Laura Testa es economista graduada en la UBA y con un posgrado en Formación Política y Liderazgo del CIAS que dirige Rodrigo Zarazaga. Su primer acercamiento al mundo de la salud, después de un paso por el sector privado, fue como consultora de esa cartera bonaerense donde se dedicó al análisis de factibilidad y costos operativos en distintos proyectos. Más tarde recaló en el IOMA, como asesora económica de la presidencia.  

Desde allí, analiza la evolución de los costos y los ingresos de la obra social provincial, el impacto de las políticas libertarias en la salud de los bonaerenses y observa tendencias y patrones de comportamiento. 

Subraya que "los enormes  márgenes de ganancia de la industria farmacéutica salen de los bolsillos empobrecidos de los argentinos" y que "frente a ese dato indiscutible de la realidad, hay gobiernos que intervienen y gobiernos que no". Además, se pregunta "¿cuál sería el beneficio para nosotros, como pueblo, de que unas pocas empresa hagan esos negocios a costa nuestra?" y se anima a hablar de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires Femeba, la entidad que nuclea a la mayoría de los prestadores, de la politización del conflicto y de los negocios que quedaron a la vista. "Ellos les deben una explicación a los médicos", asegura.

—¿Cuál es tu diagnóstico general?

—La situación de la salud es muy compleja. La industria farmacéutica está concentrada a nivel internacional, es monopólica y tiene una enorme capacidad de lobby. Eso le da el poder de imponer el uso de determinados medicamentos y de imponer condiciones, aún cuando ese medicamento no sea el óptimo ni el más necesario. A modo de ejemplo, la Argentina tiene una ley de genéricos para eso. La ANMAT funciona muy bien, si un medicamento llega al mercado es porque está probado, entonces no es necesario dirigir la compra hacia una marca en especial. Pero termina ocurriendo porque el sistema está atravesado por múltiples intereses. Esto es lo estructural. La inflación médica, la que tiene que ver con la propia dinámica del sector, con independencia de la macro de los distintos países, supera los 5 puntos anuales. En estos últimos 4 meses, la inflación fue de 130 puntos y los tratamientos oncológicos aumentaron 170 por ciento.

—¿Ahí entra en juego como variable la inflación argentina?

—Si, así como la inflación de tres dígitos hoy es una singularidad que conspira contra el sistema de salud, también es una singularidad que un país con nuestro ingreso per cápita y nuestro nivel de desarrollo tenga el sistema de salud que tiene. No hay otro comparable en la región. Hace poco unos argentinos fueron noticia por un accidente en México. A uno de los accidentados, antes de anestesiarlo le preguntaron si tenía con qué pagar. Acá, si te pasa eso, el SAME te levanta y te atiende, no pregunta si tenés plata o no, es igual para todos. Después te derivan, según tu cobertura, pero el derecho a la atención no se discute. Eso es único y es muy valorable. La garantía de eso es el Estado.

—¿Vamos hacia un desequilibrio entre salud pública y privada?

—Primero, está bien que los privados participen y hagan su negocio, pero el Estado debe intervenir para reducir las desigualdades, porque si eso queda en manos del mercado, se desmadra.

—¿Pero los pacientes sanos que se lleva la medicina prepaga no son los que equilibran el sistema?

—Claro, por eso antes de aceptarte te hacen mil chequeos y si te encuentran alguna preexistencia te ponen una cuota altísima. Por la misma razón que la cuota no vale igual si tenés 20 años que si tenés 50 o 70. Hay que volver a explicar el principio de solidaridad que sustenta el sistema. Solidaridad no es, como se dice ahora, “mantengo vagos con la mía”. Solidaridad es que entre todos cubrimos al que lo necesita, que hoy es otro y mañana seguramente sea yo. Los trabajadores aportan a IOMA el 4 por ciento de su salario. Si les damos a cada uno esa plata y se la ponemos en el bolsillo para que se procuren la salud en el mercado, ¿qué consiguen? La respuesta es dramática: nada. ¿Por qué? Porque IOMA obtiene beneficios de escala, porque negocia grandes volúmenes.

