La noche del 21 de agosto de 2022, la militante y activista trans Alejandra Ironici fue encontrada sin vida dentro de su casa de pasaje Público al 8100, en la ciudad de Santa Fe. Tenía 43 años y una vida de lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+: en 2012, fue la primera trans del país en obtener su DNI por vía administrativa en la provincia Santa Fe, previo a la aprobación de la ley de Identidad de Género; también, la primera en ingresar a trabajar al Estado provincial, cuando la pusieron en funciones en el área de asistencia social en el perinatológico del hospital Iturraspe de Santa Fe. Hoy, comienza el juicio al acusado por su transfemicidio. Héctor Barrero tiene pedido de pena a prisión perpetua. Además de lo que implica la acusación al imputado, querellantes de la Colectiva de Abogadas Lesbotransfeministas y el Instituto de Políticas Públicas LGBT piden una reparación del estado por el transfemicidio en contexto de "travesticidio social", algo de lo que no hay antecedentes en la provincia y que tiene que ver con la responsabilidad estatal en el tema.
Pionera y referente. Así es recordada Ironici por quienes estuvieron a su lado en el camino hacia las conquistas de derechos para el colectivo LGBTIQ+ en Santa Fe. Incluso, la investigación de su transfemicidio destacó su trayectoria: "Era una militante y referente de la comunidad LGTBI, presidenta de la Asociación Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa (MISER), docente de educación sexual e impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans en la provincia de Santa Fe”, expresa la Fiscalía.
Quien estará a partir de hoy sentado en el banquillo de acusados tiene 33 años y era la pareja de la víctima desde hacía cinco meses. Se le atribuye "haberla abusado sexualmente, luego asestarle 46 puñaladas y, finalmente, prender fuego al cadáver". Por todo, la fiscal Alejandra Del Río Ayala solicita la pena de prisión perpetua.
En tanto, el tribunal estará integrado por Pablo Busaniche (presidente), Sebastián Szeifert y Susana Luna. Está previsto que durante las jornadas de debate sean oídos más de medio centenar de testimonios, y que la sentencia se conozca el 25 de marzo.
Lo que se ventilará durante las audiencias tiene que ver con el abuso sexual y el transfemicidio de Ironici, cometidos en la vivienda donde la víctima convivía con el acusado, quien, después de cometer los delitos, se fue de la casa y se llevó un teléfono celular, una computadora y un automóvil de Alejandra. “Ese mismo día, a las 23, un sobrino de la víctima llegó a la casa, encontró el cuerpo sin vida y dio aviso al 911”.
La detención fue al día siguiente, en una casa donde “había dejado estacionado el auto de la víctima”. Desde hoy, Barrero será juzgado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y transfemicidio agravado (por el vínculo de pareja del acusado y la víctima, y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género)".
Además de la acusación fiscal, la causa tiene dos querellas: Mercedes Ironici –hermana de la víctima–, es representada por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Y, por otra parte, la Colectiva de Abogadas Lesbotransfeministas y el Instituto de Políticas Públicas LGBT, con representación de las abogadas Daiana Araya, Sofía Basso, Vanesa Vargas y Marcela Mancini, que buscan que se visibilice la responsabilidad del Estado por el travesticidio social. Según explicó Basso, independientemente de las responsabilidades individuales, la intervención de esta querella tiene que ver con "visibilizar la responsabilidad estatal -en causas como ésta- por el contexto de travesticidio social en el que se desarrolló este hecho". "Es importante siempre ver la foto entera de la realidad. Lo ocurrido se desarrolló en este contexto y poder visibilizarlo sería una herramienta más para seguir profundizando en el reconocimiento de derechos", dijo. Máxime en momentos como el actual, con un "clima en el que políticamente se vienen tomando definiciones a nivel nacional de ignorar los compromisos asumidos por el estado frente a la comunidad internacional". En ese sentido, la letrada agregó que "cuando se toman definiciones de políticas públicas no se está pensando en las consecuencias, que no son inmediatas, sino a largo plazo. Es clave que se pueda visibilizar la responsabilidad del Estado", dijo sobre el punto al que se referirán testigos de esta querella en el debate.
Para la Colectiva, "solicitar medidas de no repetición implica prevención y reparación. Por lo que, ante un hecho de suma relevancia como es el caso de Alejandra, el Estado tiene el deber de actuar ante la vulneración de derechos humanos, reparando cuando el daño ya fue consumado, pero también implementado políticas públicas de manera de evitar que a futuro se repita", expresaron en un comunicado, que agrega: "El caso de Alejandra es clave para marcar un precedente provincial, ya que Santa Fe no es la excepción en cuanto a una justicia machista y clasista".
