Dos denuncias por torturas en la cárcel de Piñero -14 kilómetros al sudoeste de Rosario- fueron presentadas por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) de Santa Fe, con fechas del 7 y el 14 de marzo pasado. Picana, submarino seco, golpes en diferentes partes del cuerpo, también a un interno con dos vértebras previamente fracturadas, fueron algunos de los tormentos de efectivos del Servicio Penitenciario sobre detenidos. El 20 y 27 de febrero fueron las requisas con extrema violencia en el pabellón 23. En tanto, el 2 de marzo -después de un ataque en la Circunvalación de Rosario a un colectivo que llevaban efectivos del Servicio Penitenciario- se produjeron los tormentos a quienes estaban en los pabellones 7 y 8. 

Estos internos ya estaban "engomados" desde antes, y tras las torturas, permanecieron varios días más aislados, sin atención médica para las heridas, que derivaron en infecciones. ¿Qué significa engomados? Encerrados en sus celdas individuales en las que, por la sobrepoblación carcelaria, llega a haber hasta tres personas. Recién el 11 de marzo pudieron ser entrevistados por los representantes de la defensa pública, y manifestaron que todos sufrieron las vejaciones, aunque algunos se abstuvieron de relatarlo, por temor a represalias. 

Las denuncias penales fueron presentadas ante la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, y hasta ahora no se ha realizado ninguna audiencia, ni ordenado las medidas de prueba solicitadas por la Defensa. El mismo organismo presentó un hábeas corpus colectivo en relación a los pabellones 7 y 8, ya que habían sido encerrados sin notificar al SPPDP, que luego se extendió a todos los pabellones cerrados y requisados. En esta presentación, el miércoles, a las 15, se realizará una audiencia. Desde el SPPDP pidieron que participe de esa audiencia el comité nacional contra la tortura. La provincia de Santa Fe no cuenta con un organismo de prevención de estas prácticas crueles, inhumanas y degradantes. 

Las prácticas violatorias de los derechos humanos terminan de armar el mapa que precedió a la foto "a lo Bukele", que el gobierno provincial a cargo de Maximiliano Pullaro difundió el domingo 3 de marzo, y que se complementaron con posteos del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, con más fotos humillantes. La foto fue vista como la causa de los asesinatos de Diego Celentano, Héctor Figueroa (taxistas), Marcos Daloia (colectivero) y Bruno Busanich (playero). Antes se habían producido estas requisas. Incluso, un estrecho colaborador del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó esta acción. "Error muy grave lo de la foto, están equivocados; eso solo lo podes hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tenes el control total de la calle”, expresó Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad de ese país. 

La descripción de las torturas remite a prácticas dictatoriales. El 2 de marzo, "las prácticas de tortura mencionadas por la población del pabellón fueron: aplicación de picana eléctrica (una víctima), aplicar una bolsa en la cabeza (submarino seco), colocar una toalla en la cara y arrojarle agua para producir ahogamiento, tirar lavandina y un líquido que los 'quemaba' (algunos internos manifestaron que podría tratarse de gas pimienta), hacerles puente humano en el patio por el que pasaban los presos mientras los golpeaban y les tiraban gas pimienta, realizar prácticas vejatorias de contenido sexual (llegando a un caso de empalamiento por ejemplo o nalgueo en glúteos), realización de 'pata pata' (también en los dedos de las manos), golpes de todo tipo, golpes con cables pelados, hacerlos arrodillar y arrastrarlos para que se lesionen, y golpizas", dice la denuncia. 

El 2 de marzo, en los pabellones 7 y 8, a la par que torturaban a los detenidos, les preguntaban quién había mandado a balear el colectivo que llevaba a efectivos del Servicio Penitenciario desde Piñero a Santa Fe, que había ocurrido a la mañana. Era imposible que lo supieran porque llevaban quince días aislados. Y los volvieron a aislar. Sólo el pabellón 7 tiene 40 celdas, pero había 95 detenidos, así que todas las celdas tenían dos, y algunas tres personas encerradas. A todos les dejaron un solo colchón. Las familias recién pudieron verlos cinco días después, todavía muy golpeados. El 11 de marzo los pudo revisar el médico forense Lucas Kuverling. 

Ayer por la tarde, un comunicado oficial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal confirmó las denuncias "por delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de los pabellones 7, 8, y 23, de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, y del pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº16 de Pérez". Además de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, varios detenidos "reportaron casos de sustracción y destrucción de elementos personales". 

En las presentaciones, el SPPDP solicitó "la aplicación del protocolo de Estambul (conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias) y ha instado al MPA a que tome medidas de prueba urgentes como convocar a las víctimas para recabar más información, identificar al personal penitenciario involucrado, entre otras". Las denuncias están firmadas por Santiago Bereciartua, secretario de Prevención de la Violencia Institucional y Marcelo Marasca, funcionario a cargo de la Dirección Regional de Prevención de la Violencia Institucional. 

"El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal aboga por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa provincial, nacional e internacional en materia de tratamiento de reclusos", expresó el comunicado del SPPDP, que conduce Estrella Moreno Robinson. 

El miércoles pasado, el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral expresó, en un documento sobre la situación de Rosario, "es necesario que las instituciones a cargo de la supervisión de las condiciones de encarcelamiento registren y visibilicen las prácticas atentatorias contra la dignidad de las personas privadas de libertad. En este sentido, continúa pendiente la creación de un mecanismo local de prevención de la tortura, al que el estado provincial se encuentra obligado internacionalmente". 

Es que las políticas de mano dura y la demagogia punitiva han elevado la tasa de encarcelamiento en la provincia, que a fines de 2023 llegó a 290 presos cada 100.000 habitantes, cuando una década antes era de 135. El crecimiento fue de 115 por ciento en diez años. Una de las tantas consecuencias es que todas las cárceles tienen alto hacinamiento, y en muchos casos, alojan más del doble de los detenidos previstos.