Manuel Fontenla es profesor de Filosofía de la Universidad Nacional de Catamarca, activista y miembro de la asamblea ambientalista Pucara Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación. Formó parte del grupo de ambientalistas que acompañó el proceso de pedido de Amparo Ambientalista de la Comunidad Originaria Atacameños, medida que impuso esta semana la Corte de Justicia de Catamarca.
El amparo fue presentado en 2021, ¿cómo fue el camino hasta la Corte?
El camino judicial fue así, se presenta el amparo en 2021 en la Justicia federal de Catamarca. A finales de 2021 la Justicia federal se declara incompetente, eso va a la Cámara Federal de Tucumán, esta confirma la declaración de incompetencia de la Justicia Federal. Y eso entonces va a la Justicia provincial. O sea que el expediente entra en 2022 a la justicia de Catamarca, de ahí Román (Román Guitián, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños) tiene que hacer una nueva presentación. No del amparo, sino cómo darle acción y curso en la provincia, esto se hace en 2023 que es donde se presenta el abogado Santiago Kozicki y ahí da curso que la Corte empiece a leerlo y a preparar su fallo.
¿Desde el 2021, que inició el pedido, hasta la fecha la situación ambiental descrita en el amparo mejoró o se agravó?
La situación obviamente se agravó, porque las empresas avanzaron en extracción de agua en el Río de los Patos, avanzaron en perforación de pozos. De hecho entre 2021 y 2023 se finalizó la realización del acueducto, lo cual incluso con este fallo es ilegal porque ese acueducto no se podría haber hecho. Se han hecho piletas de contención de agua a orillas del río, lo cual tampoco se pudo haber hecho, por lo que la situación es terrible porque durante los dos años que se demoró en salir este amparo las empresas avanzaron con todas estas cosas que efectivamente la Corte dice que no se podría haber avanzado.
El fallo tiene un alcance político también. Desde el Gobierno ven afectada la confianza de los inversores y desde los gremios los puestos de trabajo. ¿Creés que los diferentes sectores pueden llegar a un consenso?
Lo de las inversiones y los puestos de trabajo es muy difícil de relacionar con el amparo, el fallo es un amparo ambiental, a los inversores nunca les importó el ambiente, si no no estarían desaforados en multiplicar proyectos y en hacer miles de millones de piletas de evaporación y en pedir muchos más litros de agua de los que se puede resistir sin que se seque el río. Si hubiesen tenido preocupación por la cuestión ambiental hubiesen frenado cuando secaron el río y la vega Trapiche y no hubiesen ido por la máxima que fue hacer un acueducto para secar el próximo río que tienen a mano. Por lo cual a los inversores no les importa el daño ambiental, eso no es real, así que no creo que vaya a afectar ninguna inversión, no hay que ser ingenuos en este sentido.
Respecto de los puestos de trabajo la minería, ya está todo re mil estudiado, hay informes, la minería tiene un boom de trabajo que es cuando se construyen las plantas, cuando se construyen los campamentos. Después a medida que eso termina empieza a haber una reducción de puestos de trabajo y el mayor problema con el trabajo son las condiciones laborales, no este tipo de fallos. Hay renuncias todo el tiempo, hay despidos, hay violencia, hay denuncias, hay mal pago, cuando fue la pandemia hubo despidos sin razones, las empresas violaron todas las leyes durante la pandemia con las cuales debían cuidar a sus trabajadores. En los pueblos no están contentos, los trabajadores mineros, trabajan en la mina porque no tienen ninguna otra opción en un contexto nacional donde hay un 60% pobreza, en una provincia donde hay un casi 47% de pobreza. Eso es lo que importa y por eso la gente se va a trabajar como a cualquier otro trabajo donde están explotados, donde están en negro y las condiciones son terribles.
El Gobierno dijo que hay un estudio ambiental del CFI. ¿Cuál es la diferencia con los estudios que pide el amparo?
Lo del estudio de impacto ambiental del CFI no lo conozco, pero dudo que sea un estudio integral y acumulativo, porque es muy raro que hayan tenido tiempo para hacer todo ese estudio gigante. No tendrían por qué haberlo hecho además, y aparte no le corresponde a ningún organismo hacerlo. El Gobierno se lo tienen que pedir a las empresas, las empresas lo tienen que hacer de una determinada manera, eso tiene que llevar un proceso dentro de un expediente, no podés traer a cualquier persona que venga y te diga acá yo hice mi informe independiente y te lo presento.
La Corte tranquilamente puede desestimar ese informe, pedirles a las empresas que lo hagan bajo los criterios que efectivamente especifica la ley con la línea de base correspondiente, con mediciones propias de las empresas porque son las empresas las que están sacando agua y haciendo las perforaciones; entonces creo que lo del CFI no va a tener ningún peso o ningún impacto y va a ser dejado de lado por la Corte.
El litio es un recurso estratégico en el cambio energético y Catamarca es uno de los yacimientos más grandes del país. ¿Cuál es la visión de los ambientalistas al respecto?
