El gobierno de Javier Milei recortó en lo que va de su gestión en un 33 por ciento el gasto en las políticas públicas que, según el propio Estado, apuntan a reducir la desigualdad de género. Este ajuste es más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24 por ciento. Los datos surgen de un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en alianza con Amnistía Internacional, CELS, EcoFeminita, Fundar y FES Argentina. “En el caso de las políticas para la erradicación de la violencia de género, los números son alarmantes”, advirtió en diálogo con Página 12 Malena Vivanco, economista del programa Justicia Fiscal de ACIJ. El principal programa contra la violencia por razones de género, que figura ahora bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, muestra una caída en el presupuesto ejecutado de 65 por ciento. Allí se encuentran las actividades del programa Acompañar --con un recorte del 69 por ciento-- y de la Línea 144 --con 12 por ciento menos--, detalló la especialista. Pero además, los programas de Protección de víctimas de violencia y de Rescate y acompañamiento a víctimas de trata, del Ministerio de Justicia, “prácticamente no tuvieron ejecución en el primer bimestre de 2024”, agregó.

Las organizaciones analizaron el presupuesto nacional con perspectiva de género y compararon la ejecución presupuestaria del primer bimestre de 2023 y el 2024. “La desigualdad de género sigue existiendo y la crisis económica la agrava. No olvidemos que 2 de cada 3 personas del grupo de menores ingresos son mujeres. Sin embargo, cuando más necesario es el fortalecimiento de las políticas públicas que promueven la justicia de género, éstas son desfinanciadas: el análisis presupuestario da cuenta de caídas de enorme magnitud y en todos los rubros, como violencia, protección social, infraestructura de cuidados, entre otros”, puntualizó Vivanco.

“Si se profundiza el retraimiento del Estado en la prestación de programas sociales fundamentales --como el Acompañar, que proporciona recursos económicos para garantizar una mínima sustentabilidad material a mujeres víctimas de violencias-- para que los sectores de menores ingresos puedan enfrentar la crisis, es indudable que empeorarán las situaciones estructurales de desigualdad y violencias que afectan a las mujeres en toda su diversidad”, alertó a este diario Julieta Izcurdia, abogada, responsable del área jurídica de ELA. Además, “en tiempos de crisis y restricciones presupuestarias como las que vivimos, la prevención y atención temprana de los hechos de violencia permite un uso más eficiente de los recursos públicos”, señaló Izcurdia. Y recordó que la investigación de ELA "Invertir en prevención de la violencia doméstica: ¿opción o necesidad?" demostró que al Estado le cuesta hasta 22 veces más intervenir en los casos de violencia donde la mujer se encuentra en riesgo alto o altísimo frente a los costos de intervenir en situaciones de bajo riesgo.

Las principales conclusiones del análisis presupuestario realizado por las organizaciones revela que:

1. El gasto en las políticas públicas que según el propio Estado apuntan a reducir la desigualdad de género fue, en lo que va de 2024, un 33% más bajo que el año pasado. Este ajuste es más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%.

2. Las partidas destinadas a protección social explican la mayor parte del presupuesto dirigido a reducir la brecha de género. El presupuesto para Moratorias previsionales, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Tarjeta Alimentar y Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos explicaron el 85% del presupuesto con perspectiva de género ejecutado en 2023. “En relación al primer bimestre de 2023, este año se produjo una fuerte caída de la ejecución de los programas del sistema previsional: -45,5% en Pensiones no contributivas y -38,5% en Moratorias”, advierte el informe.

3. Ni siquiera hubo un aumento de las partidas de aquellos programas que el gobierno identifica como claves para paliar las consecuencias de las políticas económicas: “las erogaciones asociadas a la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE) cayeron un 4% en términos reales respecto al primer bimestre de 2023 y las asociadas a la Prestación Alimentar no variaron”, señala el estudio.

4. Respecto de los programas de cuidados, el de fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria que dependía del Ministerio de Infraestructura --cartera que pasó finalmente a Economía-- “no ejecutó ningún recurso” en lo que va del año. Por su parte, “el programa destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles apenas ejecutó $28 millones, un 98% menos que en los mismos meses de 2023”, precisa el informe.

5. El gasto destinado a políticas contra la violencia por razones de género también cayó. El programa donde se encuentran las actividades Acompañar y la línea 144, Formulación de políticas contra la violencia por razones de género, “redujo su ejecución en un 65%”. La actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la justicia del Ministerio de Justicia tan sólo ejecutó $530 mil durante 2024. Finalmente el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas de trata “no tuvo ejecución”.

6. Sobre las políticas de trabajo, el informe de las organizaciones destaca que “el programa 'Potenciar Trabajo', del cual dos tercios de sus beneficiarios son mujeres, experimentó una reducción del 71% en términos reales en comparación con el mismo período de 2023”. Además, el programa 'Registradas', diseñado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y fomentar su acceso y permanencia en el empleo registrado, si bien sigue teniendo presupuesto asignado, “fue eliminado”.

7. Por último, el informe advierte “un retroceso en la transparencia presupuestaria: desde inicios de 2024 se discontinuó el monitoreo oficial del presupuesto con perspectiva de género en Presupuesto Abierto”.

Este ajuste brutal en las políticas públicas y partidas presupuestarias que apuntan a reducir la desigualdad de género afectan directamente a las mujeres y diversidades de sectores más empobrecidos y en particular a aquellas que sufren violencia machista. A fines de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció junto a la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la administración pública, la eliminación de la perspectiva de género en las políticas públicas, aunque en ese momento no dio más detalles. La desfinanciación y el recorte presupuestario es una forma clara de cómo se está plasmando esa decisión dispuesta por el presidente Javier Milei.