La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el nuevo Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. No es otra cosa que una herramienta para aplicar la llamada "doctrina Chocobar", que ofrece un gran margen de discrecionalidad a los agentes para disparar balas de plomo ante lo que consideren un "peligro inminente".
"Estamos derogando toda resolución del Ministerio de Seguridad así como las disposiciones internas de las fuerzas que se contrapongan a lo que está normado en esta resolución", dijo Bullrich en una conferencia de prensa que dio en el ministerio, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario.
Las fuerzas federales, según anunció la funcionaria, estarán habilitadas a usar armas de fuego "cuando haya un peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos que estén en peligro frente a un ataque de criminales" o para "impedir la comisión de un delito, cuando sea un delito grave que ponga en riesgo la integridad física de las personas".
Los miembros de las fuerzas también estarán habilitados a usar armas para "detener a un delincuente cuando oponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue", precisó. "Esto es muy importante porque siempre se plantea que el delito se termina en el momento en que aparentemente el delincuente se fuga. No es lo que dicen nuestros códigos de fondo. El Código Penal es claro: la acción obliga a las fuerzas de seguridad a impedir la fuga de los delincuentes", agregó Bullrich. De esta manera, habilita a darle un tiro por la espalda a quien sea considerado un delincuente.
Los efectivos, según el nuevo protocolo, "deberán siempre identificarse como tales, dando la voz de alta". Sin embargo, aclaró la ministra, habrá excepciones. "Hay momentos en que si el agente se da a conocer pone en riesgo su vida o la de terceros. Y ese agente está rodeado por un grupo de narcotraficantes, de asesinos, criminales, y da la voz de alto, en el momento que está rodeado puede dar a conocer su posición y en esa posición los delincuentes saben de dónde sale la voz de alto y matan al agente", argumentó Bullrich, al remarcar que se trata de una excepción que "está en todos los reglamentos de armas del mundo".
La habilitación para no identificarse también estará permitida cuando "exista una desventaja numérica o táctica, porque ahí el agente puede sufrir las consecuencias", advirtió.
"Con estas pautas, policías, gendarmes y agentes de seguridad van a saber que están siendo protegidos por un sistema que les permite cumplir la función para la que fueron capacitados. No queremos más casos Chocobar en lo que se esté discutiendo si hizo las cosas mal o no", planteó, en referencia a Luis Chocobar, expolicía condenado por matar por la espalda a un joven que huía tras atacar a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 y que Bullrich promueve como un ejemplo a seguir.
Bullrich también informó que el Gobierno está "a la espera" de las pistolas Taser y en proceso de compra de armas byrna, un "arma no letal que es como un pequeño aire comprimido" que se fabrica en Argentina y "se usará en aeropuertos, estaciones de trenes y distintos lugares" donde haya "alta densidad de población".
Además, habilitarán a que todas las fuerzas federales utilicen "armas largas de calibre policial", algo que la ministra había anunciado a principios de febrero para Prefectura Naval.
El antecedente
El "Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, que ahora se relanzó con algunos cambios en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario, fue creado por la ministra a fines de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, para “situaciones de peligro inminente de ataque con armas letales contra las figuras de los líderes” mundiales que llegarían a la Argentina para participar de la cumbre del G-20, según argumentó entonces.
La norma habilitaba a las fuerzas federales a tener mayor libertad para disparar sus armas en casos de delitos graves y persecuciones. Los agentes, decía el reglamento, harán “uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en los siguientes casos: "A) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; B) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas; C) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad; D) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.
En ese momento, distintos espacios políticos y especialistas en materia de seguridad y derechos humanos advirtieron sobre el retroceso que eso significaba y señalaron que el reglamento venía a legitimar acciones policiales como las de Chocobar.
Dos años después, en diciembre de 2019, la entonces ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, Sabina Frederic, revocó el protocolo mediante la resolución 1231, al considerar que ampliaba "de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecido por las Naciones Unidas”.
En febrero de este año, Bullrich anunció que reestablecería el protocolo derogado por Frederic. En esa oportunidad, dijo que el Gobierno habilitaría a Prefectura para que "pueda usar todo tipo de armas de fuego policiales y no solo las armas cortas que hoy tienen permitidas". Según aseguró entonces, las armas que utilizan estos efectivos "no tienen el alcance necesario" y quedan en "posición desventajosa" ante situaciones en las que "han recibido piedrazos o les han tirado cuchillos".
"Quiere legalizar el gatillo fácil"
María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), repudió el nuevo protocolo y aseguró que "Bullrich busca legalizar el gatillo fácil y garantizar la impunidad para los policías represores", ya que "con esa resolución vigente, la enorme mayoría de los casos de gatillo fácil en los que se ha conseguido una condena hubiesen quedado impunes".
En diálogo con Página/12, la abogada de Correpi repasó que "todas las fuerzas tienen algunas cuestiones en común que son obligatorias, que son convenios internacionales que Argentina suscribió, como el 'Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir una ley', de Naciones Unidas, o los 'Principios básicos de utilización de las fuerzas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley', también de Naciones Unidas". Y si bien cada fuerza tiene su carta orgánica, señaló, "cada una de esas normativas dice que lo primero que hay que cumplir son esas dos resoluciones internacionales".
