A 3 años de la desaparición forzada y asesinato de Franco Casco y a 2 años del asesinato de Alejandro Ponce, convocan a participar del Festival por pedido de justicia que se realizará hoy a las 17, en Moreno y el Río. Alejandro Ponce, era un joven de 23 años de edad, fue perseguido junto a su hermano por policías el día 30 de octubre del año 2015. Su hermano sobrevivió y contó que ambos se tiraron al río Paraná y luego quisieron volver a tierra. El pudo subir, pero Alejandro no sabía nadar, los policías le tiraron piedras y no lo ayudaron a salir. Franco Casco, un joven de 20 años de edad, fue detenido por la policía de la comisaría 7ma de Rosario, el 6 de octubre de 2014, cuando se dirigía hacia la estación de trenes para regresar a su Florencio Varela natal. Funcionarios del gobierno provincial aseguraron en ese entonces que Franco había sido liberado. Su cuerpo fue encontrado el 30 de octubre en el río Paraná. Por este hecho el pasado 2 de octubre el juez federal Carlos Vera Barros resolvió el procesamiento con prisión preventiva de once policías, a quienes encontró como coautores de la desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima y a tres de ellos por la imposición de torturas. Además, otras quince personas fueron identificadas como partícipes secundarias del hecho investigado. La resolución alcanza también a cuatro personas por el encubrimiento agravado del delito, en función de su gravedad y revestir la condición de funcionarios públicos. A aquellos también se les impuso la prisión preventiva. Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario, entienden que "la violencia policial es una de las deudas más importantes de nuestra democracia y recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos. Hablar de Violencia Institucional es referirse a un fenómeno sistemático, extendido en el tiempo y focalizado contra un grupo social específico, como lo son los jóvenes de sectores populares, abarcando prácticas de fuerzas de seguridad que van desde detenciones por averiguación de identidad, torturas y ejecuciones sumarias hasta desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte", dice el documento.