Contra la militarización y por una respuesta integral contra el narcotráfico, los feminismos vuelven a la calle en Rosario

Un pibe maneja su motito por una calle del macrocentro rosarino, lo encierran entre dos motos policiales, le piden documentos, lo retienen. A otra piba, que recoge cartones en contenedores, la detienen para que se identifique. Son gendarmes y policías de la provincia. Las fuerzas federales y las provinciales ocupan la calle de una ciudad atemorizada.

“El gobierno no nos garantiza la seguridad para marchar, pero sí nos manda a trabajar a las escuelas. Nos quieren dentro de nuestras casas. Tenemos que estar en las calles. Desde hace días nos cansamos de atender a las compañeras que tienen miedo de ir a trabajar”, dice Verónica Montanari, de Amsafé Rosario, el gremio docente de la ciudad, en la Asamblea Lesbotransfeminista del miércoles a la tarde. El mismo sindicato había relevado 54 escuelas baleadas en la primera mitad de 2023.

La reunión desborda de palabras para hablar del miedo. El círculo tiene varias filas, hay compañeras sentadas en el piso, con abanicos, o con papeles para apantallarse por el calor húmedo.

La Asamblea decide marchar, el sábado, a las 14. La semana pasada, dio una señal: no hubo movilización el 8 de marzo, en adhesión a las medidas de fuerza de los trabajadores por los asesinatos -en ese momento- de Diego Celentano y Héctor Figueroa, dos taxistas, y el ataque a un colectivero, Marcos Daloia, que agonizó hasta el domingo al mediodía. El sábado 9, el homicidio de Bruno Busanich detonó el miedo colectivo. 

Después de cuatro días de una ciudad semiparalizada, donde sólo salieron de su casa quienes no tuvieron más remedio, el ritmo se va normalizando. Por las noches, las calles están casi vacías, todo el mundo se apura a volver a su casa.

Tomar las calles

La decisión de marchar mañana (sábado 16 de marzo) se va construyendo en la Asamblea como un caleidoscopio, con las palabras de cada compañera. “No perdamos la calle. Tiene que quedar muy claro que nosotres no vamos a perder la calle. Por supuesto, sabemos que la calle es otra, porque ganó Milei, porque quieren militarizar la ciudad. Pero nuestra agenda no puede ser la que está discutiendo (el gobernador Maximiliano Pullaro) con los narcos”, dice Lucía y Mariana aporta: “Debemos ser conscientes de la responsabilidad política que tenemos como movimiento frente a los discursos de mano dura. Tenemos que tomar una voz colectiva en las calles. Sabemos que con la respuesta política de tres estados hoy no se sale de esta emergencia. Debemos decir que no a la militarización, a la mano dura, y sí a las políticas sociales”.

Aunque no estuvo en la última asamblea, Silvia va siempre y, para esta nota, aporta lo suyo. “Cuando hablo de los barrios que yo les llamo silencio de los fantasmas, es por el silencio que ha producido toda esta ola de miedo, de incertidumbre, de tristeza. Esto que ha sucedido en la ciudad Rosario, me ha llevado a pensar que dentro de poco tiempo, tipo 19 horas, ya no va a circular nadie en la calle. En los barrios tenemos muchas complejidades, la ciudad está devastada en desidia por muchas razones, basura, zanjas, pozos y sobre todo, muchísima pobreza.”, describe la integrante de la Red de Mujeres del Sudoeste.

Vanina toma la palabra en la Asamblea. Cuenta lo que pasa en su barrio, Tablada, uno de los puntos del plan Bandera que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y Pullaro, con la presencia del intendente Pablo Javkin, lanzaron el 18 de diciembre del año pasado. “La inseguridad existe. En mi barrio no cambió nada. Hay tiroteos todos los días y aparecen muertos días por medio. Las muertes las vemos todos los días. Y las referencias son los centros comunitarios, los merenderos. Pero nuestros chicos tienen miedo, pero más miedo le tienen a la policía, que te para por nada, te verduguea”. Su conclusión es: “Tuvimos que correr la fecha de la marcha por las circunstancias, pero no tenemos que abandonar las calles, porque es nuestro lugar de lucha”.

Un espiral de violencia

Esta semana, el miedo se esparció entre la ciudadanía como una mancha venenosa, el video de la ejecución de Bruno Busanich, el playero de la estación de servicios Puma de Mendoza al 7600, se repitió al infinito. La propia familia pidió públicamente que cesara ese loop porque les hacía daño.

La historia de esta espiral de violencia empezó mucho antes. Para los feminismos, muchas otras muertes dejaron huellas.

