A raíz de las prolongadas negociaciones para la paritaria salarial en diversos gremios, se ha observado que existe una incongruencia entre el aumento ofrecido por el Poder Ejecutivo (tanto a nivel nacional como provincial) y el exigido por parte de los trabajadores. Si bien varios gremios han aceptado aumentos en torno al 20 por ciento, incorporando una cláusula de renegociación en caso de que la inflación supere cierto rango, las reuniones y las medidas de fuerza persisten en algunos sectores, tales son los casos del gremio de trabajadores judiciales y los profesionales de la salud, en la Provincia de Buenos Aires, o los sindicatos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no pertenecientes a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en todo el país.

En cierta medida, una parte de la discusión se concentra en la expectativa inflacionaria para 2017, en el marco del cual la decisión de la actual administración de implementar un esquema de metas de inflación no parece tener aún el efecto deseado. Para el corriente año, el Banco Central de la República Argentina anunciaba una meta de entre 12 y 17 por ciento. Esa meta ya fue sobrepasada.

Sin embargo, una segunda parte del debate sobre las paritarias 2017 se relaciona con la pérdida de poder adquisitivo registrada durante el año pasado. Es decir, la disminución del salario real asociada a una inflación que durante noviembre de 2016 alcanzó el 45 por ciento interanual, frente a aumentos salariales muy por debajo de tal cifra. En ese contexto, la pauta oficial del 20 por ciento busca servir de guía para todas las negociaciones a fin de llegar a un acuerdo en función de la inflación futura, desestimando la ocurrida previamente.

La caída del salario real durante la administración de Macri para los trabajadores en blanco fue del 11 por ciento. Según el IPC-CABA –elegido en ausencia de estadísticas nacionales para el período de análisis–, la inflación promedio acumulada a abril de 2017 alcanzó un valor de 54,2 por ciento, mientras que los salarios nominales se incrementaron en un 43,3 por ciento, de acuerdo al Índice de Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables del Ministerio de Trabajo.

No obstante, hemos de destacar dos omisiones relevantes: en primer lugar, si bien es cierto que la nueva administración tomó funciones formalmente a partir del 10 de diciembre de 2015, las declaraciones de los referentes de la Alianza Cambiemos respecto a la inminente devaluación del tipo de cambio generó que en las semanas posteriores a las elecciones de octubre se produjera una aceleración inflacionaria. Y en segundo lugar, el nivel promedio de inflación resulta inapropiado para estimar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en blanco, ya que no representa la canasta de consumo de estas familias.

Tomando en cuenta estas dos omisiones y manteniendo las mismas fuentes de análisis, se evidencia que la compensación por la caída del salario real debería ser mucho mayor. Respecto a las variaciones salariales promedio, el índice de RIPTE alcanza un crecimiento del 49 por ciento durante el período comprendido entre Octubre de 2015 y abril de 2017. En contraste, para el mismo período –y teniendo en consideración las especificidades de los patrones de consumo de las familias cuyo jefe o jefa es asalariado formal a través de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares–, la pérdida de poder adquisitivo estimada (de acuerdo a la inflación del IPC-CABA) es de 66,23 por ciento.

De manera que la pérdida salarial de 17,23% para trabajadores en blanco permite explicar en gran medida las caídas interanuales de las ventas minoristas. Por este motivo, si los convenios salariales no tienen en cuenta la pérdida de poder adquisitivo acumulada, es de esperar que los signos de recuperación del empleo y del consumo que se anuncian desde el Gobierno no se visualicen concretamente en la realidad del conjunto de los trabajadores.

* Investigador Celag.