El gobierno de Javier Milei descabezó la Casa Militar, que está a cargo de la seguridad del Presidente. El coronel Alejandro Daniel Guglielmi –que había desembarcado en la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri y ascendido durante la gestión de Alberto Fernández –salió eyectado por decisión de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y la mujer fuerte del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Para su reemplazo suena el coronel Sebastián Ignacio Ibáñez.

La Casa Militar está a cargo de proteger al Presidente. Todos ponen allí militares de confianza para que les cuiden las espaldas. Guglielmi llevaba siete años recorriendo los pasillos de la Rosada y de la Quinta de Olivos. Con Milei viajó al exterior y estuvo al frente de los operativos para la asunción y para la apertura del año legislativo.

Sin embargo, algo pasó y Karina Milei decidió su reemplazo. En la Casa Rosada, dicen que el militar tenía buen vínculo con la secretaria general de la Presidencia. Desde la vocería presidencial salieron a decir que su relevo se produjo porque es la metodología de recambio habitual. En realidad, el recorrido de Guglielmi muestra que no es tan así.

En enero de 2017, Mauricio Macri decidió crear el cargo del segundo jefe de la Casa Militar. Allí designó a Guglielmi. Secundaba entonces a José Luis Yofre. Guglielmi tuvo que declarar en la causa en la que se investigó a Macri por el espionaje a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.

Fue la propia defensa del expresidente quien pidió las declaraciones de los jefes de la Casa Militar porque a Macri le interesaba instalar la teoría de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) colaboraba con la Casa Militar en la seguridad del Presidente. De esa forma, justificaba los informes que los espías hicieron de los parientes de los submarinistas.

Guglielmi se encargó de hacer el traspaso entre Macri y Alberto Fernández. Según cuentan fuentes del gobierno del Frente de Todos (FdT), trabó una relación cordial con el entonces presidente y con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Fernández mandó el pliego de Guglielmi al Senado pero no prosperó. El militar tiene un pasado familiar que sembraba dudas entre sectores del kirchnerismo. Su padre, Carlos Alejandro Guglielmi, estuvo mencionado como uno de los represores que operó en el Campito, uno de los centros clandestinos que funcionaron dentro de la guarnición de Campo de Mayo. Su hermana, Constanza Guglielmi, fue una de las impulsoras de las marchas por seguridad que se hacían en los tiempos en que Juan Carlos Blumberg presionaba por implantar la mano dura.

Por el momento no se oficializó quién reemplazará a Guglielmi. Suena el nombre de Sebastián Ignacio Ibáñez. El coronel Ibáñez estuvo al frente de la V Brigada de Montaña del Ejército Argentino con asiento en Salta. A principios del año pasado, viajó a Jujuy para reunirse con Gerardo Morales, uno de los radicales por los que Milei no profesa ningún tipo de simpatía.

En las últimas horas, trascendió que Ibáñez visitó la Casa Rosada. En Defensa deslizan que habría cambios en el jefe y el subjefe de la Casa Militar, aunque, por el momento, no oficializan la información. Todo es trascendido.

De acuerdo con fuentes militares, Sebastián Ibáñez sería hermano de Gerardo Ibáñez, uno de los defensores de represores más activos. Ibáñez interviene en distintas jurisdicciones, acompañado por su hija. Tiene fama de hacer una defensa profesional de los militares o policías en el banquillo.

Días atrás, Ibáñez alegó en el juicio de las brigadas, donde se juzgan crímenes cometidos en los “pozos” de Quilmes y Banfield y en el “infierno” de Lanús-Avellaneda. Allí planteó que los juicios son ilegales y que se están llevando únicamente porque la dirigencia política logró que se declararan imprescriptibles los crímenes. Para fundar su postura, exhibió un video de Alberto Fernández contando cómo se eligieron los candidatos para la Corte Suprema durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando los dos principales problemas eran los ahorros en dólares y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impedían el juzgamiento de los represores de la última dictadura.

En 2019, Gerardo Ibáñez expuso ante el Interamerican Institute for Democracy, de Miami, para denostar los juicios que tienen más de 1200 condenados. "Los delitos de lesa humanidad son un injerto que se realiza para perseguir a militares que combatieron el terrorismo en Argentina en los '70", dijo entonces.  Es un discurso puede cuajar bien dentro de la administración de LLA.