La Cámara de Diputados salteña dió sanción definitiva ayer el proyecto de ley que aprueba el convenio firmado en octubre de 2023 por Gerardo Morales y Gustavo Saénz, gobernadores de Jujuy y Salta respectivamente, para realizar un estudio hidrogeológico y ambiental sobre la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en la Puna salto-jujeña.
El Acuerdo
Interprovincial para la Gestión integral de la Cuenca Hídrica de
Salinas Grandes fue acordado con el objetivo de que los dos Estados provinciales arbitren los medios necesarios para constituir una comisión interjurisdiccional que realizará un estudio hidrogeológico en esa cuenca, y también financiará la realización de un
estudio de impacto ambiental integral y acumulativo que tendrá en cuenta las
características geológicas y geográficas de la región.
El diputado Gerónimo Arjona, del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción y representante del departamento Los Andes, fue el encargado de presentar el proyecto. "La evaluación del impacto ambiental en todas sus dimensiones tendrá en cuenta la participación de las comunidades originarias del lugar de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, que dice que se debe consultar con informacion libre. Se debe resguardar las prioridades de desarrollo de las comunidades y el derecho a la libre determinación", sostuvo.
Durante el debate previo a la sanción definitiva del proyecto que el Ejecutivo salteño presentó por la Cámara Alta, sobre el cierre del periodo ordinario de 2023, la diputada Sofía Sierra (PRO) recordó que el acuerdo fue sellado entre los dos mandatarios (Morales concluyó su mandato en diciembre de 2023), por "un juicio que se tramita en la Corte Suprema de Justicia de Nación desde 2019", una demanda de la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, que integra la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, con el patrocinio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
"Salta informó recientemente en ese juicio la celebracion del convenio en octubre de 2023", añadió Sierra. "El 2 de febrero de este año FARN presentó un escrito para dejar constancia que en los propios términos del convenio (los dos Estados provinciales) reconocen que están operando sin los correspondientes estudios de base ambiental", siguió.
Recordó luego que las demandantes insisten en que ese humedal altoandino debe ser estudiado como un todo, "no proyecto por proyecto", aseveró en alusión a las empresas mineras que presentan estudios de impacto ambiental para tramos puntuales del proyecto extractivo. En ese sentido, recordó que en el convenio las dos provincias acordaron realizar impactos ambientales acumulativos, algo que las empresas mineras no presentan, los Estados provinciales no solicitan de forma obligatoria, o los dos gobiernos norteños no se encargan de monitorear.
Sierra sostuvo que "ante la primera presentación" de proyectos mineros, la provincia de Salta "tendría que haber realizado este estudio junto con la provincia de Jujuy". Indicó que la evaluación hidrológica y ambiental que finalmente solicitaron una comunidad aborigen jujeña y una ONG, "se tendría que haber realizado durante la primera gestión del gobernador, y no presentarlo el año pasado para que nosotros los aprobemos ahora". Paso seguido recordó la reciente decisión de la Corte de Justicia de Catamarca, que suspendió proyectos mineros en Salar del Hombre Muerto y ordenó la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral. Salta y Catamarca comparten el humedal de Salar del Hombre Muerto.
Para la legisladora, la no realización de los estudios correspondientes en el área de Salinas Grandes podría tener consecuencias en el mediano plazo. Agregó que todos los estudios que promueve el convenio se deberían realizar sobre todas las cuencas altoandinas de la provincia, para evitar que los recursos naturales y los pueblos sufran concecuencias irreparables.
La diputada Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro) leyó un informe de la Secretaría de Minería de la provincia en el que se detallaron todas las acciones que se llevaron a cabo tanto para la realización de estudios de impacto ambiental como para construir la licencia social con las comunidades originarias que integran la Red Atacama o habitan alrededor de Salinas Grandes dentro de la jurisdicción de la provincia de Salta. Por otro lado, rechazó la moción del diputado Roque Cornejo (Ahora Patria, referenciado con La Libertad Avanza) para que el proyecto volviera a comisión "a la espera que Fiscalía de Estado de Salta se expida sobre cuestiones de fondo".