El 9 de enero de 2013, a Mercedes Delgado la alcanzó la bala de una pelea entre bandas en el barrio Ludueña. Había salido a buscar a su hijo, para que se metiera adentro cuando empezaron los ruidos. Mercedes colaboraba en el comedor comunitario del barrio. Entonces, la ciudad comenzaba a hacer de la violencia el aire que respiraba. Sin embargo, el miedo parecía circunscribirse a otros escenarios –los barrios populares- y a los “ajustes de cuenta”, la forma en que se justificaban públicamente las muertes de jóvenes de esos barrios.

El 23 de julio de 2022 fueron baleadas Claudia Dedebbio y su hija, Virginia Ferreyra, que agonizó dos meses. Esperaban el colectivo en el Parque del Mercado, en la puerta del Fonavi donde vivían. “Ustedes qué miran”, les preguntaron los jóvenes que disparaban en la plaza. Y les apuntaron.

El 1° de febrero de 2023, a Jimy Altamirano lo secuestraron al azar, lo mataron, y dejaron su cuerpo frente a la cancha de Newell’s en un mensaje entre bandas mafiosas. Le hubiera podido pasar a cualquiera.

Un mes después, el 5 de marzo, Máximo Jerez, de once años, recibió una bala en el barrio Los Pumitas, y también lo mataron. Era un niño, hubo una conmoción, llegaron móviles de Gendarmería, la gente del barrio derrumbó la casa del “Salteño”, el narco del barrio. La sensación de miedo seguía estando encapsulada.

Las muertes aleatorias tampoco son novedad. Cuando Viviana toma la palabra en la Asamblea, los 259 homicidios dolosos de 2023 en el departamento Rosario toman otro espesor. “Venimos sumando muertes hace rato en la ciudad, pero parece que hay vidas que valen más que otras. Lo que nos está pasando en Rosario no es para nada nuevo. Con una diferencia. Hay una decisión política de militarizar la ciudad. Quieren instalar en Rosario un terrorismo de Estado. Claro que tengo temor, pero tenemos que salir, porque el miedo no nos puede paralizar. Ellos quieren que nos quedemos en nuestras casas mientras los tres gobiernos avanzan sobre nuestros derechos”.

La política de la humillación

Fuera del espacio de la Asamblea, la demanda de seguridad toma otras formas. Las medidas a lo Nayib Bukele gozan de aceptación en buena parte de la sociedad. “En el barrio, las doñas me dicen que no hinche, que quienes están en las cárceles tienen que pagar”, cuenta un experimentado militante social.

Desde que asumió Maximiliano Pullaro, las fotos de requisas violentas, de traslados de presos hacinados, las denuncias por torturas durante esos controles, se suceden. El domingo 3 de marzo, la foto de los detenidos "de alto perfil" con el torso desnudo, sentados y esposados en la cárcel de Piñero, difundida por el gobierno con música de película de suspenso, fue un mojón en la espectacularización del castigo. Se señala a esa foto como el detonante de los últimos crímenes al azar.

Analía es una de las mujeres que acampan frente a Gobernación, para quejarse por las condiciones de detención impuestas desde que asumió Pullaro. Son madres y esposas de detenidos, cuenta por televisión de los golpes, torturas, requisas. Pide que se respeten los derechos de las personas detenidas. Casi nadie las escucha.

La ley sí pone límites. Por eso el Servicio Público de la Defensa Penal, a cargo de Estrella Moreno Robinson, hizo un pedido de informes al Ejecutivo sobre las requisas violentas en los llamados pabellones de alta seguridad. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez, dijo que esa imagen “no ayudó”.

Sin embargo, el sentido común se construye de otras maneras. Los que mandan son los comentarios en los portales de noticias, con pedidos de venganza y muerte. Así pasó, por ejemplo, con Ezequiel Curaba, el joven que murió en un hospital tras sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo cuando intentaba robar cables en un barrio de la ciudad. "Que se pudra en la cárcel", piden los foristas, gritan algunos vecinos. 

Como el joven que mató al playero, son el último eslabón de una cadena delictiva, los intercambiables. Habrá jóvenes para esas tareas mientras no haya otros horizontes de vida para lxs jóvenes en los barrios populares.

Los ríos del dinero

Siempre se habla de quienes ponen el cuerpo. Y si bien se enuncia, la persecución de los grandes actores del negocio se diluye, se vuelve viscosa, no encuentra la voluntad política ni judicial necesaria.

