Si el Congreso aprueba que en abril se otorgue un aumento igual a la inflación de febrero, más un plus del 10 por ciento como compensación, los jubilados con la mínima terminarán el año con una nueva pérdida en el poder adquisitivo, del 10 por ciento en 2024. Las estimaciones se basan en la propuesta que el oficialismo analizaría enviar para su tratamiento a la Cámara baja, de modo de modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, y fueron realizadas por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Los jubilados fuera de la mínima, en tanto, perderían un 24 por ciento en su poder de compra respecto a 2023. Sería el séptimo año consecutivo de pérdida de poder de compra por parte de los jubilados.
La propuesta original del Gobierno, contenida en la primera versión proyecto de Ley Bases, pretendía ajustar los haberes por inflación desde marzo pero sin compensación por la pérdida en el primer bimestre, cuando la inflación acumuló una suba del 36,6 por ciento, según el Indec. La fórmula fue rechazada por la oposición y en una nueva reescritura del proyecto de ley el oficialismo analiza ofrecer una indexación siguiendo al IPC de febrero más una compensación del 10 por ciento, a partir del mes de abril.
El bloque de Miguel Ángel Pichetto en la cámara de Diputados decidió adelantarse a la propuesta del Gobierno y solicitó una sesión especial este martes en el recinto para tratar su propuesta de indexar las jubilaciones por IPC de forma retroactiva a enero, la cual pone en jaque el programa del déficit cero. Con ayuda de gobernadores aliados -Alfredo Cornejo de Mendoza, Martín Llaryora de Córdoba y Rogelio Frigerio de Entre Ríos- el oficialismo pudo evitar que la sesión consiguiera el quórum necesario para avanzar. El proyecto comenzará a discutirse en comisiones. Los legisladores no alineados con el Gobierno buscan su aprobación antes del 9 de abril.
Si la regla de movilidad cambiara a partir de abril, con una indexación equivalente a la inflación de febrero y un plus del 10 por ciento, las jubilaciones igualmente no alcanzarían a compensar la pérdida en el poder de compra provocada por la inflación. Según estima el Iaraf, los jubilados que perciben la mínima perderían 10 por ciento de sus ingresos reales en 2024 y quienes perciben haberes más altos perderían hasta un 24 por ciento en el año. “Claramente, un plus del 10 por ciento no compensa la pérdida de los primeros 3 meses del año, siendo mucho peor la dinámica relativa del jubilado que no cobra bonos”, detallan. La inflación proyectada por la entidad es optimista: coincide con el Gobierno en esperar un IPC de un dígito a partir del segundo semestre del año.
Hasta el momento el Gobierno de Javier Milei ofreció a los adultos mayores una indexación jubilatoria del 27,18 por ciento aplicada en marzo acorde con la ley de movilidad todavía vigente. “Con esta suba incluida, los haberes jubilatorios terminarán el primer trimestre del año con una pérdida de poder adquisitivo del 42 por ciento respecto a igual trimestre de 2023. Un arranque de año muy negativo para un importante sector de la población”, comenta el Iaraf. Este resultado fue buscado por el Gobierno, forma parte del “efecto licuadora” que festeja Milei en entrevistas y en sus redes sociales: las jubilaciones contribuyeron a explicar el 43 por ciento del ajuste fiscal de enero tan celebrado el presidente.
Según estimaciones del Iaraf, siguiendo con la intención de cargar sobre los jubilados el peso del programa fiscal, y considerando una caída proyectada del PIB del 4 por ciento en el año dado el ajuste recesivo que ya está en marcha, la importancia del gasto previsional se reduciría al menos en 0,5 puntos porcentuales del PIB con el nuevo esquema de movilidad. “Es decir que pasaría de 7,3 por ciento del PIB en 2023 a como máximo 6,8 por ciento del PIB en 2024. El hecho de que las jubilaciones caigan en términos reales más que el PIB, es lo que hace que el ratio disminuya”, explican.
Por el contrario, para que los jubilados no pierdan otra vez en 2024, la compensación a incluir en el nuevo esquema debería alcanzar un 25 por ciento, calcula la entidad, y de este modo el gasto público previsional aumentaría al menos en 0,3 puntos porcentuales del PIB. Considerando ese escenario, optimista, y que la inflación continúe bajando, en 2025 los haberes jubilatorios tendrían una mejora respecto al año 2024, confía la entidad. Así se interrumpiría una racha de 7 años seguidos de caída consecutiva.
En un repaso de lo que perdieron los jubilados entre 2018 y 2023, el Iaraf mostró que los haberes mínimos al cierre de 2023 equivalían a 13,7 meses menos de las jubilaciones de 2017, mientras que si se consideran los bonos que fueron preponderantes durante el gobierno de Alberto Fernández, perdían 9,4 meses respecto de las jubilaciones en 2017.