Dentro del detalle que remitió el gobierno salteño, informó que durante la gestión nacional anterior "la Secretaría de Minería y Energía de la Nación participó del modelo hidrogeológico de la cuenca de Salinas Grandes realizado por la provincia de Jujuy con la asistencia técnica del Servicio Geológico de Estados Unidos".
Finalmente, el diputado José Gauffin (PRO) anticipó que no será fácil gestionar los estudios que propone el convenio aprobado ayer, porque las comunidades aborígenes que habitan en la zona de la cuenca no tienen la misma visión ni sobre el territorio, ni sobre la minería. Agregó que mientras sobre el sector jujeño hay proyectos avanzados, en Salta, si bien hay áreas concesionadas, ninguna empresa minera inició la exploración.
No a la privatización del Banco Nación
Por otra parte, la Cámara Baja aprobó un proyecto de declaración de rechazo a la privatización del Banco Nación. El tratamiento del proyecto generó un debate. Lo empezó Germán Rallé, del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción: "No podemos volver hacia la década del 90 cuando erróneamente entregamos muchas empresas con el argumento de que eran deficitarias, para que los privados ganen dinero y se vaya el dinero del país a cuentas en el exterior", aseguró.
"El BNA no nació con la patria, como por ahí dicen", intervino Guillermo Durand Cornejo, del Bloque Conservador Popular. El proyecto de declaración fue motivado por la visita del secretario general de La Bancaria en Salta, Carlos Rodas. Durand Cornejo, que apoya a La Libertad Avanza en la provincia, aseguró que el Nación siempre tuvo inconvenientes. "Tiene denuncias por corrupción, y no de ahora, sino de hace décadas", afirmó. "Es un banco sobredimensionado", insistió en la necesidad de privatizar la banca nacional. "Uno de los pecados más grandes que tiene el Banco Nación es dar préstamos a los amigos del poder de turno, cosa que pasa en Salta", sostuvo.
Sobre el final de su intervención, cuestionó a sus pares porque en su momento no se opusieron a la privatizacion del Banco Provincia de Salta, esto disparó un largo intercambio.
Socorro Villamayor le respondió. "Quiere entonces que nos quedemos sin empresas públicas", le cuestionó. "No podemos medir la productividad de un banco por la gente que hace fila en la puerta", acotó, y rechazó que un banco estatal se deba cerrar "porque hay gente en la calle. No nos quedemos en pequeñeces para justificar que pertenece a La Libertad Avanza", le retrucó. Al pie, solicitó aprobar el proyecto de declaración porque "la Cámara está para hacerse eco de quienes estan hoy en la plazoleta IV Siglos juntando firmas", en alusión a los trabajadores que dan la batalla para evitar la privatización de la banca pública que tiene 130 años de actividad.
Soledad Farfan (UCR) recordó que el Nación genera crecimiento y condiciones de igualdad. Citó al ex presidente Raúl Alfonsín cuando dijo que "la bandera de la libertad sola no sirve. Es mentira. No existe la libertad sin justicia, porque es la libertad del zorro libre en el gallinero".
En la lista de oradores continuó Juan Esteban Romero (Salta Tiene Futuro), quien acotó que sobre YPF y el Banco Nación, el nuevo texto de la ley ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei "menciona que se pueden privatizar si el Estado mantiene el 51 por ciento del paquete accionario o la mayoría en la toma de decisiones. No hace falta politizar el tema, no hay que tenerle miedo a las privatizaciones porque aquí tuvimos una experiencia positiva", dijo refiriéndose a la privatizacion del Banco Provincia que pasó a manos de Jorge Brito.
Ficha limpia, al Senado
En otro orden, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que planteó modificaciones a la Ley de Ficha Limpia y pasó al Senado en revisión. La diputada Griselda Galleguillos (Ahora Patria) aseguró que la Cámara Alta debe mejorar la iniciativa.
Recordó al actual intendente de Rosario de Lerma, Eduardo Ramos. "Es autor del delito de peculado, se lo acusa de desviar fondos públicos, sin embargo, según esta ley, como ya cumplió su condena puede ser reelecto. Me pregunto, si un empleado público roba, se lo condena y la cumple, ¿nuevamente le permitiríamos administrar fondos públicos?".