Desde el Gran Rosario se embarcaron 69,1 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos en 2022, un 74% del total de las exportaciones del país.

Por otra parte, hay granos que se exportan provenientes de circuitos clandestinos, aunque esas maniobras son menores desde hace una década por los controles que implementó en los últimos años AFIP. También se estima que la falta de controles aduaneros permite que pasen barcos con mercadería sin declarar.

El dinero que ingresa en el mercado de forma irregular tiene distintos flujos. Rosario tiene una estructura financiera ya montada: mutuales, fideicomisos para la construcción, concesionarias de autos, cuevas de dinero. Así empieza también la colocación del dinero narco.

Algunas investigaciones en la justicia provincial dieron con miembros de la burguesía rosarina: Gustavo Shanahan fue titular del puerto de Rosario entre 2010 y 2013. En diciembre del año pasado fue condenado a siete años de prisión como partícipe necesario del tráfico de drogas, en la causa del “peruano” Julio Rodríguez Granthon.

A su vez, el financista Patricio Carey fue detenido en diciembre de 2022, cuando volvía del Mundial de Qatar. La agencia de Criminalidad Autorizada había detectado que el barra narco Marcelo Medrano había cambiado dólares dos veces seguidas en la cueva de Carey antes de ser asesinado.

Los miembros de la burguesía tienen suerte: no los interceptan por la calle, ni les piden documentos. Pueden pagar fianza y evitar la prisión preventiva, que sí afrontan casi la mitad de los detenidos en cárceles santafesinas.

¿Dónde ficha la policía?

Menos aún se habla de la participación de policías en todas y cada una de las bandas narco desbaratadas. La policía de Santa Fe es una parte importante de una estructura que maneja millones de dólares por mes. Durante cuatro años, el gobierno provincial anterior destituyó a 357 miembros de la Policía de Santa Fe, por distintos delitos.

Sólo en la primera causa contra los Monos, iniciada en 2017, hubo ocho policías provinciales y un prefecto condenados, así como cinco absueltos. Un efectivo más había cerrado una pena en juicio abreviado. 

“Hay un montón de paradojas, porque si algo sabemos de lo que ha pasado en Rosario y Santa Fe en esta última década es el fuerte involucramiento policial en el entramado de la economía de las drogas ilegales, y sin embargo, la respuesta parece ser que con esa policía, tal como es, sin atravesar ningún proceso de transformación estructural, apuntando a la saturación policial, vamos a lograr producir algún resultado”, expresa Máximo Sozzo, de la Cátedra Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.

El investigador señala los vaivenes en la construcción de una Policía de Investigación, que no permiten una planificación de largo plazo. “Eso ha redundado en una capacidad investigativa relativamente limitada de algunos componentes fundamentales de ese entramado. Las investigaciones en torno al lavado de dinero, el uso del dinero producido por las economías ilegales en la economía legal, ha tenido algún que otro intento en los últimos años, pero extraordinariamente limitado, y hay ahí un componente fundamental para entender qué es la economía de las drogas ilegales. ¿Cómo hacemos para investigar esas prácticas delictivas que son llevadas adelante con actores privilegiados, con poder económico y político, que juegan en esa interfase entre lo legal y lo ilegal, y que permiten la circulación de recursos? Se requiere una institución especializada”. Y apunta también que el gobierno de Pullaro no ha realizado propuestas en ese sentido.

Quienes se especializan en investigar la ruta del dinero en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia no cuentan con estructura. En algunos casos, se dan por vencidos. En otros, lo hacen por convicción, más allá de las dificultades. Son conscientes de que develar esas tramas es esencial. “La circulación de este dinero de forma clandestina afecta los precios de las propiedades, de rodados, los negocios que se usan como pantalla compiten con otros que hacen las cosas bien. Por ejemplo, hay bandas que invierten en camiones, y esos camiones que llevan drogas compiten con otros que sólo llevan mercadería”, cuenta una de las personas más especializadas de la ciudad, en estricto off the record.

Entre las dificultades que encuentra en su trabajo, está la reticencia de los propios operadores judiciales. “Cuesta por el juego de lo simbólico. Cuando es un narco no hay problemas, empieza a complicarse si se trata de perseguir a un igual, a alguien que comparte el club o el barrio privado con ellos”, confiesa.

