A pesar de haber sido recientemente confirmado en su cargo, Gustavo Vera, integrante de la Fundación La Alameda y de vínculos directos con el Papa Francisco, fue apartado de su función como director del Comité de Lucha contra la Trata el viernes pasado.

Vera denunció que su despido tiene que ver con los reclamos que venía haciendo por los recortes presupuestarios y el “abandono de personas en estado de extrema vulnerabilidad”. El hecho se consumó después de que el área pasara del Ministerio de Capital Humano al de Seguridad.

Desde Catamarca, la diputada Adriana Díaz repudió la medida a través de sus redes sociales. La legisladora cuestionó y lamentó la decisión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de desvincular a Gustavo Vera como director del Comité de Lucha contra la Trata. Para la legisladora, la decisión se enmarca en un nuevo retroceso por parte del gobierno nacional en contra de políticas que luchan contra verdaderas mafias.

Díaz se refirió: "Como integrante de la Mesa interinstitucional de Catamarca contra la Trata, desde nuestra Banca manifestamos la más profunda preocupación y rechazo ante la medida, ejecutada por la ministra Patricia Bullrich, que dejó cesante al titular del Comité nacional de lucha contra la Trata. Denunciamos que tras los reiterados reclamos de asistencia para 130 víctimas, la respuesta del gobierno fue el apartamento de Gustavo Vera. En los últimos meses se rescataron más de 130 víctimas de trata de personas en nuestro país. En Catamarca también hubo”.

Advirtió además que: “Ninguna de las víctimas recibió la más mínima asistencia económica pese a la obligación que tiene el Estado Nacional por su legislación y adhesión a convenios internacionales. Vera, había realizado reiterados reclamos ante el Ministerio de Capital Humano, que se comprometió a resolver el problema; pero pasaron los meses y no hubo respuesta concreta”.

“Esto es la consecuencia de achicar el Estado, y de la idea de Milei que reitera desde su campaña "el Estado es una organización criminal". Falacias que instala para justificar que a su proyecto político no le interesa en absoluto enfrentar a las verdaderas mafias, como lo son las organizaciones criminales de explotación sexual y trata de niños, niñas, adolescentes, mujeres, trabajadores esclavizados o en servidumbre. El desfinanciamiento y abandono de políticas públicas de protección y asistencia a las víctimas de trata es lo verdaderamente criminal: dejar en situación de abandono a personas en estado de extrema vulnerabilidad es un crimen”, argumentó.

“Por otra parte, advertimos que en los últimos tres meses la acción de la Dirección del Comité se vio obstaculizada, primero con el recorte de la movilidad y los salarios, luego con la falta de respuestas del Ministerio de Capital Humano en torno a la asistencia y por último con el insólito traspaso del organismo desde Jefatura de Gabinete como establecía la Ley a la órbita del Ministerio de Seguridad, a contramano de las recomendaciones internacionales que desaconsejan poner en cabeza de las fuerzas de seguridad el monopolio de la lucha contra la trata.", señaló.

Finalizó con un llamado: “Es necesario que la Justicia Federal tome cartas en el asunto y que obligue al gobierno nacional a cumplir la ley y las convenciones internacionales”.