, Javier Salgado, director de contencioso internacional de Cancillería y Alfredo Vítolo, asesor de la secretaría de derechos humanos. Son los encargados del litigio internacional, pero uno hubiera esperado que, en una situación muy concreta de incumplimiento con una convocatoria de oficio de la CIDH frente a una situación grave, las más altas autoridades del Estado federal se hagan presentes a dar las explicaciones y a demostrar las acciones que llevan adelante. Eso no sucedió.

–¿Cómo fue la dinámica: qué dijeron ellos y qué ustedes?

–Estuvo el presidente de la CIDH y el secretario Ejecutivo, Paulo Abrao. Le dieron la palabra al Estado, en atención a que estaba clara la posición de la Comisión sobre el incumplimiento. Para que el Estado explique qué está haciendo. El Estado no sólo no explicó sino que simplemente se refirió a que habrían presentado algún escrito en la justicia de la provincia que no presentaron en la reunión, que no conocemos. Pero quedó claro que el informe no era enfático sobre que ella no puede permanecer en la cárcel. También se refirieron a la resolución de Pullén, justificando la decisión y dando distintas señales que parecían mostrar cierto acuerdo del Estado federal con los términos de esa tan preocupante decisión. La Comisión preguntó concretamente qué están haciendo. No hubo respuestas. Salvo que habían pedido, supuestamente, un informe de salud sobre cómo está Milagro Sala en la cárcel, lo cual incumple la cautelar, pero aún así ni tenían ese informe. O sea, no había una urgente y extrema preocupación por resguardarla. Luego Cels y Amnistía explicamos el recorrido de los incumplimientos que no se originan en el último traslado, sino en el momento mismo de disponer un cambio de lugar de detención. Y eso fueron los términos de Pullén Llermanos. La construcción de un alambrado perimetral en su casa. El retén de gendarmería a diez kilómetros. La presencia de fuerzas de seguridad incompatible con la Ley de Ejecución penal. Explicamos la preocupación por el antecedente que desconoce el valor jurídico de las decisiones del sistema interamericano que está pendiente de resolución y como no se había ejecutado, el juez Pullén Llermanos construyó una causal de incumplimiento bajo un razonamiento totalmente absurdo, arbitrario. Que tiene una clara indicación del escenario de hostigamiento y de persecución extrema que surge del conjunto de la resolución, pero específicamente del punto que dice que se difiere la notificación a la defensa para que Milagro no tenga capacidad de defenderse frente a esta decisión arbitraria. Dijimos que para nosotros no había ninguna duda del incumplimiento y destacamos una dato muy importante que generó enorme preocupación en la Comisión, es que desde el momento en el que se dictó la cautelar hasta ahora hay una situación de agravamiento en relación al riesgo a la vida e integridad personal de Milagro Sala. Al episodio de grave crisis de angustia y depresión extrema, le siguió pocos días después la autolesión. Entonces, hay episodios concretos: la verdad hubiera sido interesante que el propio Estado dijera que están preocupados, pero si tenían la información no la presentaron y si no la tenían es preocupante. Eguiguren fue muy claro cuando dijo que las autoridades del Estado sabían que eran responsables de cualquier cosa que pudiera pasarle a Milagro Sala.