La única respuesta

Más fuerzas de seguridad. Las respuestas gubernamentales fueron calcadas a las de otras crisis. Pero Bullrich fue un paso más allá. Declaró una guerra sin cuartel. “Lo que escuchamos, en términos de medidas y contenidos, es lo que venimos escuchando en todos estos años, que se reduce al envío de las fuerzas federales, y los anuncios están devaluados. En 2016 se anunciaban casi 3000 efectivos, y ahora 450. Sí hay una diferencia en cuanto a la entonación del discurso que se va a elevando. La ministra habla de una guerra sin cuartel, y se está tomando de una manera muy liviana este tipo de enunciados, no terminamos de percibir si son soluciones”, le dice a Las12 la concejala Caren Tepp, de Ciudad Futura. Y se pregunta: “¿Qué significa para todos los que vivimos en esta ciudad que el gobierno decida emprender una guerra? ¿Cuáles son las cosas que no se nos dicen? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Se puede estar 45 minutos esperando un colectivo si el estado decidió llevar a la ciudad en una guerra en esos términos? ¿Con qué herramientas cuentan los tres niveles del gobierno para llevar adelante esa guerra?”.

Porque tanto el presidente Javier Milei, como Bullrich, y hasta el mismo Pullaro, ahora quieren que las Fuerzas Armadas intervengan en el conflicto. “Es de público conocimiento la búsqueda del gobierno federal de producir un cambio legal en la Argentina, revirtiendo uno de los grandes triunfos de la transición a la democracia, construido entre la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad, a fines de los años 80 y comienzo de los años 90, que es la prohibición del involucramiento activo de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Estamos en este momento frente a un gobierno nacional que está haciendo explícita la búsqueda de que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad interior y en declaraciones públicas el gobernador salió a apoyar esa iniciativa”, sitúa Sozzo. “Estamos claramente en una expresión más paroxística digamos del tipo de respuesta, porque la respuesta de la saturación policial nosotros en Santa Fe y en Rosario la conocemos desde hace tiempo. Es una respuesta que se ha venido repitiendo en gobiernos de distinto color político”, agrega. Los resultados están a la vista. El investigador alerta sobre “una deriva de carácter autoritario”. En ese contexto, los centros y equipos de estudios de la Universidad Nacional de Rosario lanzaron un documento en el que piden políticas de seguridad democráticas.

Tepp considera que “en Rosario, después de diez años de discutir esto, no hay una discusión binaria entre garantismo y uso de la fuerza represiva. Nadie niega que debe haber una faz represiva, la discusión es si está subordinada a políticas activas tanto de inclusión social como de persecución del lavado de activos. Si tenemos una política activa, la faz represiva va a tener éxito. Si no, será más de lo mismo”.

Una lectura geopolítica

El periodista de investigación y diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade, señala que la guerra contra las drogas es parte de un plan continental. “Bullrich está empecinada en aplicar la Doctrina de Seguridad Continental desde sus tiempos en la misma función durante la administración del ingeniero Mauricio Macri”, escribió el legislador, quien considera que “el capitalismo necesita del narcotráfico, del contrabando de armas y la trata de personas. En Rosario, además, la ocupación territorial garantizará la extranjerización de la principal fuente de recursos de la Argentina, que es el comercio exterior de granos y derivados que surge del sur de la provincia de Santa Fe a través del Paraná”.

En los mismos días de conmoción social por cuatro asesinatos, se firmó el Acta de Inicio del Memorándum de Entendimiento entre los ingenieros civiles que gestionan la hidrovía del Misisipi y la Administración General de Puertos (AGP), para desarrollar intercambio de información y capacitaciones sobre hidrovía y ríos interiores. Lo firmó el embajador Marc Stanley, junto al representante del Cuerpo de Ingenieros Adrien McConnell. El cuerpo de ingenieros depende del Ejército de Estados Unidos. Para Del Frade, se trata de “un convenio con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos para planificar la hidrovía, lo mismo que aceptó Paraguay tres años atrás”.

Así lo dice Del Frade: "La clave de aquella doctrina de la DEA y el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos era la definición de narcoterrorismo como excusa de la intervención de fuerzas federales en las ciudades latinoamericanas para generar un combate que, en realidad, luego se convierte en una herramienta de control social sobre los sectores populares y juveniles”.

Las vías de salida

La oferta estatal marca la cancha de toda la sociedad. “La violencia siempre empieza desde el Estado o porque se corre de sus funciones, o porque no contiene, o porque no garantiza condiciones mínimas para el desarrollo de la vida de las infancias, o porque está llevando al extremo los límites de la crueldad”, señala Luciana Ginga, magister en Criminología y doctora en Ciencia Política, docente de la UNR y co- coordinadora del Centro de Investigaciones en Gubernamentalidad y Estado (CIGE- PEGUES). Ella piensa que es imperativo para el Estado abandonar los discursos de la crueldad, la división entre buenos y malos, el castigo como única opción posible.

