Como la mayoría de las obras públicas no las construye el gobierno sino que las licita, el clásico de la corrupción es pagar o recibir la coima para ganar o conceder una licitación con sobreprecios. Las personas que el miércoles festejaban la detención de Julio De Vido en su puerta estaban convencidas de que el ex ministro de Planificación es la personificación monstruosa, el sumun plus ultra de la corrupción. Pero en ninguna de las causas en su contra se menciona la palabra coima, o comisión o lo que sea. Deducen y especulan con que podría haberlos, pero en realidad, lo que se juzga serían malas decisiones para comprar gas o para conceder estudios ambientales para Río Turbio. Y ni siquiera está probado que fueran malas decisiones. Nadie puede negar que sus denunciadores se han esforzado para llevarlo a los tribunales, superinteresados en mostrarlo como el rey de la corrupción, pero si ellos, que tienen tanto poder y se han esforzado tanto, no han podido encontrar hasta ahora casos de coimas, sobresueldos o negociados clandestinos y lo llevan a los tribunales sólo por decisiones administrativas que ellos juzgan erradas, la imagen del monstruo de la corrupción se pincha. Las causas tendrían que ser más fuertes. Los bolsos de José López son contundentes, por ejemplo. El tráfico clandestino de armas asociado con servicios secretos extranjeros y mafiosos como Al Kazar, por lo que está enjuiciado Carlos Menem, es  una causa clara y espectacular de corrupción. Hay otras formas de corrupción todavía más flagrantes, como un funcionario que especula con el dólar y toma decisiones que lo favorecen en esa especulación, como varios de los que integran el actual gobierno, o evadir millones de dólares en impuestos con cuentas y empresas offshore en Panamá o en las islas Cayman. Uno espera que si van a presentar al rey de la corrupción, las causas sean todavía más escandalosas que cualquiera de esas. La intención de este razonamiento no es tratar de demostrar la inocencia de De Vido, sino que se vea el interés forzado de presentarlo como algo que después no está en consonancia con las causas que se le abren. Y algo muy importante: cualquier causa de corrupción contra un ministro que adjudica obras públicas no puede tener entidad si no incluye a la contraparte empresaria que se hizo cargo de esas obras, porque de allí viene el dinero sucio.

Como no hay nada de eso, lo que se infiere objetivamente es que se trata de inventar un monstruo paradigmático, alguien que sirva para irradiar hacia todos los funcionarios del gobierno anterior, hacia sus colaboradores e incluso hacia sus simpatizantes. Todos son corruptos, pero en especial la jefa de todos: Cristina Kirchner, porque el gobierno conservador la ve como la única posibilidad de que se reconstituya una  fuerza popular de oposición. Tampoco es una especulación. El centro de toda la política de destrucción ejecutada por los medios, el aparato judicial y el gobierno, no es el FIT, ni Florencio Randazzo, ni los gobernadores peronistas, sino la ex presidenta, quien el jueves debió declarar en una causa insólita donde se la acusa de traición a la patria. La derecha ubicó a la ex presidenta como su principal adversario y la trata como enemiga. Si se toma distancia de la campaña crispada hasta la saturación, violenta, gritona, repetitiva,  llena de exageraciones y datos falsos, el hecho de que el ex ministro de Planificación esté preso y la ex presidenta acusada de traición a la patria, junto con su ex canciller, aparece como un exabrupto. No hay relación con la realidad sino con esa campaña.

El gobierno ganó las elecciones el domingo. Martes y miércoles fue el circo con De Vido, con decenas de gendarmes y blindados en el domicilio del ex ministro y vecinos sacándose selfies y festejando. Fue una escenificación. El aparatoso despliegue fue armado para aprovechar el efecto mediático. El jueves fue a declarar Cristina Kirchner.

El espectáculo, que tuvo la penosa complicidad de fiscales y jueces, trató de distraer la atención del aumento de la nafta y los anuncios de los aumentos en la luz y el gas, que llevarán las tarifas a las nubes.

