Desde Montevideo

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicó ayer que para el organismo de la OEA, el Estado argentino incumplió con la cautelar de protección de vida a Milagro Sala. Y volvió a decir, como en la audiencia privada con las partes, que el Estado es el responsable. “La Comisión considera que la medida dispuesta está en este momento incumplida”, dijo Francisco Eguiguren. “Y siendo que la medida cautelar está referida a la protección, la vida, integridad y estabilidad física, psíquica y emocional de Sala, todo Estado es responsable por la seguridad e integridad de las personas privadas de libertad. Lo que digo es evidente, y lo sabemos todos, pero lo digo: la vida e integridad de la señora Sala es responsabilidad del Estado”. 

Eguiguren habló en el marco de la conferencia de prensa brindada por los integrantes de la CIDH al concluir el 165 período de sesiones en Montevideo. En la apertura agradeció al estado uruguayo la presencia en la apertura de las sesiones de la vicepresidenta Lucía Topolansky y del canciller. En la conferencia, con poquísimos medios de prensa uruguaya y sólo algunas agencias extranjeras, las preguntas se concentraron en los casos de Argentina, casi como en un ping pong, la conferencia tuvo características de entrevista abierta por la presencia de los únicos que preguntaban: tres periodistas argentinos. El caso Milagro Sala y el pedido que los familiares de Santiago Maldonado llevaron a la reunión con la Comisión para pedir una intervención en la investigación que garantice la imparcialidad que en este momento ellos no tienen. También se habló del encuentro con los organismos de derechos humanos. Y de la vocación de la CIDH por rubricar el camino de memoria, verdad y justicia. Los comisionados estuvieron cautos, parecieron abrir un compás de espera al gobierno argentino, sobre todo en la situación de Milagro. En el caso Maldonado está en pie la discusión sobre la continuidad de la cautelar. Allí, Eguiguren adelantó parte de lo que está analizando la Comisión, y dijo que la Comisión no podría intervenir con expertos mientras la investigación judicial continúe abierta en Argentina. “En ese desarrollo concreto de la investigación judicial en cuanto a la investigación misma no podemos intervenir –dijo–, pero ahora hay un pedido de posibles testigos en riesgo. Eso es otro tema, que aún no ha sido motivo de análisis y pronunciamiento”.

Mientras ocurría la conferencia de prensa, los comisionados recibían noticias de la decisión de la Corte uruguaya sobre la prescripción de los delitos de lesa humanidad en una causa. En la sala del Palacio Legislativo comenzaba a circular un informe de evaluación sobre las audiencias. El documento es una radiografía del escenario de la región, de mucho retrocesos en este campo donde, dice, “persisten grandes desafíos para el libre ejercicio y efectivo de los derechos humanos” y en el que advierten un “grave riesgo de retroceso”. El documento incluyó aspectos sobre la situación de defensores de derechos humanos: asesinados, hostigados y perseguidos en la región. Incluyó, además, un punto sobre Brasil por el contexto de “seria regresividad”, durante el cual tuvieron lugar manifestaciones sociales en reacción a los procesos de reforma laboral y pensional y el conflicto a la tierra. Los comisionados dicen que es un escenario que se repite de norte a sur.

–Sobre Milagro Sala –comenzó este diario–: ¿qué acción puede tomar la CIDH para que se cumpla la cautelar que se viene exigiendo? 

–La CIDH otorgó a fines de julio una medida cautelar a favor de la señora Milagro Sala –dijo Eguiguren. En ese momento se encontraba –y ahora de nuevo– internada en el centro Penal del Alto Comedero. La Comisión dispuso  que las condiciones –no materiales–, sino de vigilancia, seguimiento, hostigamiento que sufría en esa detención, así como otro tipo de situaciones, sanciones disciplinarias, abundancia de procesos judiciales y demás, producen un cuadro de deterioro físico, emocional, psicológico y moral de esta persona privada de libertad. Por lo tanto, la CIDH otorgó la medida en el sentido que el Estado debía otorgar alternativas a la prisión porque ponía en riesgo su continuidad física, psíquica, moral e incluso su vida. Ya por ese deterioro se había autolesionado. Se propuso el arresto domiciliario o una libertad con vigilancia electrónica. La Comisión vio con satisfacción que la señora fuera trasladada a un arresto domiciliario, más allá del debate sobre las condiciones del lugar. Lamentablemente, poco después esta medida ha sido revocada por las autoridades de Jujuy. Sabemos que se ha pedido la revocatoria de la decisión y que el tema no está cerrado. El miércoles tuvimos una reunión de trabajo con peticionarios y representantes del Estado. Pese a que fue una reunión privada, les puedo decir que hemos recibido ya información del Estado nacional, que hay preocupación y seguimiento, y del lado de los peticionarios, señalaron que la medida se encuentra incumplida y expresaron su preocupación por la vida y la salud con un cuadro que ha regresado. Yo empecé la audiencia diciendo algo que puedo decir aquí: que para la Comisión Interamericana en este momento la cautelar se encuentra incumplida por las autoridades. Por razones de tiempo no ha habido posibilidad de acordar un pedido concreto con mis colegas, pero puede llegar en cualquier momento, tanto pedido por las partes o por nosotros, con nuestros criterios con la medida cautelar actualmente incumplida.

–¿La CIDH está preocupada por la vida de Milagro Sala?

