La violencia digital, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y la represión del conflicto social. Esa postal es la que retrató Aministía Internacional para definir los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei. "Algunas de las medidas del Ejecutivo han generado un impacto profundo en la vida y los derechos de las personas", sintetizó Mariela Belski, directora ejecutiva en Argentina de la ONG.

“Ajustar a los ajustados no parece ningún castigo a poderosos, sino lo contrario. Por eso, nuestra idea fue trabajar en una propuesta que permita que recuperen el poder adquisitivo perdido y proyecten un acompañamiento de las variables económicas a futuro es un imperativo de derechos humanos”, agregó Belski al inicio de la conferencia.

En el completo informe que presentó Amnistía se señala que la evolución de los haberes jubilatorios está “muy lejos de compensar la inflación acumulada en los últimos tres meses” y que “la suma de haberes mínimos y bonos sufrió una pérdida de alrededor de una cuarta parte de su poder adquisitivo en apenas tres meses”. “Desde enero de 2024 se produce un hecho inédito: por primera vez desde que el INDEC implementó una nueva metodología de medición, en 2016, el poder adquisitivo de la jubilación mínima (incluyendo bonos) no alcanzó a cubrir la Canasta Básica Total por adulto equivalente. En otras palabras, según las propias estadísticas oficiales, los haberes mínimos actuales constituyen ingresos de pobreza”, dice el informe.

Estos datos no solo se condicen con la realidad diaria, sino que el propio Presidente debió admitir en su última entrevista televisiva, cuando reconoció que la caída de las jubilaciones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal que llevó a cabo la nueva administración, comandada en materia económica por el ministro Luis "Toto" Caputo.

Asimismo, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional realizado durante el primer bimestre de 2024 se explica en un 43 por ciento por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones.

“El no hay plata no puede empujarnos a la disyuntiva de recomponer su jubilación o dejar morir a los jubilados y pensionados. Hay una obligación moral, pero también un compromiso internacional: la Argentina se encuentra obligada por tratados internacionales a garantizar los derechos a la seguridad social de manera progresiva hasta el máximo de sus recursos disponibles”, indicó por su parte Santiago Juncal, director de Política y Justicia Internacional de Amnistía.

En pleno debate por la reforma previsional, la organización propuso lineamientos básicos que, considera, debería tener la nueva fórmula. “El foco debe dejar de ser que los jubilados no pierdan contra la inflación -dado que ya perdieron en los años anteriores – sino a que puedan ganarle y mejorar el poder adquisitivo, lo cual requeriría una recomposición efectiva de sus niveles de ingreso de acuerdo con sus necesidades. Las fórmulas actuales propuestas no explicitan cómo irían paulatinamente aumentando su poder adquisitivo”.

La represión y el odio como regla 

Además de la problemática de las jubilaciones y el “empobrecimiento de gran parte de la sociedad”, Amnistía señaló que “esta administración suma un nuevo modelo de liderazgo de no diálogo y de violencia permanente” que “fija el interés del debate público en la confrontación, el odio o la pelea”.

La organización entiende que el uso del término "casta" o "los mismos de siempre" generan "expresiones que incluyen discursos e insultos que incitan a la agresión y que fomentan la dinámica 'amigo-enemigo'".

En ese sentido, Belski señaló que X (ExTwitter) “se convirtió en la herramienta preferida del Gobierno para los señalamientos, las indirectas y las acusaciones”. “Los otros poderes, referentes de la oposición, periodistas, artistas, medios de comunicación y organizaciones son frentes de ataque. Cuando, además, quien está al frente de esos ataques es el presidente de la Nación, tiene efectos silenciadores y amedrentadores que socavan la libertad de expresión”, agregó.

Por último, la organización se refirió al aumento de la pobreza, su impacto social y el manejo del conflicto por parte del Gobierno. "La pauperización general de la economía y los ataques a quienes exponen voces de disenso conducen al conflicto social", aseveró el escrito. 

“Esta cruda realidad no puede anularse, por más represión y restricciones que se impongan. Cuando sucede la protesta es porque la tensión que genera el conflicto es insostenible. Al hambre no se le da respuesta con mano dura”, subrayó.

“Argentina necesita un cambio. Somos conscientes, y así lo hemos denunciado a lo largo de los distintos gobiernos de todo color e ideología; la profunda crisis económica y social que viene atravesando Argentina en los últimos años exige un rumbo nuevo. Pero cómo esos procesos de cambio se lleven adelante y la manera en que esos cambios impactan en las personas es tan relevante como el objetivo que se pretende conquistar. En ese recorrido, es importante que las personas ocupen un lugar central para elaborar planes y respuestas eficaces y de largo plazo. Debe gobernarse para la gente, no para las finanzas. Los ajustes de hoy no pueden ni deben dejar a la deriva a nadie”, concluyó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.