Las autoridades del Servicio Geológico Minero de la Argentina (Segemar) tuvieron que dar marcha atrás con la prohibición de pegar carteles con el rostro de Santiago Maldonado. La decisión la anunciaron ante la representación sindical del organismo luego de que el mail interno que les habían enviado a los trabajadores tomó estado público. Según los delegados gremiales, los directivos reconocieron el error, pidieron disculpas pero no se animaron a hacerlo en público.
Una vez que se desató la polémica, los directivos del Segemar, Julio Ríos Gómez y Carlos Cuburu, aceptaron reunirse con la junta interna de ATE. Los delegados relataron que los dos directores reconocieron que su escrito sobre el caso Maldonado “fue un hecho grosero”. Incluso les anunciaron a los representantes de los trabajadores que iban a autorizar que se realizara el taller sobre violencia institucional en las instalaciones de la institución. En rigor, el taller promovido por ATE ya se había realizado a pesar de que no estaba autorizada la participación de los trabajadores.
Tal como publicó PáginaI12, el martes pasado, las casillas de correo electrónico de los trabajadores del Segemar recibieron una escueta nota que llevaba como título: Caso Maldonado, retiro de carteles. La enviaba la Unidad Ejecutiva de la repartición, Ríos Gómez y Cuburu, que los intimaban a cesar con la pegatina de carteles que reclamaban justicia para Maldonado porque, según afirmaron, el caso estaba para esclarecido. Con frialdad, los directivos aseguraron en el mail que “una larga y minuciosa pericia con la presencia de todas las partes habría demostrado que en el fatal desenlace de Maldonado no tuvo nada que ver ninguna fuerza de seguridad del Estado, tanto en los hechos materiales como en el eventual encubrimiento”. No sólo defendieron la supuesta inocencia de los gendarmes sino que además indicaron que durante los más de dos meses que el joven estuvo desaparecido se habían realizado “especulaciones políticas salvajes y de uso electoral”. En base a ello es que exigían el retiro de los afiches en un plazo no mayor a las 24 horas “o se procederá a su destrucción”. Los carteles no fueron retirados.
