“La guerra no restaura derechos, redefine poderes”, Hannah Arendt


1. La guerra judicial contra la libertad de expresión. El largo proceso de Julian Assange está en su momento de definiciones. Las Altas Cortes de Inglaterra están por decidir la apelación de Assange que puede confirmar o no su extradición, después de catorce años de persecución, presiones diplomáticas y cacería internacional. Assange es el prisionero político más famoso en el mundo y la parcialidad judicial se ha demostrado insensible a pruebas y argumentos categóricos que dieron expertos académicos, la misma ONU y a la comunidad internacional de derechos humanos.

No es una cuestión técnica de abogados ni Tratados de extradición. Se puede entender fácil: un periodista (Assange) develó la verdad, enfureció a los poderosos e irritó a los ricos, hizo pasar vergüenza a los chupamedias que los legitiman, crean y defienden sus mentiras públicas, entonces se lo persigue, se lo difama y se lo quiere destruir a toda costa. Eso incluye conspirar para su asesinato, espiar las conversaciones con sus abogados, prometerle la pena de muerte, entre otras prácticas de vigilancia total, destrucción de reputación y humillación pública.

El proceso es una forma de castigo directo para el fundador de WikiLeaks y un claro mensaje para todo el periodismo, toda persona que escribe e investiga temas de interés público. El precio que le hacen pagar por haber ejercido el periodismo es su salud, su vida. Mientras tanto lleva años en un limbo, en el que se lo desprestigia con mentiras, rumores y se estructura una destrucción de su persona moral y física a través de una combinación de falsas denuncias e injurias, intimidación y autocensura. Se estructuró con Lula y vamos a ver muchos más casos similares en el futuro.

Buscar la verdad sobre la guerra y la destrucción del ambiente, sobre la vigilancia permanente y las nuevas formas de gobierno paraestatales emergentes es peligroso. Es desafiar a las corporaciones con poderes similares o superiores a los Estados-Naciones y al remanente poder de esos Estados y sus clases políticas que hoy trabajan -salvo honrosas excepciones- para las corporaciones que los reemplazarán. Develar el negocio de las guerras reales que sostienen complejos industriales hizo que se planifique una guerra judicial espectacular contra la libertad de expresión para que esos crímenes y las ganancias de esas múltiples masacres no se conozcan.

El proceso contra Assange es lo que podríamos pensar como un proceso híbrido de violencia judicial y para-judicial. Un caso precursor de “show trial”, del proceso mediático espectacular, de la tan mentada guerra judicial o Lawfare. El proceso desde el inicio fue un escenario donde confluyen diferentes formas de ataques: linchamiento público, rumores, falsas denuncias, operaciones nacionales e internacionales, presiones políticas, diplomáticas y corporativas.

El caso de Assange tiene mucho que ver con lo que pasa en Argentina. El expediente como espectáculo con trascendidos judiciales y sentencias anunciadas, guerras a través de la legislación con el megadecreto y con las delegaciones potenciales, con los silencios supremos, odios cruzados y economía de la crueldad, guerras culturales con las que la sociedad se fragmenta y autodestruye. En definitiva, menos garantías y Estado de derecho, más crueldad y Estado de naturaleza.

Para todo eso se necesita una complicidad institucional y una persecución total, en la que acciones estatales y silencio corporativo se alinean contra una persona como símbolo. El caso ejemplar de proceso como tortura y disciplinamiento hoy es Julian Assange. Al develar los planes de provocar guerras y conflictos para hacer negocios con la muerte industrial, los emprendedores de la guerra en Irak o Afganistán, reaccionan de forma feroz impulsando una regresión feudal con un linchamiento judicial, un “trial by combat”, una persona contra un bloque de poder corporativo-estatal.

2. Disciplinamiento y distracción. Las guerras culturales y judiciales, la fragmentación e impotencia política, el caos económico y la desesperación social son parte de un panorama que crece. Vemos degradar nuestras democracias, sus instituciones, y licuar nuestros derechos y garantías, y estamos en transición a un Estado más punitivo, un Estado de vigilancia profunda.

Sin resistencia disciplinada y paciente no habrá libertades. Sin la organización de los que defienden la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión de las amenazas corporativas y estatales, la sociedad punitiva y de la vigilancia triunfará.

El entretenimiento narcotizante puede estar jugando un rol en la impotencia reflexiva y en la inacción política. Impulsar una dictadura del estímulo que nos atrapa con dopamina puede ser una forma de censura. Llenar todo de ruido y confusión, de un hedonismo infinito, hace que las pantallas bloqueen las experiencias y castren la imaginación.

Criminalizar la verdad, castigar el uso del periodismo, penalizar el ejercicio de la libertad de expresión y la investigación periodística, del uso de las fuentes, eso está en juego con Julian Assange. Esas guerras que criticamos y queremos evitar serán las que provocarán que nos persigan. Desde las acusaciones originales contra Assange pasando por los diferentes estadíos judiciales y diplomáticos, el proceso tiene todas las características de ser un disciplinamiento ejemplar. “No lo hagas porque ya ves lo que te va a pasar”.

Se concreta el proceso como tortura, como persecución feroz. Aturde el silencio de las corporaciones periodísticas, siempre más corporaciones que periodísticas, frente a una amenaza real. Con Assange se hace carne un proceso kafkiano de irracionalidad, rumores y misterio, persecuciones espectrales de todo un bloque de poder contra una persona que representa la posibilidad de organizarse para saber la verdad e investigar sobre los que hacen un negocio industrial con la masacre de inocentes y la muerte de naciones enteras.

Lucas Arrimada es Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.