—¿Por la inflación de los últimos meses?

—Entre otras cosas. Te doy algunos números. La medicina prepaga tiene en el país 6 millones de usuarios, de los cuales casi dos tercios, o sea 4 millones, están evaluando si la siguen pagando o no. La demanda de medicamentos es, por definición, junto con la de alimentos, una de las más inelásticas, porque dejar de tomarlos no es una opción. Pero acá se quemaron todos los manuales, porque según la CAME, cayó 45,8 por ciento en febrero. Eso es gente que elige entre comer y medicarse. Si eso pasa en la economía de las familias, ¿cómo no va a pasar en las obras sociales sindicales y en los institutos provinciales de salud como el nuestro? A todo el sistema de salud le está pasando lo mismo: tiene los ingresos pisados porque no hay aumentos de sueldo, o hay aumentos por debajo de la inflación, y los ingresos disparados tanto por la devaluación como por la política no intervencionista del gobierno nacional. Estamos descalzados. La realidad es que las sindicales y provinciales lo tenemos más difícil, pero hasta las prepagas pierden rentabilidad, por eso quieren sacarse gente de encima. Le pegan más a IOMA por motivos políticos, porque el gobernador es Axel Kicillof, porque dijo claramente que nos llevan a una estatización de hecho, al empujar a la clase media a la salud pública. Y la verdad es que acá juegan cuestiones de escala: ¿la salud pública puede absorber una llegada masiva de pacientes del sector privado, o va a requerir una mayor inyección de recursos? Por todo esto y porque tenemos dos millones de afiliados, creo que se habla más de IOMA que del instituto de Mendoza o Santa Fe, por nombrarte otro cualquiera.

—Pero la crisis está...

—Claro, y nos obligó a un cambio de estrategia. Pasamos de cuatro años de ampliación de cobertura a una etapa de contención, porque la provincia no emite moneda y es la más castigada por el régimen de coparticipación. Entonces la coyuntura nos obliga. En 2019 encontramos un instituto deficitario y endeudado. El primer desafío fue ordenarlo. Se logró y se obtuvieron recursos con los cuales ampliar la cobertura, a sabiendas de que los recursos son finitos. Se amplió la cartilla, se amplió la cobertura a pacientes crónicos, se incorporaron prestaciones. Hasta llegamos a la cobertura del 100 por cien de medicamentos esenciales como los de diabéticos e hipertensos, que benefició a 400 mil socios. Los problemas empezaron en agosto, con la devaluación del 20 y con un componente importante de inflación por expectativas. Siguieron en noviembre, cuando terminó el acuerdo de precios con los laboratorios y en diciembre llegó la devaluación de 118 por ciento de Milei y Caputo. Este escenario nos obliga a ser más cautos, para poder garantizar lo esencial.

—¿El problema mayor es con los prestadores?

—Con Femeba para ser más precisos. Siempre que se achica la torta, aparecen tensiones y conflicto en las cadenas de valor. Por ahora hay cartas documento hacia uno y otro lado, pero todavía no está judicializado. Femeba debe explicaciones, más a los profesionales que a IOMA.

—¿Por qué?

—Por alguna razón, ellos mismos publicaron los números de lo que les pagan a los profesionales, que no es ni de cerca lo que cobran de IOMA. Por un lado, les descuentan 7,5 por ciento de gastos administrativos, que es un montón, ni un banco ni una tarjeta de crédito te sacan tanto. Pero además de eso, les hacen débitos que en promedio dan 25 puntos, pero en algunos casos, según la categoría profesional, llegan a 40. ¿Eso no es abusivo? En este volumen de plata, son mil millones de pesos cada mes. IOMA el año pasado pagó aumentos retroactivos y Femeba no los trasladó, se los quedó. ¿En concepto de qué? No se sabe. La oposición debería estudiar más a fondo la cuestión antes de tomar partido.