La causa que investiga al ex fiscal Fernando Rodrigo (foto), por ordenar escuchas ilegales a su exnovia y allegados a ésta, fue remitida a la Justicia Federal. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) remitió el expediente que tenía en trámite la fiscal de Cañada de Gómez, Natalia Benvenuto -quien no llegó a imputar al acusado- a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal del Ministerio Público Fiscal de la Nación. La carpeta judicial caratulada como "abuso de autoridad" fue recibida ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora la autoridad a cargo deberá decidir si se admite par darle trámite. La investigación penal arrojó que el exfuncionario judicial realizaba intervenciones telefónicas irregulares desde febrero de 2016 y que había unos 11 teléfonos pinchados pertenecientes al entorno de su expareja, empleada del MPA.

Tal como adelantó Rosario/12 semanas atrás, la decisión tiene que ver básicamente con que el organismo encargado de las escuchas, la ex Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) depende del Estado Nacional. Se trata de la dependencia que adelantó, vía correo electrónico, el informe en respuesta al requerimiento de Benvenuto sobre la intervención de líneas a cargo de Rodrigo: "Surge que 11 líneas telefónicas fueron intervenidas a solicitud del ex fiscal", expresaron ayer desde el MPA. Y aclararon que "es jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación que los delitos relacionados con telecomunicaciones en general; y con intervenciones de llamadas telefónicas y mensajes de texto, en particular, resultan de competencia única y exclusiva de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal".

Rodrigo dejó de cumplir funciones como fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, hace casi tres meses, cuando a principios de agosto pasado un empleado de la Fiscalía Regional denunció que, en un listado de teléfonos intervenidos en causas del fiscal, reconoció el número de su compañera de trabajo, ex pareja del ex funcionario judicial. En aquel momento, Rodrigo tomó licencia y a los pocos días la Auditoría General de Gestión del MPA solicitó que sea suspendido preventivamente por el fiscal General Jorge Baclini, mientras se avanzaba la investigación administrativa (paralela a la penal). Esa fue la primera medida que dio cuenta de que los elementos contra el fiscal eran verosímiles y que requerían de una investigación que podía derivar en un pedido de juicio disciplinario y hasta en una imputación por los delitos cometidos: escuchas ilegales, abuso e incumplimiento de funciones. Con la renuncia del ex fiscal, el 24 de agosto, la investigación administrativa se archivó.

En tanto, la causa penal avanzó desde la denuncia que indicaba que, en al menos cuatro investigaciones distintas, Rodrigo tenía pedido que se escuchen y graben las conversaciones telefónicas de Jessica G., dos amigas suyas que son abogadas, y hasta a su padre.

Por aquellos días, Benvenuto ordenó allanamientos en los lugares que frecuentaba el ex fiscal y secuestró aparatos de telefonía, tablets y computadoras personales de su oficina, su auto, su casa y la de su madre.