Legisladores bonaerenses anticiparon que impulsarán un pedido de juicio político al diputado nacional José Luis Espert, uno de los principales alfiles parlamentarios del presidente Javier Milei, luego de que impulsara una “rebelión fiscal” en la Provincia de Buenos Aires. Además, fue denunciado por instigación a cometer delitos.

El mensaje llegó después de que el economista de ultraderecha asegurara que el Gobierno de Axel Kicillof está haciendo un “impuestazo” y que, por lo tanto, la ciudadanía debe dejar de pagarlos. Iniciativa a la que se plegó el propio Javier Milei.

Entrevistado por AM750, el legislador provincial Gustavo Pulti explicó que la presentación en la Legislatura tiene, en primer lugar, un pedido de repudio a la acción de Espert, quien había afirmado que "no hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada", y adelantó: "Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy productor rural".

En segundo lugar, dijo, funciona a modo de advertencia para dejar en claro que el llamado del diputado nacional llama a una acción que está “encuadrada en lo que es el código penal” y que prevé de uno a cuatro años de prisión.

“Pide que los ciudadanos alcen en contra de la ley, que los bonaerenses no cumplan con la ley tributaria. Está invitando a una rebelión penada por el código penal”, enfatizó.

Por eso, como conclusión, dijo: “Proponemos que la Legislatura ponga en conocimiento de la Cámara de Diputados este incumplimiento y se inicie le proceso de juicio político. La democracia se puede hacer solo respetando las leyes”. 

Una denuncia penal contra Espert

Por otra parte, la abogada penalista Valeria Carreras avanza en una denuncia ante la Justicia contra el diputado Espert, al considerar que "no duda en instar a los ciudadanos a cometer delitos, ya sea a través de la desobediencia o la evasión fiscal". 

"Las palabras del denunciado afectan directamente al orden económico público del Estado provincial y a la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales, y de manera indirecta, afectan el ámbito comercial y merecen una mayor protección por parte del Estado", consideró la penalista, en alusión al artículo 209 del Código Penal, que prevé penas de entre dos y seis años de prisión para "aquel que instigue públicamente a cometer un delito específico contra una persona o institución".