La creciente tensión entre la Nación y la provincia de Salta (y otros estados federales) repercutió otra vez en la Legislatura salteña. Ayer, en la segunda sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Salta aprobó, con duros términos, proyectos de declaraciones reclamando los fondos retenidos por el gobierno de Javier Milei.
El debate exhibió que la confrontación con el gobierno de La Libertad Avanza va en aumento, en un día que tuvo, otra vez, al gobernador Gustavo Sáenz haciendo declaraciones en contra de los recortes y las inequidades en el subsidio al transporte, ahora suspendido por la gestión nacional, y en las tarifas de la energía eléctrica. Por la noche el mandatario subió un video en su cuenta de Instagram exhibiendo las diferencias en las facturas que se pagan en el AMBA. "Es una injusticia", afirmó, insistió en que hay "dos Argentinas, una de primera y una de segunda”, y cerró el video con la frase: “Una argentina federal es posible, tenemos que lograrlo”.
En Diputados, el primer proyecto que despertó rispideces, y demandó más de dos horas de tratamiento de una larga jornada, fue de declaración solicitando a la provincia que "tome las medidas necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional" para que se garantice la restitución a la provincia de los fondos de compensación docente, de incentivo docente, conectividad y material didáctico, de los programas educativos nacionales y el fondo de infraestructura.
Roque Cornejo (Ahora Patria, referenciado en LLA), que reaccionó luego de que se hubiera aprobado el proyecto, pidió que volviera a comisión, una estrategia que repitió luego con otros proyectos similares, lo acompañó Griselda Galleguillos (mismo bloque). Patricia Hucena (Orán, bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), en la presidencia, aclaró que la iniciativa ya había sido aprobada y lo reconvino: “hay que respetar el reglamento”, “deben estar atentos”. Pero a pesar de esas observaciones, permitió el intercambio.
Se sucedieron las expresiones cuestionando la retención de los fondos por parte de la Nación. Nancy Jaime (Metán, Más Salta) recordó estos fondos estaban previstos en el presupuesto 2023, que el Ejecutivo nacional prorrogó para este año, y se preguntó: “donde están los fondos del incentivo docente que no han llegado a cada una de las provincias”.
El bloque radical sumó su acompañamiento. "La educación pública no se negocia", desafió Matías Monteagudo (San Martín, UCR).
Socorro Villamayor (Capital, Salta Tiene Futuro) respondió al bloque libertario, que había señalado que el año pasado la provincia reprimió a docentes en protesta y que se sancionó una ley local antipiquetes: “Nada peor que cuando se mezcla chancho con batata”, cuestionó. Afirmó que la docencia de Salta es la mejor paga del país, sostuvo que a nivel nacional está en ejecución una ley antipiquete, “una ley obra del presidente Javier Milei”, y ratificó que “en este sistema federal donde los recursos van a la Nación, con una mala ley de coparticipación", la provincia no puede suplir los fondos que la Nación dejó de remitir, y pidió a las y los legisladores nacionales que acompañen este pedido.
Germán Rallé (General Güemes, JGSC) repasó el proceso de negociación con la docencia del año pasado. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. “Acá cuentan verdad a medias”, dijo antes de criticar a Milei, de quien dijo que hace caja a costa de fondos que no le pertenecen, y con ajustes. “Qué lindo es disponer de los recursos ajenos”, ironizó.
Hucena sostuvo que el no envío de fondos “interfiere en la autonomía en la provincia” y exhibe la falta de federalismo. “El fanatismo político lo dejemos de lado, hoy debe prevalecer el derecho a la educación”. “Es una lástima que el gobierno nacional no haya tenido un eje, un rumbo”, afirmó antes de llamar a la reflexión a las y los legisladores de la derecha: “pido que luchemos juntos por el derecho a la educación de nuestros hijos”, que “garanticemos juntos el derecho a la educación”, que todos reclamen “lo que por Constitución Nacional le corresponde a las provincias”.