–Nosotros hemos dictado la medida cautelar que por nuestra parte se mantiene vigente, y la preocupación, sin duda también. Una cosa es proteger la vida de una persona de un modo que ayude no sólo a proteger su vida e integridad, sino a contribuir a su tranquilidad, paz espiritual y material. Y otra cosa es, en nombre de proteger la vida, someterla a condiciones y condiciones que agudizan las condiciones de detención. Sí, y estamos muy atentos a la situación. Y confiamos. Los Estados son responsables de la seguridad e integridad de las personas privadas de libertad.

–En el caso Santiago Maldonado, ¿qué puede hacer ahora la Comisión con el pedido con la cautelar? –preguntó Cynthia García. 

–La medida cautelar que otorgó la Comisión fue concretamente que el Estado argentino realice todas las acciones y tome todas las medidas encaminadas a determinar el paradero y la situación del señor Santiago Maldonado, a fin de garantizar sus derechos a la vida e integridad personal. Y realizar las investigaciones necesarias para el encuentro de la persona. Ese es el contenido de la cautelar. La noche de ayer (por el jueves) en la reunión de trabajo, estuvieron cada una de las partes y los dos grupos vinculados a la petición. Los abogados plantearon la acción. Y la familia. Cada quien dio una información sobre lo que era de público conocimiento, el hallazgo de su cuerpo, pero nosotros tenemos que trabajar con informes oficiales y hemos recibido información sobre la cautelar.

–¿Aportó algo el Estado argentino?

–Lo que puedo decir es que dio cuenta de la situación, de las investigaciones, el hallazgo y la autopsia. Los familiares y abogada plantearon su pedido para que la medida cautelar pudiera extenderse a personas que serían testigos de los sucesos y temen por su vida e integridad. Esto fue un planteo. Y también el tema de las investigación. La Comisión tomó conocimiento y ahora debe evaluar.

–¿Cuál es para la CIDH la evaluación del estado de derecho en Argentina, teniendo en cuenta estos dos casos? –preguntó Mariano Montali.

–Creo que usted lo dijo bien. Dos casos muy importantes, cubiertos políticamente y por la prensa del país, pero dos casos. Sí, nos preocupan otras cosas también: las decisiones judiciales que puedan suponer un retroceso en el desconocimiento de los estándares interamericanos respecto al tema de la impunidad u otros casos. Y hemos dado atención. Pero quiero aprovechar este contacto porque alguna vez se me preguntó si estas situaciones configuran una situación de la dictadura, honestamente sin duda que no. Argentina es un país democrático. Hay elecciones libres. Un sistema judicial independiente. Algunas cosas pueden no gustarnos como graves de violaciones a los derechos humanos, hay en muchos países del continente, pero eso no puede considerarse falta del estado de derecho, más allá de casos concretos como violaciones a los derechos humanos, normas que se debaten en material laboral y de memoria y que tramos en las audiencias.

–La familia de Maldonado pide una investigación imparcial: ¿qué pude hacer la Comisión al respecto? –preguntó un periodista de una agencia internacional.

–La medida cautelar de Santiago Maldonado responde a una situación urgente, grave e irreparable: su paradero, su vida, sus derechos. Ahora tenemos su final trágico. Se encontró el cuerpo. Ahora hay nuevos pedidos. Obviamente hay un caso judicial que debe seguir los trámites. En el ámbito de las medidas cautelares no intervenimos en los procesos judiciales. Para llegar a una petición, se llega cuando se agota la vía judicial. Nosotros estamos atentos, pero por el momento corresponde a las autoridades judiciales argentinas la investigación y en eso el papel de la prensa es muy importante, llevar adelante estas investigaciones con serenidad. En ese desarrollo concreto, de la investigación judicial en cuanto a la investigación misma, no podemos intervenir, ahora hay un pedido de posibles testigos en riesgo. Eso es otro tema que aún no ha sido motivo de análisis y pronunciamiento.

–En la reunión de trabajo ustedes le dijeron al gobierno argentino que está incumpliendo con la cautelar. ¿Cómo queda en el país frente al sistema interamericano?

–Si soy optimista le digo, hay un incumplimiento actual, no definitivo. Tuvo un momento de cumplimiento, y hoy no está cumplido. El Estado es uno hacia su relación internacional, y hacia dentro es Estado federal. Hay una diferencia entre el poder ejecutivo y judicial. Nosotros nos relacionamos con el Ejecutivo. ¿Es malo que se incumpla una cautelar? Sí, claro que sí. Pero esperamos que no sea definitivo. Si fuera así, algo haremos nosotros. Es decir, la Comisión considera que sus cautelares son mandatorias. La historia no está terminada, pero sí tenemos el deber y la preocupación de lo que disponen las medidas que deben ser cumplidas. Y por eso hicimos esa reunión de trabajo –Luego de una consulta con la comisionada Margarette May Macaulay, Eguiguren continuó–: El proceso de cumplimiento no siempre es uniforme en el continente. Hay Estados que a veces cumplen, y otras no. Dicen que son sólo recomendaciones. Ya he dicho que la Comisión tiene claro que sí. Los Estados dicen: puedo querer, pero la decisión tiene que adoptarla un juez y yo soy el Ejecutivo y no puedo ordenar a un juez que tiene que hacer. Y si cuestionamos una decisión legislativa de retrocesos en materia de derechos humanos, pasa así. No es sólo Argentina. Hay muchos problemas en muchos países. Esperemos que sea cumplimiento como lo fue momentáneamente y no perdemos esperanza.