Desde Barcelona

Esta vez sí. “El día D” del proceso secesionista de Cataluña llegó y se llamó 27 de octubre. Ayer se puso en marcha, simultáneamente desde Barcelona y Madrid, todo lo que durante casi dos meses se viene intentando activar, por un lado, y frenar, por el otro. La aplicación del artículo 155 de la Constitución y la declaración unilateral de independencia (DUI) fueron aprobadas en sendos plenos parlamentarios y sendas votaciones: la mayoría independentista en el Parlamento catalán dijo sí a la separación de España y la mayoría del Partido Popular –junto a los socialistas (PSOE) y a Ciudadanos– en el Senado dio su respaldo a la suspensión del autogobierno de Cataluña.

A las tres de la tarde el Parlament recontaba los votos que otorgaban el sí a la independencia, con 70 a favor, dos en blanco y 10 en contra, y la ausencia- al igual que en el primer intento de DUI, el 10 de octubre, cuando Puigdemont inmediatamente después de proclamar la secesión, la suspendía- de los 52 diputados que suman Ciutadans, el Partido Socialista Catalán (PSC) y el Partido Popular (PP). Una hora más tarde, el Senado, aprobaba por votación con la mayoría absoluta del PP más el apoyo del PSOE y de Ciudadanos (214 escaños), 47 en contra y una abstención, la aplicación del artículo 155 que habilita al Gobierno central a intervenir Cataluña y convocar elecciones.

Un Consejo extraordinario de ministros en Madrid, ya a las ocho de la noche, coronaba la jornada doble con la comparecencia del presidente español Mariano Rajoy anunciando la destitución de toda la cúpula del gobierno catalán y la convocatoria de urnas regionales para el 21 de diciembre. “Las decisiones son para restituir un autogobierno liquidado por una cadena de decisiones ilegales, arbitrarias y excluyentes”, se justificó el líder del PP luego de comunicar que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y sus consellers serían inmediatamente cesados. Rajoy también anunció la destitución de los delegados de la Generalitat fuera de Cataluña y la disolución del Parlament porque “la independencia es desgarradora, triste y angustiosa”.

El primer paso en esta jornada de legalidades paralelas, lo dio la presidenta del Parlamento catalán- e histórica promotora del independentismo- Carme Forcadell al leer ayer al mediodía en el hemiciclo de Barcelona el texto que propusieron Junts pel Sí, la coalición que gobierna Cataluña desde 2015, y su aliado en la cruzada, el partido anticapitalista CUP, por el que se declaraba “la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social”. Los votos, que se realizaron de forma secreta a pedido de los secesionistas, avalaron la propuesta , así como la segunda resolución que leyó luego Carme Forcadell, según la cual se pone en marcha un proceso constituyente para elaborar una Constitución catalana y posteriormente llamar a las urnas.

Entre abrazos y hondas felicitaciones, los miembros del bloque independentista celebraron la proclamación que tanto anhelaban, estimulados por una multitud que lo seguía todo desde las pantallas gigantes instaladas en el boulevard próximo al Parlament. Petardos, cantos, bailes folclóricos y banderas, muchas banderas (las esteladas, símbolo de la independencia) tomaron las calles de Barcelona para engalanar el “día histórico”. El festejo luego se trasladó a la Plaza Sant Jaume, sede del Palacio de la Generalitat, donde siete mil personas se concentraron en torno a un escenario dispuesto por las organizaciones independentistas por donde desfilaron grupos musicales al grito eufórico de “¡Cataluña libre!”. Por contra, fuera de la zona céntrica, la otra mitad que no quiere la separación, que no votó en el referéndum del 1 de octubre o que votó que no, fue también protagonista de la fecha pero de un modo muy diferente, a través del silencio, la indiferencia o la estupefacción.

El parlamento catalán insta ahora, tras la aprobación de la DUI, al Govern de Puigdemont a dictar todos los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica que el 6 y 7 de septiembre se votó en la Cámara regional para la creación de un nuevo marco legal catalán (y que el Tribunal Constitucional vetó inmediatamente). El texto votado ayer en Barcelona se propone impulsar un “tratado de doble nacionalidad” con el Gobierno de España, promover “ante todos los estados e instituciones el reconocimiento de la república catalana” y establecer el “régimen de integración en la administración de la Generalitat” de todos los funcionarios –salvo que renuncien a ello– que hasta ahora prestaban sus servicios en los servicios públicos estatales. También hace mención el documento a las medidas que se tendrán que adoptar para “el ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral” y para la creación de un “banco público”.

Mientras tanto, en la realidad paralela de Madrid, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo que este viernes por la tarde aprobó el Senado y luego el Consejo de ministros ratificó con medidas como la destitución del presidente, el vicepresidente y todos los Consejeros de la Generalitat. También se abrió la posibilidad a la intervención de la policía regional, los Mossos d’Esquadra, y de los medios de comunicación públicos, aunque el PP finalmente aceptó una enmienda presentada por el PSOE para que no sea el Ejecutivo español quien tome el control de TV3, Catalunya Ràdio y la Agència Catalana de Notícies, sino la Junta Electoral Central, actuando como suelen hacerlo durante las campañas electorales, en las que los espacios informativos sobre los distintos partidos están cronometrados en función de la representación en el Parlament.

La Unión Europea, por su parte, no faltó tampoco a la múltiple cita política de ayer y, ni bien conocerse la declaración unilateral de la independencia, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, avisó: “España sigue siendo nuestro único interlocutor”. Los primeros ministros de Alemania, Francia y Gran Bretaña tampoco se quedaron atrás y, raudos, salieron a defender la Constitución Española y los principios democráticos, por los cuales no reconocen la declaración de independencia pronunciada por el Parlamento catalán, tal como lo indicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y el portavoz de la cancillería alemana, Steffen Seibert (ver pág. 5). 

Eso sí, los líderes europeos, pese a su frontal rechazo hacia la acción del Gobierno de Puigdemont, no olvidaron una advertencia al Ejecutivo del PP: “Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos y no los argumentos de la fuerza”, expresó Donald Tusk en su cuenta de Twitter, seguramente temiendo represiones policiales para aplicar el 155 como la que el día del referéndum acabó con casi 300 heridos.