Las leyes se aprueban, el DNU (probablemente) no. Este fue el mensaje que el gobierno nacional se llevó en las últimas 48 horas post derrumbe del mega decreto en el Senado. Radicales, pichettistas y gobernadores, todos, le trasmitieron lo mismo a Guillermo Francos: envíen proyectos de ley porque el DNU, en este clima enrarecido, se puede caer. "Estamos a un tuit más en el que nos llame 'nido de ratas' de voltearle el DNU", le llegó a decir un operador opositor a Martín Menem el viernes, cuando el frenesí furibundo del presidente contra la oposición estaba en su pico. Sumidos en sus propias internas partidarias, los opositores "amigables" le piden a Milei, nuevamente, que los ayude a ayudarlo. Y, a diferencia de lo que sucedió con el primer debate de la Ley Ómnibus, el presidente, esta vez, parece haber acusado recibo y comenzó un baile preliminar de negociaciones. La prioridad, hoy, es la Ley Ómnibus 2.0, contraparte obligada para el Pacto de Mayo, y hacia allí se dirigirán las conversaciones de los próximos días.
Tras el rotundo rechazo del Senado al DNU 70/2023, pasaron dos cosas: Milei se puso a insultar a opositores por redes sociales mientras que, en paralelo, sus dos armadores de confianza comenzaron a reunirse con ellos en Casa Rosada. Uno de ellos era Francos, embajador de La Libertad Avanza en el mundillo de la "casta política" (léase gobernadores, opositores, sindicalistas y todo dirigente que no coincide con Milei). Pero el otro, en cambio, era Santiago Caputo, asesor estrella de Milei, integrante de la mesa chica, director de la maquinaria de trolls de Casa Rosada, y guardián del relato libertario. Caputo solía aparecer en escena cuando era momento de profundizar la confrontación, y su presencia en las conversaciones, aunque silenciosa, no pasó inadvertida por los dirigentes de la oposición.
El objetivo de los encuentros - primero con el PRO, después con la UCR - era arrancar a sondear las voluntades para la nueva versión de la Ley Ómnibus. El borrador le había llegado a todos hace días y planteaba una versión reducida del proyecto que se había rechazado hace un mes. Se habían acortado las emergencias a cuatro - económica, financiera, administrativa y energética - y por un solo año, y se había reducido a 13 la cantidad de empresas públicas sujetas a privatización. Ambos capítulos habían suscitado que la ley se cayera en febrero y, pese a los cambios, volvían a repetirse algunos de los puntos rojos que tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal no están dispuestos a acompañar: la reforma del Estado incluida en las delegaciones que volvía a incluir la posibilidad de eliminar los fondos fiduciarios, y el mecanismo de privatización que volvía a hacer agua en materia de transparencia.
Los diputados del PRO que habían participado de la comitiva - Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Damián Arabia, Diego Santilli - estaban conformes y aprovecharon para ratificarle su apoyo al gobierno. La UCR, en cambio, atraviesa días difíciles y la reunión apenas sí sirvió para que Francos anotara algunas sugerencias. Rodrigo de Loredo, titular de la bancada en Diputados, estaba agitado, lidiando todavía con la guerra interna entre los gobernadores radicales y Martín Lousteau que había desatado el voto en contra al DNU del senador (y presidente del partido). "Estaba más atento a las puteadas del chat que a lo que pasaba en la reunión", deslizaban en el partido, en donde el desafío es lograr que el oficialismo incorpore algunas sugerencias de modo de poder aprobar la Ley Ómnibus sin que le implosione el bloque.
Fue De Loredo el que le pidió con mayor énfasis a Francos que incluyera, dentro del debate por la Ley Ómnibus, algunos de los capítulos del DNU. Y es que hoy la UCR está dispuesta a acompañar la gran mayoría de las reformas incluidas en la ley. Varios legisladores, por ejemplo, celebraron que el oficialismo hubiera introducido algunos de los cambios que le habían sugerido durante el debate en febrero, como el mantenimiento de la "Ley Guzmán" que establece que cualquier endeudamiento externo tiene que pasar sí o sí por el Congreso. La Ley Ómnibus, interpretan en el bloque, está en condiciones de ser aprobada por la mayoría del radicalismo, pero el DNU, en cambio, podría llevar a la ruptura definitiva. Ahí juegan con fuerza los cinco diputados de Facundo Manes y los seis que responden a Lousteau-Emiliano Yacobitti: esta es el ala más crítica al DNU y, si bien es una minoría dentro del bloque, su voto podría ser determinante para el entierro del DNU.
