El 22 de agosto de 2022, el día que el fiscal Diego Luciani pedía una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner en el juicio Vialidad, aparecieron en las inmediaciones de su vivienda en Recoleta personas que iban a insultarla. Al rato, el lugar se llenó de militantes que, al revés, iban a darle apoyo. En el primer grupo estaban los referentes de la organización ultraviolenta Revolución Federal, Leonardo Sosa y Jonathan Morel. Un policía que intentaba detener a Sosa al verlo romper una valla fue tomado por el cuello por otro hombre que estaba junto a él, llamado Natanael Reinstein Menin, a quien le encontraron en la mochila un cóctel molotov. Según resolvió la justicia llevar un explosivo de esas características a una manifestación no es delito, y dictó el sobreseimiento. 

¿Cuál fue el argumento del juez Marcelo Martínez de Giorgi? "Este artilugio (la bomba molotov) se encuentra elaborado con elementos de uso cotidiano, que tanto por la envergadura de sus componentes, como por su cantidad --reducida en este caso al volumen de una botella de cerveza--, en la mayoría de los contextos no representa peligros tales que constituyan un riesgo para la comunidad común, ya que carece de la capacidad destructiva que una bomba u otros materiales explosivos en sentido estricto podrían presentar, como sí lo hacen la pólvora, la nitroglicerina, o combustibles líquidos en grandes cantidades", dice su resolución. 

Tanto Reinstein Menin como Sosa fueron aprehendidos aquel día. En ese momento, los policías sintieron olor a combustible en la mochila del primero y al abrirla se encontraron con restos de una botella de vidrio, al parecer de cerveza, y un trapo azul mojado con un líquido inflamable. Luego se estableció que ya había arrojado una de esas preparaciones contra los manifestantes que estaban allí en apoyo a la entonces vicepresidenta, y que había mantenido altercados con ellos. Reinstein Menin sólo quedó procesado por atentado y resistencia a la autoridad. En un comienzo se le habían atribuido los delitos de tentativa de lesiones, daños e intimidación pública, pero la Cámara Federal revocó esas imputaciones. En su indagatoria dijo que no tenía relación con Revolución Federal y que cuando pasó el brazo delante del cuello del agente no se dio cuenta de que era policía. 

Para Martínez de Giorgi el coctel que ya había arrojado lo utilizó "como un simple objeto contundente, arrojándolo contra las personas que se manifestaban de manera contraria a él" y que "ya había desistido de utilizar" el que tenía en la mochila. "A pesar de que lo señalado representa una conducta ciertamente reprobable que no es compatible con la clase de comportamientos que demanda la vida en una sociedad democrática, dado el contexto y su materialidad desde el prisma penal la misma no reúne características que objetivamente conduzcan sostener que por ese medio se afectó la seguridad común de la población o siquiera de las personas que se encontraban congregadas...", redondeó. 

Revolución Federal

Sosa y Morel están procesados por daños en grado de tentativa por este episodio en particular en el que buscaban romper la valla para tener algún elemento con el que atacar a los militantes kirchneristas. Ese 22 de agosto fue el primer día de once de movilizaciones de militantes y gente suelta en favor de la dos veces presidenta. Las marchas se cortaron con el intento de magnicidio. Ambos, al margen, están procesados por intimidación pública junto con otros miembros del grupo ultraderechista, Sabrina Basile y Gastón Guerra. En la investigación todavía está en veremos la pista sobre quién financiaba a Revolución Federal. Todo apunta al Grupo Caputo, de la familia del actual ministro de Economía Luis "Toto" Caputo. 

Guerra también era investigado por los golpes y patadas que le dio a dos autos oficiales de la flota del gobierno de la provincia de Buenos Aires el día que Sergio Massa asumía como ministro de Economía en la Casa Rosada. Los vehículos marca Volkswagen modelo Vento, uno color azul y otro negro, quedaron con abolladuras en las puertas. Para el juez  no hay delito porque el efecto de ese daño fue "escaso" y su arreglo "demandó poco esfuerzo para revertirlo". En el mismo expediente Guerra estaba imputado por agresiones durante distintos días de cobertura de Lautaro Maislin, periodista de C5N, incluidos el de la renuncia de Massa a la Cámara de Diputados y el de su jura en Economía. Según Martínez de Giorgi, los ataques dirigidos a Maislin tampoco le causaron "un mal", por lo que no ve delito. Guerra era una de las personas que habría entrado asiduamente a la casa de la vecina del piso de arriba de la exvicepresidenta, Ximena de Tezanos Pinto, en los días de movilizaciones. Según su versión lo había contratado para hacer algunos arreglos. 

La mujer de la 9 milímetros

Se llama Lidia Casciano, tiene más de 60 años, y aparecía en chats de Revolución Federal como "Dali Revolución". En cuatro conversaciones ofreció una pistola 9 milímetros cuando se hablaba de Cristina Fernández de Kirchner. El día que allanaron su casa en San Fernando, encontraron el arma. La Policía de Seguridad Aeroportuaria también secuestró su celular. Martínez de Giorgi la citó a indagatoria para este viernes, 15 de marzo, por la mañana.

El 22 de julio de 2022, un día después de una violenta manifestación de Revolución Federal frente al Instituto Patria la mujer dijo en un chat: "Lo único que falta es que la convirtamos en mártir a esta hija de remil putas". Y agregó: "Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (...) que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan". En otro intercambio para ir a la Rural "a defender al campo" volvió a decir que tenía el arma y también gas pimienta. El 25 de agosto Morel habló en Twitter Spaces sobre la estrategia que imaginaba para matar a CFK: meterse en la movilización de aquellos días y hacerse pasar por militante. Su problema, decía, era que lo conocían. Compartió en un grupo un video de C5N donde se ve a Cristina entre la gente, con el título: "Histórico. La llegada de Cristina Kirchner rodeada de militancia". Escribió: "Hay que matarla". "Dali Revolución" se sumó: "Una granada ahí (...) mi límite es la 9 mm que tengo". Dos días después, la mujer tuvo un diálogo privado con Morel, se ofrecía para "una actividad bala" y le recordaba que tenía una pistola 9 milímetros. Fue el 27 de agosto, cuando Fernando Sabag Montiel fue a Recoleta con la idea del magnicidio, pero no se atrevió. Volvió el 1 de septiembre, intentó disparar pero falló. Lo hizo del modo que sugería Morel. 

El análisis del celular de Casciano mostró, entre otras cosas, que practicaba tiro, que se habría vinculado también con el grupo Equipo Republicano y que tenía una foto de la partida de nacimiento de Sabag Montiel.