Sindicatos, ex funcionarios, trabajadores y agrupaciones sociales coincidieron en señalar que el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCeI) habla del desconocimiento que el Gobierno tiene sobre un actor dominante en la producción local de alimentos, como son los agricultores familiares o indígenas, que no tienen grandes escalas productivas si no se organiza su producción colectiva. Apuntaron también a la cuestión de la soberanía alimentaria, amenazada con la reciente promoción de la importación de alimentos.
“El Instituto tiene un rol estratégico desde el punto de vista del diseño territorial productivo de nuestro país, apunta a evitar el desarraigo de familias que producen alimentos para el autoconsumo y la comercialización en territorios muchas veces desprovistos de luz eléctrica, cloacas o redes de distribución”, apunta Miguel Gómez, ex director del INAFCeI. “El instituto promueve la inclusión y formalización de ese sector –lo que posibilita por ejemplo el acceso al crédito, brinda asistencia tecnica y administrativa con más de 500 ingenieros agrónomos en territorio que a su vez conocen y respetan procesos de producción que son ancestrales”, completa.
Pero este Gobierno desconoce esa realidad, y desde diciembre el INAFCeI se encuentra sin autoridades, siendo los propios trabajadores los continuadores de las políticas delineadas para el sector.
Es consecuencia también de la obra del Inafci el acceso a productos agrícola-ganaderos de calidad y a buen precio en distintas localidades. “Contribuye a diversificar una matriz productiva de alimentos totalmente cara y antigua”, sostiene Juan Pablo Della Villa referente del espacio "Federación por la Soberanía". Una matriz “que no incorpora discusiones como el uso de agroquímicos, cada vez más criticado desde la agricultura familiar”. Este espacio organizará el jueves un “Alimentazo” en el Congreso contra la apertura de las importaciones de productos alimenticios, “una medida que atenta directamente contra las economías regionales”.
Desde ATE y la Utep también cuestionaron la decisión oficial. “El desconocimiento del Gobierno respecto de lo que pasa en el interior del país es tan brutal, que han nombrado para liquidar al INAFCeI a la psicóloga de la Policía de la Ciudad, Clara Sanz, que en tan solo cuatro días tomó una decisión que afecta al principal sector productivo de nuestro país”, denunció el sindicato de estatales. “El cierre sólo generará un brutal crecimiento de la pobreza en los centros urbanos de las grandes ciudades”.
Mientras que la Utep declaró: “El presidente se autodefine un experto en economía pero ignora el costo, incluso económico, que ocasionará desatender la producción de alimentos para el consumo interno”.
En primera persona
“Yo trabajo en Agricultura Familiar desde 2004, cuando era el Programa Social Agropecuario dependiente del financiamiento del Banco Mundial. Se costeaba la asistencia técnica a familias productoras campesinas o de población índigena. Se brindaba asesoramiento en materia de infraestructura –construcción de corrales, huertas o manejo sanitario- y comercialización, para garantizar la subsistencia de esas familias y que no se vean obligadas a venderle a un intermediario a un precio bajísimo porque no tienen acceso a los principales centros de distribución”, comenta Marcelo Ruesta, del INAFCeI Chaco. “Somos dos trabajadores actualmente en la sede para acompañar a unas 50 familias, pero con seguridad más de 200 recibieron asesoramiento del Instituto”, afirma.
“La movilidad la pagamos nosotros, usamos nuestras camionetas y ni siquiera nos pagan el combustible”, comenta y desmiente la disponibilidad de 200 camionetas que afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. El comunicado de ATE va en esa línea también y aclara que “gran parte del presupuesto eran sueldos, porque todos los financiamientos que ejecuta el INAFCeI provienen de otros organismos”, ya sean gobiernos locales, el INTA, Senasa, otros ministerios u organismos internacionales. “Todos ellos ven lo que Adorni no ve”.
