El gobierno de Javier Milei continúa con su sangría de funcionarios. Esta vez, el que presentó su renuncia al cargo fue el director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, quien no solo se negó a despedir personal de esa actividad sino que, además, recibió aprietes por parte de Cancillería para desregular la actividad y hacer la vista gorda en el escándalo de un buque acusado por pesca ilegal.
Por más que el cargo aluda a una tercera línea, el área que hasta las últimas horas ocupaba Suárez es clave en la dinámica comercial de esa industria. Y a diferencia de los funcionarios que durante los últimos días se alejaron del Gobierno, él no era un improvisado ni tampoco un libertario.
Suárez ocupó esa misma dirección durante la administración de Alberto Fernández y, por su idoneidad, la Subsecretaría de Pesca encabezada por Juan Antonio López Cazorla le pidió que continuara en ese cargo. Pero en los últimos días se le ordenaron requerimientos que se negó a aceptar y presentó su dimisión de manera indeclinable.
El hecho más visible fue el caso del buque factoría Tai An, propiedad de una empresa argentina que en los últimos días fue denunciado por pesca ilegal de merluza negra en una zona de exclusión. Pese a los continuos pedidos de sanción exigidos por la industria, Suárez intentó hacer volver al puerto a ese pesquero pero, según trascendió, recibió órdenes contrarias de parte de Cancillería.
La posición del Palacio San Martín fue hacer valer la desregulación de la industria pesquera decidida en el DNU 70/2023. De hecho, una de las tareas que se le exigió a Suárez fue revisar y barrer toda la normativa ad hoc sancionada durante los últimos cuatro años.
El funcionario renunciante no sólo se negó a ello, sino que además reveló que se le pidieron otras cosas que no estuvo dispuesto a aceptar: despedir a 50 personas de su área y achicar toda el área de control y fiscalización a su cargo.
La sangría de funcionarios de Milei
La salida de Suárez se suma a la lista de funcionarios de Javier Milei que, con mayor o menor derrotero en la función, debieron alejarse de la función por diversos escándalos. La última de ellas fue Geraldine Calvella, quien sin ninguna experiencia fue puesta al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Calvella fue designada en ese cargo y desde diciembre de 2023 cobró un sueldo de casi 3 millones de pesos sin haber sido nombrada formalmente. Por esta razón, su alejamiento fue, en rigor, un rechazo a esa designación.
Casi en simultáneo, quien también se fue del Gobierno en las últimas horas fue Armando Guibert, el secretario de Transformación del Estado que quedó salpicado por el escándalo del aumento de sueldo del presidente Milei. Por este mismo hecho ya había sido despedido el secretario de Trabajo Omar Yasín.
A principios de mes, la sangría de funcionarios había corrido en el Ministerio de Capital Humano. Allí renunciaron tres funcionarios clave provenientes del PRO. El último fue Rodrigo Aybar, responsable de la implementación y recortes del plan Potenciar Trabajo.
Antes de él se había ido en febrero el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Pablo Rodrigué, que estaba a cargo de la distribución de los alimentos en comedores y organizaciones sociales. También el director administrativo de esa área, Agustín Sánchez Sorondo.
Los desmanejos del Gobierno y la crisis interna entre el oficialismo y su aliado el PRO también sumaron dimisiones en la cartera que dirige Patricia Bullrich. A finales del mes pasado había renunciado Sebastián García de Luca a la Secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad.
Con todos estos alejamientos, parece lejana la renuncia de Guillermo Ferraro, el exministro de Infraestructura que salió eyectado porque el presidente Milei le atribuyó la filtración de insultos y amenazas a gobernadores que él mismo había expresado durante una reunión de Gabinete.
