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“Observen la masacre social que se está produciendo.” Las palabras de Axel Kicillof mientras cita a su ministro de Economía, Pablo López, grafican el golpazo que recibe la economía bonaerense por las políticas de Javier Milei.
López publicó en sus redes sociales que los salarios se desplomaron un 18 por ciento, la actividad industrial cayó más de un 12 y la construcción más de un 21. En paralelo, las ventas minoristas se derrumbaron un 27 por ciento y el foco del ajuste apuntó a las jubilaciones. A su vez, otro peligro asoma en el horizonte: la caída de la recaudación producto de la recesión.
"Estos planes de ajuste y desindustrialización reducen los ingresos públicos porque la recesión y el desempleo que generan desmoronan la recaudación", subrayó Kicillof. Su ministro de Economía remarca que el mercado interno “está sufriendo gravísimas consecuencias”. Y lo traduce en números tomando como principal arista la baja en el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
“Es la mayor caída bimestral registrada, aún más rápida que en la salida de la crisis de 2001”, dice López en referencia a los 18 puntos que perdieron los sueldos entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Tomando como base la RIPTE, el promedio salarial entre 1996 y 2023 fue de, a valores constantes, más de 734 mil pesos, mientras que en el primer mes de este año arrojó que el salario estuvo levemente por encima de los 550 mil pesos.
El salario no es lo único que está a la baja. Según expone el ministro, la variación interanual de enero de la actividad económica industrial registró una caída del 12,4 por ciento, donde la producción de maquinaria y equipamiento es el rubro con el derrumbe más pronunciado: 33,5 por ciento.
En lo que respecta, por ejemplo, al sector textil, la caída rozó el 14 por ciento. “Ya hay suspensiones en fábricas de Quilmes, Morón y San Martín”, afirma José Minaberrigaray, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Consultado por Buenos Aires/12, el dirigente sostiene que las fábricas aseguran que “la caída en los pedidos es muy grande". “Hay firmas que funcionan a un 40 o 50 por ciento de su capacidad instalada”, señala.
Con cerca de 11 mil afiliados en la provincia, Meniberragaray advierte que “nadie en el sector cree fácticamente que esto repunte”. Y subraya: “Ya conocemos el final de esta película: lo que arranca con suspensiones termina con despidos”.
Esa premonición es la misma que desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) le acercaron al ministro de Trabajo bonaerenses, Walter Correa, en una reunión de días atrás. El dato: sólo el 8 por ciento de los 350 empresarios consultados a lo largo de 20 provincias planea incorporar personal, mientras que el doble, más de un 16, tiene pensado reducir la cantidad de empleados. Casi el 60 por ciento, hasta ahora, piensa en mantener la planta que tiene.
“Sólo se habla de incertidumbre”, sintetiza el ministro a este medio. “Los sectores industriales nos dicen que no tienen proyección, en su discurso no hablan de producción ni productividad”, agrega Correa.
En un estudio de elaboración propia, la ENAC llevó ante el titular de la cartera de Trabajo lo siguiente: “Todos los indicadores fundamentales de las empresas nacionales pymes se degradaron desde el cuarto trimestre del año 2023 al primer mes del año 2024, donde las empresas con ventas normales cayeron un 18,5 por ciento y la capacidad operativa utilizada de las mismas cayó un 16,3 por ciento”.
Además, informaron que seis de cada diez empresas tuvo rentabilidad positiva en el último trimestre del año 2023 mientras que en enero del 2024 “sólo tres de cada diez empresas declararon rentabilidad positiva”, lo que significa una caída del 50 por ciento.
“Dicen que la economía ya estaba arruinada, pero lo cierto es que, aislando el efecto sequía, la economía culminó 2023 con un moderado crecimiento de 0,4 por ciento”, remarcó López en X. “Hasta noviembre, acumulaba un crecimiento del 0,8 por ciento”, agregó.
Asfalto, 60 por ciento menos
Días atrás, Kicillof mantuvo una reunión con intendentes de Unión por la Patria de la Sexta sección. Les pidió un “termómetro” de lo que sucede en los distritos, contó Ariel Sucurro de Salliquelló. En la mesa se expusieron las consecuencias de las políticas de Milei, como el freno de la obra pública y una inflación desmedida producto de la megadevaluación de Luis Caputo al principio de la gestión libertaria.
Para López, la medición de la temperatura es que se atraviesa una “súbita y profunda recesión”.