La propuesta de convertir la reforma laboral o la derogación de la ley de Alquileres - ambos incluidos en el DNU - en proyectos de ley es una obsesión que comparten todos los opositores aliados. También el PRO, que estuvo presentando proyectos de ley en este sentido. Pero ninguno fue más claro que HCF, que comanda Miguel Ángel Pichetto, y que viene amenazando a Milei con construir una mayoría opositora si no se sienta a "negociar en serio". "Si siguen con la lógica todo o nada se va a caer. Si presentan las leyes las vamos a aprobar, pero hoy Milei tiene la espada de Damocles encima con el DNU: a nadie le importa ya que nos putee por Twitter, pero podemos calentarnos y voltearle el decreto si sigue así", advirtió un importante armador de HCF. El sábado, Nicolás Massot, de HCF, salió públicamente a decirle al gobierno que "debemos tratar el contenido (del DNU) por ley".
El oficialismo, de momento, rechaza de lleno esa posibilidad. Pero aprovecha la incomodidad de algunos bloques opositores, que no quieren verse obligados a bochar el DNU en Diputados, para avanzar con su propia estrategia: dormir el DNU en la Cámara, aplazar su tratamiento, y enfocar los esfuerzos en la aprobación de la Ley Ómnibus. Estos esfuerzos, sin embargo, no se traducen en una urgencia: si bien Milei prometió que "prontamente" ingresará el nuevo proyecto, no se espera que el debate arranque hasta después de semana santa. Esta pasión por la dilación genera ruido entre algunos sectores de la oposición, que ya están reclamando que el capítulo de jubilaciones se trate cuanto antes.
Jubilaciones: el foco de conflicto
Los tres bloques aliados del gobierno - UCR, PRO y HCF - hicieron el mismo reclamo: tratar la reforma de la movilidad jubilatoria por separado de la Ley Ómnibus. "Los jubilados necesitan una solución ahora", sostienen en HCF, que mantendrán una reunión con Francos el lunes para plantearle, cara a cara, esta misma exigencia. HCF había intentado forzarle al oficialismo una sesión el miércoles para tratar la reforma de la fórmula de movilidad, pero había fracasado - por unos 10 votos - en conseguir el quórum. Si bien la comisión de Previsión Social se conformó y se especulaba con que arrancaría el debate por un cambio de la fórmula actual, la bancada opositora observa que el oficialismo está dilatando el tratamiento y advierte que, de seguir así, no moverán "ni un pelo" por la aprobación de la Ley Ómnibus.
Si bien oficialismo y oposición coinciden en que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria tiene que calcularse por inflación, hay una discusión sobre el empalme: el oficialismo sostiene que debe ser a partir de abril, HCF desde enero. La discusión no es menor, porque implica muchos puntos de pérdida en el poder adquisitivo de los pasivos. El problema, sin embargo, es que Milei sostiene que no se debatirá una nueva fórmula hasta que se apruebe, primero, la reforma laboral. Así lo sostuvo ayer en diálogo con Radio Mitre: "Lo que proponemos tiene que estar en línea con el déficit cero y eso es parte negociación con las provincias. Y eso tiene que estar complementado con la reforma del mercado laboral".
La afirmación no cayó bien en la bancada de Pichetto y mucho menos la nueva tanda de amenazas y la reivindicación del escrache cuando Milei celebró que "la gente tenga identificado el nombre y la carita" de los senadores que votaron en contra del DNU. Estos ataques, sumados a las amenazas de muerte que sufrió la chubutense Edith Terenzi (también por votar en contra del DNU), conspiran con la buena voluntad de algunos aliados, que observan que, si el clima continúa así, más de uno no tendrá problema en volver a bocharle al presidente su ley.