Luis Albeza (Cerrillos, JGSC) hizo una reseña de las políticas de la Nación que perjudican a la provincia. “Todo esto se ha consolidado en una incertidumbre”, en "una política dañina, temeraria, arbitraria y centralista sin precedentes en la Argentina”, sostuvo. Y recordó que no afecta a las provincias como ente, "afecta a los ciudadanos que forman parte de esa provincia", igual que la suba de las tarifas. "Las provincias no son pedazos de tierra, las provincias son un conjunto de gente", insistió.
"No hay estómago que aguante"
Hubo más críticas al gobierno de Milei al tratar otro proyecto de declaración para que la Nación vuelva a cubrir la atención de pacientes oncológicos.
Y se retomó el debate, con Cornejo como principal discutidor del oficialismo local, por otro proyecto sobre "el corte abrupto e irracional, e injstificado desde el punto de vistal legal" por parte del gobierno nacional del Fondo de Compensación al Transporte. Villamayor sostuvo al presentarlo que esta quita provocó un "efecto negativo en la vida social y económica de los salteños".
Y azuzó: ningún diputado oficialista sabe explicar por qué la Nación eliminó de cuajo los subsidios a Salta y en cambio a la CABA le dio un tiempo para hacerlo nominal. “Yo diría que los diputados que forman parte de ese sector político, lo hagan reflexionar (al Presidente”, recomendó. Para sustentar su posición, dio un detalle del aumento del boleto de colectivos en el interior provincial, donde la suba fue más del doble en general y en algunos casos hasta se triplicó, y lanzó una frase que parece señalar la línea que seguirá la provincia: con tantas quitas y tantos incrementos, “no hay estómago que aguante, por más buena voluntad que se tenga”.
Cornejo apuntó contra la empresa SAETA, prestataria del servicio de transporte en la ciudad de Salta y su área metropolitana.
José Gauffín (PRO, Capital), cuestionó a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), de la que dijo que fue "deficiente" desde su creación y que en realidad no tiene razón de ser porque el objetivo de controlar los servicios públicos ya lo cumple el Ente Regulador. También reprochó al gobierno de Salta porque “no toma nota que va a ser un año difícil” y no reformuló su gabinete, por ejemplo. Sin embargo, acompañó la iniciativa, igual que Galleguillos, quien afirmó que “es insostenible lo que cuesta hoy el pasaje”.
Los legisladores del interior acompañaron el proyecto, pero también reclamaron equidad con los municipios. “Nosotros los del interior también nos merecemos tener un transporte público de calidad, tener una tarifa justa”, sostuvo Edgar Martínez (San Martín, JGSC).
Una situación grave que traerá consecuencias
Dos legisladores representantes del departamento San Martín advirtieron sobre el crecimiento de la pobreza y la desprotección en el norte salteño que tras la tragedia de las privatizaciones de la década del 90 había logrado recuperar parte del empleo con obras públicas, que ahora están suspendidas.
Gladys Paredes (San Martín, Más Salta) se confesó "enojada", en su calidad de médica, por la situación que están pasando niños y otras personas, y también embarazadas y personas jubiladas. “Estoy muy enojada, muy dolida”, insistió. Contó que debido a la pérdida de puestos de trabajo, al aumento de los precios de los alimentos y a la falta de sostenimiento de programas de atención a sectores vulnerables por parte de la Nación, hay mayor consumo de hidratos de carbono. Dijo que aumentaron los niños y niñas de riesgo y “van a aumentar más”, advirtió. “Es una situación grave que va a traer consecuencias”, anticipó. “Es una situación preocupante, angustiante”, lamentó antes de opinar que las y los legisladores nacionales por Salta deberían luchar para recuperar los fondos que corresponden a la provincia.
Jorge Restom (San Martín, Todos) contó que como nacido y criado en Tartagal vivió todos los procesos de crisis en esa zona, pero “nunca una situación como la actual”. Además, como la generación de trabajo estaba muy ligada a la obra pública, “el nivel de desempleo que tiene San Martín hoy es alarmante”, explicó.