“Hay otra dimensión de este problema, que tiene que ver con lo vincular, que tiene que ver con algo que nos pasa en la sociedad de consumo, por lo menos en la sociedad en la que vivimos, donde a cada minuto, a cada segundo, el mercado va incluyendo y va generando sentidos, cuando uno agarra el celular, va al almacén, va armando la vida en términos de lo que uno puede o no puede hacer, de lo que uno hace, pero como que dependiera de uno”, plantea Luciano Vigoni, que durante años dirigió el programa Nueva Oportunidad, una apuesta a rearmar esa trama de vínculos para que jóvenes en conflicto con la ley penal aprendieran, no un oficio, sino una forma de estar en la sociedad. Que dejaran de ser un desecho. El programa comenzó durante los gobiernos socialistas, y apuntaba a que los jóvenes, más allá de la capacitación, tuvieran referentes en organizaciones barriales, sin plazos. No se hablaba de inserción laboral. El gobierno de Omar Perotti quiso darle un enfoque “más productivista” y, justamente, limó su aspecto más transformador.

En ese sentido, otra voz poco escuchada -aunque está dispuesto a decirlo a los cuatros vientos- es la de Jorge Melguizo, periodista y consultor internacional, uno de los protagonistas de la experiencia Medellín, donde se bajó 97% los índices de homicidio con políticas de largo plazo. “Se necesita una articulación e integralidad, del estado municipal, provincial y nacional, trabajando en la solución estructural de los problemas, y en acercar una lista de chequeos de qué le falta al barrio”, dice el periodista, quien recuerda que en su ciudad hicieron 60 centros culturales en los barrios con mayores carencias. “Ocurre un hecho violento y se reúne sólo el Comité de Seguridad, donde ni siquiera están los ministerios o las secretarías sociales y educativas. ¿Por qué no reúnen inmediatamente un consejo de planeación urbana y social? ¿Por qué no reúnen inmediatamente a los ministerios y la secretaría de Educación? ¿Por qué no convocan a Chiqui González, la tienen ahí, que con los Trípticos de la Infancia y de la Imaginación, en Santa Fe y Rosario, se convirtió en referencia para todos nosotros? ¿Por qué no convocan a las organizaciones comunitarias de base, a los colectivos sociales de los barrios para entender las dinámicas en cada uno de los barrios más duros?”, pregunta el especialista colombiano.

Una voz colectiva

Es la hora de volver a la Asamblea Lesbotransfeminista. Allí se habló, justamente, de lo que pasa en los barrios. Lo contaron integrantes de colectivos feministas, pero también de comedores comunitarios, de sindicatos, de organizaciones de la sociedad civil.

“El 8 definimos no salir y fue un planteo político, para mostrar que no daban las condiciones para estar en la calle. Hoy decimos que hay que salir a la calle, siempre dijimos que a veces nuestros hogares son los lugares más inseguros, lo vivimos en la pandemia, lo vivimos con las muertes por femicidio que suceden a lo largo del año. Entonces, claramente queremos hoy decir que este 8 vamos a salir a las calles. Tenemos una gran necesidad de que en nuestros barrios haya paz, de que en nuestra ciudad haya paz, pero también la necesidad de salir a decirlo, de salir a abrazarnos, de estar juntas y de tener el convencimiento de que la salida siempre es colectiva”, señala Liliana Leyes, de ATE Rosario y la Asamblea Lesbotransfeminista y agrega: “Más allá de la conmoción, las personas en los barrios y en toda la ciudad habrán parado un par de días, pero la vida sigue y todos los días la gente se expone. La crisis de la emergencia que la sostiene el gobierno con militarización, para nosotros se sostiene con justicia social”.

Majo Poncino es referente del Frente de Mujeres del Movimiento Evita y también participa en las Asambleas. "No queremos que la única posibilidad para la vida de nuestros pibes sea atender el kiosquito, las feministas salimos a la calle para exigir políticas públicas que permitan construir otros horizontes", suma su voz. 

La marcha del sábado comenzará a las 14, en plaza San Martín (frente a Gobernación) y llegará al Parque a la Bandera. Atravesará el centro de la ciudad, incluso si llueve. “Estamos todas movilizadas. Estar en la calle va a tener mucha potencia, vivámoslo con la mayor alegría y felicidad porque es lo que nos queda, la felicidad está en nuestra lucha”, expresó Ana en la Asamblea del miércoles.