En la semana se conocerá el fallo en el juicio oral donde se indaga sobre uno de los casos más bochornosos protagonizados por la Policía Bonaerense: la búsqueda durante 24 días del matrimonio compuesto por Fernando Pomar, de 40 años, y Gabriela Viagrán, de 36, y de sus hijas María del Pilar, de 3, y Candelaria, de 6. La familia desapareció el 14 de noviembre de 2009 mientras viajaba desde su casa en José Mármol a la ciudad de Pergamino, y desde ese momento se tejieron las hipótesis más absurdas, hasta la sospecha de que habían sido víctimas del cartel de Sinaloa. El 8 de diciembre de ese año, fue hallado al borde de la ruta 31, cerca de Salto, el Fiat Weekend rojo de los Pomar, que habían fallecido en un accidente de tránsito. La presencia del vehículo volcado al costado de la ruta había sido denunciada al 911 horas después de ocurrido el accidente, pero los policías imputados en la causa –para los que se pidieron penas de hasta 4 años de cárcel– recién fueron al lugar el 8 de diciembre de 2009. 

Los tres policías que están siendo juzgados por “falsedad ideológica” de documento público, un delito que prevé penas de uno a seis años de prisión, señalaron en las actas, cuando investigaban la desaparición de la familia, que habían rastrillado esa zona de Salto, aunque nunca lo habían hecho, hasta ese 8 de diciembre. Durante los 24 días se barajaron decenas de hipótesis, publicadas en los diarios de todo el país. Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron hallados fuera del vehículo, a unos 50 metros de la ruta 31, entre pastizales y árboles.

Ahora, cuando se están por cumplir ocho años del hallazgo, entró en su etapa final el juicio que se realiza, en el juzgado correccional 2 de Pergamino, a cargo de Carlos Picco. Los imputados son los policías bonaerenses Daniel Fabián Arruvito, Luis Angel Quiroga, de la Patrulla Rural de Salto, y Benito Faustino Barcos, del puesto de vigilancia de Gahan, la zona de Salto en la que aparecieron los cuerpos. Los uniformados habían labrado actas en las que aseguraban que el lugar del accidente había sido inspeccionado.

El debate se realizó, entre el miércoles y el viernes, con la presentación de más de una decena de testigos. El juez Picco cuenta con tres días hábiles para dar a conocer el veredicto. Entre los testigos estuvieron Ernesto Lazzatti, bombero y delegado municipal de Gahan en aquel momento; los policías Mario Cepeda (ex jefe del Destacamento de Arroyo Dulce), Hugo Balagé (ex jefe de la Distrital de Salto) y Alberto Villarreal (ex titular de la comisaría de Salto), y los vecinos Elvio Skare, José Bleina, Cruz Sanabria, Marcelo Champagne, Miguel Aguilar, Juan Carlos Zeljkovic, Roberto Curia y Eduardo Cetrángolo.

Ayer, en su alegato, el fiscal Guillermo Villalba pidió que el comisario Arruvito y el teniente Barcos sean condenados a un año y seis meses de prisión por el delito de “falsedad ideológica de instrumento público”. Villalba no pidió condena para el teniente Quiroga, por entender que no hay pruebas suficientes en su contra. Aquilino Giacomelli, el abogado de la familia Pomar, solicitó cuatro años de prisión para Arruvito, tres años y medio para Barcos, en ambos casos penas de cumplimiento efectivo, y tres años en suspenso para Quiroga por el mismo delito. 

Giacomelli, que representa a María Cristina Robert, madre de Gabriela Viagrán, explicó que el juicio “se centra sólo en la falsedad ideológica de las actas de rastrillaje” que confeccionaron los policías. En esos documentos “aseveraban que habían buscado en la ruta, en las alcantarillas y en los puentes rastros del accidente o indicios que ayudaran a demostrar la ubicación del vehículo o las personas, pero esas manifestaciones eran falsas”. El día que encontraron a los Pomar, sobre la ruta había “una huella de doce metros de frenada y en la banquina partes del auto y enseres de los ocupantes”. Eso indica que “o no pasaron nunca por allí o pasaron y no rastrillaron bien”. El abogado querellante recordó que en el juicio no están “todos los que tenían que estar, por una estrategia legal de la defensa y una demora inusitada de la Suprema Corte de Justicia, que hizo que prescribiera la causa” contra otros tres policías.