El último informe del Indec, según la serie que este organismo inicio en el 2016, consigna una leve disminución de la pobreza a la vez que aumenta  la indigencia respecto a igual período del año pasado. El aumento de la indigencia expresa el fracaso de un modelo que no es capaz de posibilitar a más de 400 mil hogares (1,7 millones de personas) cubrir sus necesidades alimentarias. Dentro de este universo están comprendidos los hogares con jefatura femenina, parejas jóvenes con niños pequeños, hogares donde hay adultos con alguna discapacidad, niños que requieren cuidados especiales. En fin, personas que con sus historias de vida pueden también explicar parte de la historia del país. En tal sentido, su débil inserción en el mercado de trabajo y alta dependencia de las políticas asistenciales no es un hecho del que el Estado pueda desentenderse. Esa fue la visión con que se abordó el problema hasta 2015 y que permitió obtener resultados en materia de movilidad social.

En principio, los cambios realizados por el Indec en la metodología de medición de la línea de pobreza del 2016 resultó intencionalmente alta y, en consecuencia, era previsible que ante la estabilización de algunos indicadores económicos se produjera una baja de la pobreza. Entonces, el dato revelador no es la baja de la pobreza, sino el aumento de la indigencia. Se trata de hogares que la mayor parte del mes experimentan la incertidumbre de no poder alimentarse acorde a sus necesidades. La indigencia es una condición de privación extrema, que enferma, altera los trayectos escolares de los niños e interrumpe el de los adolescentes, además de exponer a prácticas mendicantes y de explotación a todos los miembros del hogar. 

El aumento de la indigencia se explica por el impacto negativo de las políticas económicas del Gobierno. Desde el 2015 no solo no se logró controlar el aumento del precio de los alimentos, principal gasto de los pobres, sino que se desarticuló la red de provisión en la que se desenvolvían estas familias, red en la que se combinaban con cierta previsibilidad diferentes fuentes de ingresos (en dinero y especies). Es un mito el suponer que las personas pueden vivir de “planes sociales”, en todo caso con ellos solo pueden sobrevivir en condición de indigencia. 

En este tiempo, mientras el país se sobreendeudó y desindustrializó, para los más pobres solo existieron programas de subsistencia, es decir transferencias monetarias cuyos montos están por debajo de la línea de indigencia y que de no combinarse con otros ingresos (changas) no cubren las necesidades básicas del hogar. Para los más pobres, Cambiemos ha significado una pobreza más intensa y sin señales de salida. Una vuelta al cartoneo y a las colas en el comedor barrial. 

La incapacidad del Ministerio de Desarrollo Social para ejecutar políticas socio–productivas no se corresponde con la celeridad que tuvieron para desarticular los programas ya existentes que se habían consolidado de modo exitoso en el gobierno anterior. Si bien el Gobierno propicia como salida de la pobreza, el emprendedurismo, aún no ha hecho nada concreto en ese sentido. Las personas desarrollan iniciativas por sus propios medios con infructuosos resultados por retracción del mercado de consumo interno. 

Para este Gobierno, la pobreza es una condición de las personas y no un problema del esquema de distribución de la riqueza de la sociedad. Un recorrido por las áreas de política social del Ministerio de Desarrollo, además de falta de información y de resultados, da cuenta de la desresponsabilización que el mismo hace del empobrecimiento que está experimentando la población. 

Saber que aumentó la indigencia nos interpela como sociedad. En un país productor de alimentos, el hambre es un “daño inaceptable”. De ese modo se denomina a las condiciones deficitarias que, en acuerdo tácito, resultan inadmisibles para la sociedad. Entonces, ¿por qué el anuncio del aumento de la indigencia no nos escandaliza como sociedad? ¿Por qué podemos dejar que se muestre como un logro lo que es una tragedia? Será que el Gobierno impuso su idea de “haciendo lo que hay que hacer” también en materia de acuerdos sobre el bienestar del pueblo que creíamos básicos para nuestra sociedad.

* Directora del CEC, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).