Esos convenios de Naciones Unidas, continuó Verdú, tienen algunos principios básicos: "Primero, que el uso de arma de fuego siempre es el último recurso, cuando todo lo demás no se puede usar o falló; segundo, el arma solo se utiliza cuando del otro lado hay agresión equivalente, eso quiere decir alguien que te está disparando, no alguien que tiene un arma en la cintura o tiene un bulto sospechoso; tercero, siempre hay que dar voz de alto para dar tiempo a recapacitar a que la otra persona tire el arma y se entregue; y cuarto, quedan terminantemente prohibidos los disparos en situación de fuga, porque precisamente, si alguien está escapando, por más que en el bolsillo tenga un misil tierra aire, no te está atacando, y a partir de ahí matarlo es causar, como dice la ley, un 'daño mayor al que se quiere evitar'".
Estos principios son, justamente, los que no respetó Chocobar, el favorito de Bullrich. "Los pibes atacaron al turista, lo lastimaron y le robaron la cámara de fotos. Cuando se estaban yendo, los agarraron los vecinos, que recuperaron la cámara. Cada uno corrió para un lado distinto. Juan Pablo Kukoc tuvo la desgracia de que en ese momento llegó Chocobar, cuando ya se había recuperado la cámara de fotos, y lo empezó a perseguir a él y le disparó por la espalda, y por eso está condenado. No estaba armado, no era una amenaza para la vida de nadie y su único objetivo era escapar", recordó Verdú sobre el caso de gatillo fácil ocurrido en La Boca.
Luego de aquel caso, Bullrich publicó la resolución 956, que empezó a ser nombrada informalmente como "protocolo Chocobar", que "habilitaba a las fuerzas federales a disparar discrecionalmente en caso de que sospecharan que la otra persona estaba armada, aun cuando después resultaba que no estaba armada". Esa resolución, afirmó Verdú, "generó un pico de incremento de los casos de gatillo fácil en manos de fuerzas de seguridad federales", aumento que la organización dará a conocer con mayor detalle este jueves a las 18, en el auditorio de ATE, ubicado en Avenida Belgrano 2527.
Según un anticipo del documento que compartió con Página/12, durante los cuatro años del gobierno de Macri hubo 93 casos de gatillo fácil en manos de la Policía Federal, mientras que en el gobierno de Alberto Fernández ese número bajó a 85. La tendencia a la baja se repitió en el resto de las fuerzas: "Gendarmería tuvo 32 con Macri y 20 con Fernández; Prefectura bajó de 16 con Macri a 9 con Fernández, y la PSA bajó de un promedio de 3 o 4 anuales a 1 solo en 2023", detalló Verdú.
Esta disminución "se atribuye a que en 2019 lo primero que hizo Frederic fue con la resolución 1231 fue derogar la 956 y todos los demás protocolos de Bullrich". No es casual, añadió la referente del organismo, "que ni bien Bullrich fue designada en este Gobierno, empezaran a crecer los casos de vuelta, sumando ya 63 muertes por gatillo fácil". El documento completo se presentará este jueves, a las 18, en la sede central de ATE.
Para conocer las diferencias entre el protocolo de 2018 y el que anunció Bullrich este miércoles, indicó Verdú, habrá que esperar a que se publique el detalle de la resolución en el Boletín Oficial. "Pero por lo que ella dijo en la conferencia de prensa, este nuevo protocolo sería peor que el anterior" porque "habilita más explícitamente a disparar en caso de fuga y, en segundo lugar, le quita obligatoriedad a la voz de alto en casos que no estaban mencionados en la resolución de 2018", advirtió.
El objetivo de Bullrich, observó Verdú, "quedó claro cuando dijo que no quiere 'otro caso Chocobar, donde se discute si hizo bien o mal’, lo cual es una locura porque el expolicía está condenado, y el caso está en Casación porque la familia está buscando una pena mayor", reflexionó.
"Otra cosa que dijo", analizó Verdú las declaraciones de la ministra, "es que el problema con la Policía de Santa Fe en Rosario consiste en que 'tenemos presos a todos los policías que en algún momento han tirado y por eso nadie quiere tirar o utilizar sus armas’, lo cual es mentira porque aún a condenados con penas no excarcelables se les mantiene la excarcelación de privilegio porque son policías, por eso tenemos tantos prófugos", añadió la abogada de Correpi. Y recalcó que Bullrich pretende "garantizar la impunidad" de quienes cometan estos delitos.
Armas ¿no letales?
La especialista de Correpi también cuestionó el anuncio sobre las armas Taser y Byrna. "No existe tal cosa como un arma no letal, es un oxímoron como hablar de nieve caliente. Si es arma, tiene capacidad letal porque si sirve para herir puede matar, depende de cómo la uses", sentenció.
En ese sentido, mencionó que "hay infinidad de casos en los cuales se han producido muertes por uso de gases lacrimógenos, postas de gomas", por mencionar algunos métodos represivos.
"En el caso de la byrna, por lo que veo, tiene una energía cinética muy alta y tiene la posibilidad de disparar distintos tipos de proyectiles. Si es a corta distancia y te pega en un lugar crítico -concluyó-, te puede generar lesión gravísima, como la pérdida de un ojo, o la muerte."
