Desde Rosario

Las Fuerzas Armadas estrenaron su papel en lo que las autoridades de los tres niveles de Estado han dado en llamar "la guerra contra el narcoterrorismo". Arribaron por tierra, por aire y por agua, a bordo de 25 camionetas y camiones, 5 helicópteros y 3 embarcaciones de patrulla, todos con uniformes, cascos y pertrechos impropios de la pegajosa humedad rosarina que los recibió esta tarde.

También los recibieron el ministro de Defensa de Nación, Luis Petri, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, que aplaudieron la incorporación de los recursos castrenses al patrullaje para intentar controlar la calle, en una ciudad estremecida en los últimos días por la réplica criminal del hampa a los gestos de política carcelaria que expresó el gobierno provincial sobre los presos."Hay un compromiso inclaudicable de luchar contra el narcotráfico. Ese compromiso inclaudicable, conforme lo establece la legislación actual, es a partir de un apoyo con los medios con los cuales cuentan las Fuerzas Armadas", afirmó Petri mientras pasaba revista a la tropa formada sobre el empedrado de avenida Belgrano.

Plan Bandera

Esta etapa complementa el denominado Plan Bandera, que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich vino a presentar en los primeros días de gestión. Luego, la escalada de violencia criminal en Rosario obligó a una vuelta de tuerca y ahí surgió la idea inédita de hacer jugar al Ejército en asuntos de seguridad ciudadana.

La tarea castrense, aclaran, será de apoyo. Cinco helicópteros quedan asignados a patrullar la ciudad. Aviones Hércules, disponibles para logística en tropas, armas, etc. Desde el río, la Armada envió un buque multipropósito y lanchas de guardia costera para auxiliar a Prefectura Naval e el patrullaje del río. Por el lado del Ejército, se enviaron 20 camionetas y 5 Unimog a disposición de Gendarmería.

"Las Fuerzas Armadas concurren a Rosario en virtud de la convocatoria del Comité de Crisis y a partir de allí, en el marco que establece la ley de Seguridad Interior, se dispone que pueden ser requeridas para realizar tareas de apoyo", justificó el titular de Defensa."Es lo que vamos a hacer en Rosario, sumado a las fuerzas federales que ya están en la provincia de Santa Fe y, particularmente, en la ciudad de Rosario, con Gendarmería, Prefectura, la PSA y con la Policía Federal”.

En paralelo, Petri anunció el envío al Congreso de la Nación de un paquete de leyes sobre la persecución criminal y la lucha contra el narcotráfico. "Va a generar un giro de 180 grados respecto de lo que ha sido hasta ahora en cuanto a herramientas legislativas que contamos", vaticinó.Petri argumentó como "imprescindible" apelar a la fuerza militar como complemento "para garantizar la seguridad" porque "este tipo de criminalidad requiere de múltiples abordajes".

Asimismo, reclamó al Estado provincial "inteligencia y un Poder Judicial con capacidad de aprender y condenar a los responsables de actos vinculados con el narcotráfico, donde no solamente son necesarias condenas ejemplificadoras, sino que es imprescindible también que se hagan investigaciones patrimoniales". Además, planteó un viejo proyecto rezagado en la agenda legislativa: la ley de extinción de dominio para desapoderar a las organizaciones criminales.

Fuertes y duros

Pullaro, por su parte, se encargó de destacar que el dispositivo conjunto entre Nación y Provincia ya rinde resultados. "Es lo que nos permite la ley de Seguridad Interior, y ya nos llevó a dar con varios de los (presuntos involucrados) que estuvieron en la planificación de los recientes atentados", dijo.

El gobernador reiteró su misión de "devolverle la tranquilidad a los rosarinos". Además, en un contexto de denuncias al Servicio Penitenciario por torturas a detenidos en cárceles, sostuvo: "En el marco de lo que nos permite la ley, vamos a ser lo más fuertes y duros posible. Tanto el gobierno nacional, como el provincial, y todas las jurisdicciones, no vamos a aflojar en esta lucha, que entendemos es de todos, y que es entre ellos, los criminales, delincuentes y violentos, y nosotros, la sociedad”."Estamos dejando todo para devolverle la tranquilidad a esta ciudad. No es fácil, pero claramente las reacciones que hemos vivido son producto de las políticas públicas que está llevando adelante el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial; pero no vamos a volver atrás, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", concluyó Pullaro.

Intervención del Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal rosarino fue intervenido ayer por seis meses, y su titular apartada del cargo de la ciudad más importante y reubicada en el resto de las localidades de la segunda circunscripción. María Eugenia Iribarren será reemplazada por el fiscal de Venado Tuerto Matías Merlo, por desición de la fiscal general María Cecilia Vranicich quien argumentó “falta de cohesión interna entre los órganos fiscales generadas en gran medida por la propia organización fraccionada de las unidades". Lo hizo en referencia al conflicto que se hizo público luego de las denuncias de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, contra Matías Edery , hoy suspendido en su cargo hasta que la Legislatura decida sobre su futuro. 

La medida fue apoyada por el gobernador Maximiliano Pullaro que apuntó hacia la responsabilidad de la fiscal regional rosarina por el número de muertes ocurridas durante el 2023: “El año pasado por diferentes errores de persecución y de prevención tuvimos alrededor de 280 homicidios aquí. Indudablemente, se entendió que hacer un cambio con el doctor Matías Merlo era lo correcto que hacer para llevar adelante la persecución penal" dio el mandatario desconociendo que justamente el órgano fiscal no tiene la tarea de prevención sino de persecución.