Lo primero que hay que discutir, es que el litio no es un recurso estratégico en el cambio climático ni en la lucha contra el cambio climático. El litio está siendo utilizado para que los países europeos puedan reducir su emisión de gases de efecto invernadero cambiando su planta automotriz de lujo por otra planta automotriz que es un inicio de mercado. No les importa que haya menos polución, no les importa que haya menos impacto ambiental, porque es la última medida por la cual vos empezarías. La comunidad europea, los países como Alemania e incluso países como China o como Estados Unidos tienen primero otros cientos y miles de millones de acciones como reducir la industria armamentística, reducir la contaminación de su industria pesada antes de ponerse a ver el punto de los autos. Ese no es el problema ambiental que tiene Argentina. Argentina no está en la lista ni si quiera de los 30 países que más efecto invernadero genera por emisión de los gases que produce la combustión de los vehículos, con lo cual estamos explotando nuestro territorio y explotando nuestra agua para resolver un problema que no es nuestro, porque justamente el problema que tiene Catamarca, el problema ambiental es la desertificación, la falta de agua, el descongelamiento de los glaciares de montaña, que es de donde salen las fuentes de agua, la sequía permanente, el avance de monocultivos. Entonces los problemas ambientales de Catamarca no se resuelven con litio, ni los de Catamarca ni los de Argentina y todo el litio que se está extrayendo en nuestro país no va a impactar en nada de las mejoras de los problemas ambientales ni de Catamarca ni del país, eso es un gran mito. De hecho, es una tecnología que no está terminada de desarrollar, lo de las baterías están todas en fases de prototipos, no se pueden industrializar masivamente. El mercado está cayendo porque las baterías y los autos eléctricos no tienen las prestaciones necesarias para lo que demanda el consumo de auto, es una larguísima lista de ítems por los cuales no hay nada científico, ni razones para decir que hoy en día la extracción de litio en Catamarca beneficia la transición energética o beneficia la mitigación del cambio climático, nada. Todo lo contrario, sí tenemos pruebas de sobra por las denuncias de subfacturación, por este fallo y por todo lo que sabemos de cómo se han manejado, que hay marcos regulativos muy deteriorados, que hay un Estado que no cumple su rol de protección de ciudadanía y del ambiente, que no existen los controles económicos, que hay un cuadro generalizado de corrupción entre funcionarios del gobierno y funcionarios de las empresas, y que toda la supuesta mejora de divisas y de inversiones en 25 años de mega minería que ha generado cientos y miles de millones de dólares no ha mejorado la vida de ningún catamarqueño, no ha mejorado la vida de los pueblos de Antofagasta, ni de Belén, ni de Andalgalá, etc.
Hay que volver para atrás la discusión y lo que sí se está viendo hoy es que la expansión indiscriminada de litio está destruyendo fuentes de trabajo propias del turismo, que sí es un tipo de economía sustentable.
¿Creés que este fallo sienta un precedente para otros proyectos?
Sí, ojalá que este fallo sea un precedente de que los gobiernos tienen que controlar a las empresas, de que la función primordial de gobierno es controlar a las empresas. Si no se controla a las empresas, las empresas pueden hacer lo que quieren y van a hacer lo que quieren y es lo que demuestran las empresas en todo lo ancho y largo del mundo. Hay que controlar las empresas, hay que frenar las empresas, hay que tener una visión de futuro a largo plazo y esperemos que este fallo sea un gran mensaje de este tipo.
¿Cuál es la visión de la política minera de Catamarca?
Creo que la visión política sobre minería en Catamarca está muy clara, es la apuesta principal que hace mucho tiempo no crece, no mejora, no resuelve los conflictos, los grandes proyectos de megaminería como el de MARA también tuvo amparos y fallos que llegaron a la Corte Suprema de la Nación. Sigue habiendo desconfianza de parte de las poblaciones. En la mayor parte de los casos el accionar de los intendentes no alcanza, hemos visto cómo ministros de minería renuncian y al otro día trabajan como Ceo de una empresa, entonces hay un modelo donde el Estado es uno de los principales eslabones de las corporaciones trasnacionales, el Estado es producto de la mala administración de gobernadores. Hay que leer bien los discursos, siempre los gobernadores y los ministros dicen que el Estado tiene que estar siempre ayudando a la empresa, que el Estado tiene que recibir con los brazos abiertos a las empresas, que los estados tienen que arrodillarse con las empresas y no funciona eso. El Estado tiene que cumplir con una economía que beneficie a todos los integrantes de esta provincia. No a las empresas. Nuestro objetivo como Estado no es fortalecer las cuentas bancarias de las empresas, y realmente es un problema de visión política, nos gobiernan empresarios, Raúl Jalil es un empresario y piensa como empresario y él pone el Estado provincial al servicio de los empresarios del litio y de los grandes empresarios locales, eso es una distorsión de la políticas y del poder, y eso no se puede permitir. Entonces hay que hacer una transformación social no solo respecto de la minería, lamentablemente la minería es la gran prueba viviente, el mayor ejemplo de cómo es un modelo corrupto de gobierno. No en el sentido de que roba, sino de que se ha corrompido el destino y la finalidad de un gobierno.