La reunión de la CIDH en Montevideo ya estaba anunciada. Y estaba ya muy claro que sería muy desfavorable al gobierno porque en la agenda de la reunión estaba la situación de Milagro Sala y el caso de Santiago Maldonado. Para ninguno de los dos temas, el gobierno tenía respuestas satisfactorias.

La advertencia de la CIDH fue tajante: hace responsable al gobierno nacional de la integridad y la salud de Milagro Sala. El secretario de derechos humanos, Claudio Avruj no asistió a la sesión sobre Milagro Sala y sólo lo hicieron funcionarios menos importantes del ministerio de Justicia. Fue una reunión tensa, donde los miembros de la CIDH rechazaron las explicaciones oficiales y expresaron su preocupación por la salud de Milagro Sala. A pesar de la fuerte presión que ejerció, el gobierno tampoco pudo levantar la cautelar que había otorgado la CIDH para que gobierno garantice todos sus derechos a Santiago Maldonado.

Fuera de la inmensa burbuja de realidad virtual que han conseguido crear los grandes medios corporativos y sus periodistas emblemáticos, la situación argentina se ve con ojos muy críticos. En estos dos años, pasó de ser uno de los países emblemáticos en la defensa de los derechos humanos, a convertirse en uno de los peores en la región con casos de presos políticos y una desaparición forzada a los que el gobierno justifica o simplemente desoye las orientaciones de la CIDH.

Siempre hubo en el país un sector importante refractario a las políticas de derechos humanos. La resistencia a que fueran juzgados los que actuaron como secuestradores y torturadores durante la dictadura fue tan fuerte que primero lograron imponer las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y después la amnistía y durante muchos años evitaron que los criminales respondieran por sus actos ante la sociedad. De hecho, esos sectores de capas medias y altas constituyeron la base principal de la oposición al gobierno anterior que abrió las puertas a los juicios contra todos los represores e incluso contra sus cómplices civiles. Desde el retorno a la democracia con Raúl Alfonsín, el tema de los derechos humanos generó una puja permanente, que fue poco a poco inclinándose a favor de las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos, sobre todo en los gobiernos kirchneristas. Esa preeminencia se constituyó en el rasgo distintivo de la transición democrática en Argentina con relación a otros países de la región que emergían de dictaduras. Fue el factor más enriquecedor de la nueva democracia.

En la actualidad, esta conjunción donde gran parte del Poder Judicial, jueces y fiscales, se ve comprometido en una campaña de persecución contra opositores del actual gobierno, forma parte de una ecuación más completa cuando se considera al mismo tiempo el deterioro de los derechos humanos como política de Estado. Este deterioro quedó reflejado en la enérgica advertencia de la CIDH y la consecuente reacción del gobierno que la ignora y le resta importancia. Por un lado el Poder Judicial queda involucrado en maniobras turbias manipulado por el gobierno y por el otro se produce un deterioro progresivo y cada vez más acelerado en la vigencia de los derechos humanos. Hay un retroceso grande en una sociedad en la cual ha surgido el negacionismo de la mano del gobierno. Hay un retroceso y hay confusión en lo que hasta ahora se podía definir como la inserción de los derechos humanos en una sociedad que se expresa ahora más sensibilizada por el linchamiento público de De Vido que por el anuncio de la recuperación número 125 de un nieto por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo anunciada el jueves.

Se habla de un déficit gemelo en la economía, los de balanza comercial y el fiscal. El del Poder Judicial y el de los derechos humanos es un déficit gemelo más alusivo a un componente ético institucional y está generando una grieta aún más profunda de la que se creó cuando el gobierno anterior afectó intereses poderosos. La Casa Rosada está empeñada en una guerra abierta contra la administración anterior y está decidida a arrastrar al barro al Poder Judicial, como ya lo han hecho las corporaciones mediáticas. Las barreras de lo ético y lo moral que se traspasan deberán ser compensadas por cualquier gobierno que suceda al actual, aún cuando no sea kirchnerista. Jueces y periodistas habrán perdido credibilidad. De las guerras abiertas nadie sale indemne.