Las clases medias y populares son responsables del 31 por ciento de las erogaciones del Estado. En tanto, la clase alta y las grandes empresas son responsables del restante 69 por ciento. La exención impositiva de Mercado Libre, por ejemplo, alcanzaría para cubrir los gastos de las universidades de todo el país durante un año. Los datos fueron elaborados por la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, y difundidos recientemente por el portal Cenital. 

Del total de la recaudación tributaria del 2023, el 35 por ciento ingresó por el IVA, que paga toda la sociedad. El doble que el impuesto a las Ganancias y la Seguridad Social. Cuatro veces el impuesto por débitos y créditos o los derechos de exportación de las pocas empresas que tienen ese privilegio. El impuesto a los bienes personales aporta apenas el 2 por ciento del total de la recaudación. Es decir que además de recibir menos proporción de los gastos, las clase medias y bajas pagan con sus impuestos las prebendas del Estado al sector empresario concentrado. No es que no hay plata, sino que se destina a otros fines.

Especulación

Según un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), las tres primeras ediciones del Programa de Incremento Exportador (PIE), más conocido como “dólar soja”, significaron un gasto para el Estado (y un beneficio para los oligopolios agroexportadores) de 590 mil millones de pesos. Más del doble de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario durante la pandemia.

Del total de 1.500 millones de dólares que dejó como deuda la agroexportadora Vicentín, 300 millones correspondían a la deuda con el Banco Nación. Esto equivale a dos tercios del presupuesto anual del Potenciar Trabajo, que brinda una apoyo salarial a un millón doscientos mil trabajadores de la economía popular. O de la tarjeta Alimentar, que da un refuerzo alimentario a cuatro millones de personas.

La UCA calcula que actualmente hay 27 millones de personas en situación de pobreza. En el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCom), hay 40 mil comedores inscriptos en todo el país que no han recibido alimento durante este gobierno. Allí trabajan casi la mitad de las y los trabajadores de la Economía Popular que perciben el Potenciar Trabajo, en su mayoría mujeres. Según el Observatorio Villero de La Poderosa, estas cocineras asisten a alrededor de 10 millones de personas. 

Esto sin tener en cuenta las políticas necesarias para fomentar la producción de alimentos en pequeños y medianos agricultores o cooperativas, que vienen demostrando ofrecer alimentos más sanos y más baratos a pesar de un proceso de concentración de tierras y esquemas de producción y comercialización oligopólicos que imponen precios muy por encima de los costos y atentan contra el “libre mercado” que el gobierno esgrime como ideología.

Otro modelo

El bolsón de hortalizas de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) tuvo un incremento 58,6 por ciento entre octubre y enero, mientras que el índice de inflación del sector frutihortícola del Indec en el mismo período fue de 110 por ciento. 

El último informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) muestra que en la espiral inflacionaria de agosto (luego de la devaluación del anterior gobierno), la inflación en los supermercados había sido de un 20 por ciento, frente a un 9 por ciento de los espacios de comercialización de la Economía Social, Solidaria y Popular. 

Esto sin tener en cuenta, como dice el informe, que: “la mayoría de los productos de comercializadoras de la ESSP son agroecológicos y fomentan la reinversión en el territorio y no la extranjerización de la ganancia, entre otras condiciones que los colocan en un lugar central para pensar estrategias de mejora del acceso a los alimentos”.

“En las zonas productivas, las familias no están encontrando mucha salida a esta crisis. Los precios de insumos para la producción (semillas, plantines, gasoil o nylons) se han disparado por la devaluación y la especulación de las tres o cuatro empresas que manejan el 100 por ciento de estos materiales. Esto acompañado a problemas climáticos como inundaciones, con el agravante de que las familias no tienen la posibilidad de reinvertir en la producción y se están retirando del campo o están endeudadas a tasas altísimas. Esto se ve en la disparada de los precios de la verdura”, explica Zulma Molloja, Vocera de la UTT.

“Es una bomba de tiempo. Esto hace que las familias productoras dejen los campos y se vayan a engrosar los bolsones de pobreza de los asentamientos. Y lo que queda es un campo cada vez más concentrado, más especulativo, solo para exportación. Es un problema cíclico que se repite en gobiernos como este, donde las políticas están claramente orientadas a que esto suceda”, explica Agustín Suárez, de la Coordinación Nacional de la UTT y Referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina.

* Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y master en Periodismo de la Universidad del País Vasco.