Aquel encuentro con jefes comunales en Coronel Suárez trajo a colación un tema que afectó la economía de los 135 municipios: el freno a la obra pública. No fue casual que en su discurso de apertura de sesiones y luego en el encuentro que mantuvo junto a los gobernadores en Casa Rosada el pasado viernes, Kicillof haya puesto como primer demanda al Gobierno nacional la reactivación de la obra pública.
Los números ponen de manifiesto la decisión política de Milei que atenta, como repiten los intendentes de todos los colores partidarios, contra el trabajo, la producción y el consumo.
El ministro de Economía bonaerense publicó que la variación del gasto público nacional, comparando el bimestre diciembre-enero de 2023 con el de 2024, experimentó una contracción en la obra pública de casi cinco puntos porcentuales.
Cuando hizo referencia la caída en la actividad económica de la construcción, López desglosó los ítems que la componen y exhibió que la producción de asfalto cayó por encima del 60 por ciento. Esta situación ya viene dando señales de peligro.
Los primeros días de febrero este diario detalló la situación que vive Olavarría y que continúa profundizándose. Una feroz reducción en el despacho de cemento, despidos en canteras y, por primera vez en más de quince años, Loma Negra, la principal cementera de la provincia, no tiene una planificación productiva para el 2024.
“Que el primer distrito al que un privado le haga tres cuadras de asfalto, que avise”, dijo Sucurro al terminar el encuentro con Kicillof, en sintonía con la postura del gobernador de que sólo el Estado llega al interior. ´
El interior y el conurbano perciben los efectos del otro eje conductor de la recesión que camina en paralelo con el freno en la producción y la obra pública: la caída del consumo. Tal como citó López, un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró un descenso del 27 por ciento en las ventas minoristas de la PyMEs durante el primer bimestre del año en comparación al año pasado.
“Las ventas se retrajeron un 25,5 por ciento en febrero, a precios constantes”, destacó el estudio de la CAME y aseguró que, en comparación con enero, la baja pisó los 7,5 puntos porcentuales.
El número es refrendado por las distintas cámaras que aglutinan a los supermercados y que hace pocos días también se reunieron con Kicillof. Incluso, “marzo arrancó con una caída del 10 por ciento”, dijo Juan Larragaña, miembro de Megunión ACE, una entidad que aglutina a 34 supermercados medianos de la zona sur de la provincia.
El resultado no es casual. A los 18 puntos de caída en el salario se agrega un “ajuste brutal” en las jubilaciones y pensiones. “En dos meses, el recorte real sobre el gasto público nacional supera el 20 por ciento, y los principales afectados son los jubilados, que cargan la mitad del ajuste” con un 11 por ciento, expuso López.
Todo cae, incluso la recaudación
La ecuación definitiva deriva, según López, en la merma de los recursos coparticipables que recibió la provincia en el primer bimestre. Contra los 5,1 billones de pesos del primer bimestre de 2023, a valores constantes el Ejecutivo bonaerense registró que sólo fueron 4,2 billones durante el mismo período de 2024. Una caída que alcanza el 20 por ciento.
“El Gobierno justifica el ajuste en su búsqueda del superávit fiscal, presunto origen de todos los males, pero la recaudación es pro-cíclica: por cada punto que cae la actividad, la recaudación retrocede, aproximadamente, 1,4 por ciento”, explicó López. “Por eso, en febrero cayó 11 por ciento en términos reales”, señaló.
Este escenario es el que acelera los tiempos de los reclamos. Por eso, cuando el 26 de febrero Kicillof se desayunó con la eliminación por decreto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi), la decisión de llevar la disputa al terreno judicial fue casi inmediata.
El arribo a la Corte Suprema por el Fofofi, estuvo acompañado por los pedidos para restituir, entre otros, el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador al Transporte, que el gobernador llevó a la reunión con Nicolás Posse y Guillermo Francos.
Es un combo que en la provincia se vislumbra como demoledor. En comparación con el gobierno de Mauricio Macri, Kicillof sostuvo que la política económica de “industricidio” hoy se repite de forma “más rápida y más profunda”.
Para Correa, luego de recibir a representantes sindicales y a empresario a lo largo de estos dos meses, la siguiente etapa está enmarcada “en una mayor cantidad de despidos”. Con un mensaje de que "la provincia hará todo lo que tenga a su alcance para contener estos efectos", el ministro coincide con los gremios en la percepción de que la película tiene un final oscuro.
“Empezamos con los trabajadores de la construcción con el parate de la obra pública, tenemos el freno de la productora de acero Acindar, por lo que si no revierten estas políticas que generan desempleo esto termina en una catástrofe en la provincia”, concluyó.
