Las defensas de tres ciudadanos jujeños encausados por compartir en sus redes sociales mensajes sobre el exgobernador Gerardo Morales denuncian irregularidades en este proceso que se inició el 4 de enero pasado por la denuncia de Tulia Snopek, esposa del exmandatario.

Ahora el abogado de Lucía González, la tercera imputada en el contexto de esa causa, aseguró que aún no tiene las garantías procesales de que no será detenida al momento de la audiencia de imputación formal. 

Es que a pesar de que la jueza de Control Noelia Cruz levantó la orden de detención durante la última audiencia, el lunes de la semana pasada, el abogado de la arquitecta de 42 años, Javier Vuistaz, entendió que existe una "trampa" en el procedimiento de la justicia jujeña. "Aunque le levantaron las órdenes de detención y captura, nada garantiza que cuando se presente a declarar y el fiscal le lea las imputaciones en su contra quedará efectivamente en libertad", sostuvo.

El abogado dijo que hasta tanto la justicia jujeña no resuelva sobre las garantías procesales de su defendida, continuará pidiendo que se mantenga su libertad para evitar que la arquitecta sea detenida cuando se presente a derecho en Jujuy. 

Vuistaz insistió en que deben contar con todas las garantías procesales, principalmente teniendo en cuenta un antecedente de 2018, cuando Gerardo Morales era gobernador de Jujuy. Recordó el culebrón del casamiento del exmandatario con Tulia Snopek, que se celebró en medio del proceso de divorcio de su actual esposa del abogado tucumano Carlos Martí Coll. Uno de los trámites de disolución del vínculo matrimonial se radicó en Jujuy. Snopek aseguraba que una camioneta marca Audi era de su propiedad y que Martí Coll la tenía que entregar a la justicia jujeña. "Cuando Martí Coll viajó a presentarse", rememoró Vuistaz, "el fiscal llamó a siete policías para que lo detengan". Martí Coll fue advertido por un familiar y no se presentó. Para la justicia jujeña fue un prófugo por más de un año, hasta que pudo resolver esa situación.

La orden de captura contra Lucía González la firmó el juez Pablo Pullen Llermanos, el 26 de enero último, por entender que sus expresiones en una conversación en un grupo privado en WhatsApp se relacionaban directamente con la causa abierta tras la denuncia de Snopek. En ese momento González había viajado con familiares a Salta, días antes de iniciar sus vacaciones en el exterior. Desde entonces, no regresó a Jujuy, primero por las órdenes que pesaban en su contra, y ahora porque considera que las condiciones procesales que aseguren su libertad no están dadas.

Un mecanismo de tortura 

En el contexto de la causa abierta por Snopek, en la que Gerardo Morales ahora es querellante, Nahuel Morandini y Roque Villegas atravesaron 53 días privados de su libertad alojados en la Unidad Penal 1 de Villa Gorriti. Pese a haber cesado la prisión preventiva el 26 de febrero último, la familia Morandini no puede encontrar paz. 

"(El 7 de marzo) me llama mi mujer diciéndome que había policías buscándome", relató a Salta/12 Juan Castro Olivera, hermano de Lucía Castro Olivera, esposa de Nahuel Morandini. Contó que se enteró mientras estaba con su hijo en una clase de fútbol. 

"Le entregaron una notificación a pedido de la Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género", explicó. La notificación fue tramitada por la directora general de Políticas de Género de la Policía de Jujuy, comisaria Silvia Chazarreta, y le recuerda a Juan Castro Olivera que está vigente la resolución del juez Pullen Llermanos, que el 17 de enero ordenó a Morandini y Villegas y a sus familias y personas llegadas abstenerse de pronunciar el nombre de Morales, Snopek, y la hija del matrimonio, incluso los cargos que ocupó el exgobernador, en cualquier declaración pública.

"Nosotros queremos paz. Mi sensación es que estamos perseguidos, vigilados por la policía, y que nos dicen permanentemente 'estamos encima de ustedes'. Es un mecanismo de tortura", dijo Castro Olivera. "Cada vez que llego a mi casa, dejo el auto a una cuadra, doy dos vueltas, miro a todos lados, y recién entro", relató. "Mi padre, que lo visité porque se enteró por los medios lo que me estaba pasando, me dijo entre lágrimas que tiene miedo de que me metan preso. No podemos vivir así. Le pido al presidente de la Unión Cívica Radical (Martín Lousteau) que le pongan freno a la persecución a las familias jujeñas en manos de quien no puedo nombrar", reclamó sin poder mencionar a Gerardo Morales.

Mientras tanto, la abogada de Morandini, Elizabeth Gómez Alcorta, detalló que está "pendiente la fijación de una audiencia para tratar una excepción de una falta de acción, un planteo por la inexistencia de delito". Por otro lado está pendiente "otra audiencia de lo que se conoce como el artículo 370" del Código Procesal Penal, "donde todas las partes pueden hacer los planteos que consideren. A la vez cada parte ofrece cual es la prueba que tiene para el juicio". Se trata de una audiencia previa al juicio oral.

En el mismo sentido, el abogado de Villegas, Adrián Iconomovich, dijo a este medio que está la espera de que lo notifiquen "para el control de acusación" y "luego se elevará la causa a juicio". Adelantó que en esa audiencia plantearán "nulidades del proceso, oponiéndonos a que continúe la causa". Recordó que tanto su defendido, como Morandini se presentaron a declarar por otra causa que abrió de oficio el fiscal Diego Funes, que investiga los maltratos que relataron haber sufrido en prisión los #PresosPorTuitear durante los 53 días que permanecieron alojados en el penal de Gorriti.