El legislador y ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, presentó un proyecto a partir del cual  propone discutir una declración que podría derivar en una  denuncia penal y el “inicio de juicio político” al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. La iniciativa argumenta que el diputado, recientemente incorporado a La Libertad Avanza, violó la Constitución Nacional y el artículo 230 del Código Penal, al llamar a una "rebelión fiscal" selectiva en perjuicio de la administración bonaerense. 

“La democracia tiene que apelar a todos los resortes republicanos y políticos para defenderse a sí misma”, dice Pulti en diálogo con Buenos Aires/12. Por eso, afirma, que la decisión de presentar el proyecto en la Legislatura muestra que no se trata de una “denuncia personal”, sino que pretende enmarcarse en una decisión colectiva de distintas fuerzas políticas.

Para Pulti, es "un atropello y un delito" convocar a una rebelión fiscal. Se refiere al llamado de Espert, quien es productor agropecuario en su Pergamino natal, para que los propietarios rurales no paguen el impuesto inmobiliario que les corresponde por ley. 

El legislador marplatense remarca que la actitud de Espert es “delictiva” porque invita a los propietarios rurales a incumplir con la ley, en este caso, la N° 15.479 o Ley impositiva para el ejercicio fiscal 2024.

La Ley impositiva bonaerense establece un tope de hasta el 200 por ciento en el incremento del impuesto inmobiliario rural. Sólo en contadas excepciones, tal como informó Axel Kicillof en la conferencia de prensa por la mañana del lunes, el tope no entra en vigencia. “Son alrededor de dos mil casos donde las propiedades valen por encima de los tres millones de dólares”, aclaró el gobernador.

Los aumentos en los impuestos no son decisión del gobernador, sino que son producto de la aprobación en la Legislatura, con votos positivos del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica en ambas Cámaras. Incluso, en el Senado contó con los avales de un sector libertario. Sólo hubo oposición del radicalismo que responde a Facundo Manes en la Cámara Baja, a los que se sumaron los rechazos desde la Izquierda y el grueso de bloques liberales.

En este marco, Pulti no deja pasar por alto que este “llamado a la cultura selvática” invita a la gente a la irresponsabilidad. “El Estado tiene todas las facultades legales para hacer cumplir las obligaciones fiscales de los ciudadanos, como a nivel nacional lo hace la AFIP”, indica. “¿Qué hace Milei cuando se atrasa alguien? Como cualquier Estado lo intima administrativamente y después va por la vía judicial”, sostiene el diputado.

Gustavo Pulti, diputado provincial. 


El proyecto

La declaración que propone Pulti a la Legislatura consta de tres puntos. El primero insta a la Cámara a “repudiar y denunciar la conducta” de Espert. “Su proceder conlleva a una convocatoria a la rebelión fiscal que traduce en una violación al artículo 36 de la Constitución Nacional en virtud de tener, como exclusiva finalidad, socavar el gobierno provincial democráticamente elegido”, apunta el texto.

A su vez, encuadra la acción como una violación al artículo 230 inciso 2 del Código Penal que prevé entre uno y cuatro años de prisión a quienes se alcen “públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales cuando el hecho no constituya delito más severamente penado” por el propio Código.

En segundo término, apunta a poner en “conocimiento” de la Justicia la situación y, así, “impulsar la acción penal pertinente contra el diputado nacional José Luis Espert”.

El tercero, pide que se envíe una copia de la declaración a la Cámara de Diputados de la Nación “a efectos de promover el juicio político al diputado nacional José Luis Espert”.

Pulti recuerda que Espert es una especie de “reincidente” en la acción de "atentar contra los valores de la democracia". Hace referencia al mensaje “cárcel o bala” que el diputado publicó contra los diputados del FIT, Myriam Bregman y Nicolás del Caño. “Ahí también propuso trasgredir la ley”, señala.

Respecto a las posibilidades de que el proyecto avance en el cuerpo legislativo provincial, el marplatense dice que cuando avanzó en el diálogo con las bancas de la oposición se encontró con “consternación y azoramiento” por las declaraciones de Espert, por lo que estima que el proyecto puede ser aprobado.

Una vez que tome estado parlamentario, el proyecto de Pulti deberá contar con la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes. O bien, en caso de tratarse sobre tablas y no pasar por ninguna comisión, tendrá que hacerse del apoyo de dos tercios de las bancas. Al ser un proyecto de declaración, sólo necesita la aprobación de Diputados para avanzar en su fin de actuar ante la Justicia Penal y no debe pasar por el Senado.

¿Cuál es el objetivo de estas declaraciones?

Pulti sostiene que “el modelo liberal-libertario necesita convertir a la Argentina, que deje de ser una Nación y sea un territorio libre de todo obstáculo para que operen los mercados según su conveniencia”. “Es un modelo que se desplaza de la Constitución, de la protección de los seres humanos y que protege sólo a los mercados”, remarca.

En ese marco, advierte que el objetivo es "avasallar las instituciones y destruir el Estado”. Algo que, en sus años en la administración pública, advierte no haber vivido nunca. "Durante la presidencia de Mauricio Macri hubo conductas camufladas porque sabían que estaban reñidas por la ley, pero las ocultaban a sabiendas de que eran delitos”, remarca.

En ese contexto, destaca la necesidad de empujar iniciativas que defiendan la institucionalidad en el país, sobre todo cuando las acciones en su detrimento se celebran a viva voz. “Si no somos capaces de poner un dique de contención a la violación de normas de este Gobierno, en poco tiempo vamos a estar viendo cómo se anula al Congreso de La Nación y se reemplaza la Constitución Nacional”, señala Pulti.

El legislador considera que la ciudadanía debe acudir a todas las herramientas democráticas para “hacerle frente al avasallamiento liberal” y pide que se observe la que, según su lectura, es la voluntad del Pacto de Mayo. “Son diez puntos sobre ajuste y pérdida de soberanía, donde pide que se entreguen los recursos naturales de las provincias a la Nación y no nombra la salud, la educación, la industria, la cultura o la ciencia”, describe.

“¿Quién quiere construir una Nación con estos puntos?”, se pregunta. 

Y se contesta: “Demuestra que lo que quieren es un territorio libre de normas”.