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Atravesada por las inundaciones y con varias horas de demora, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, el ente autárquico que tiene como objetivo evitar las inundaciones que sufren cerca de un millón cien mil bonaerenses que habitan en los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes.
El proyecto impulsado por el ex diputado y actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que estuvo presente en el recinto de calle 8 y 51 junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, obtuvo media sanción y aguarda el tratado de los senadores, que a pesar de lo esperado, no sesionarán a lo largo del jueves, según pudo saber BuenosAires/12. Cuando lo hagan, y si es que votan por la positiva, los legisladores de la cámara alta definirán los cargos y repartirán las comisiones del Comité.
La media sanción del proyecto, que busca agilizar la ejecución de obras que aminoren los riesgos de inundaciones, estuvo acompañada por una serie de cambios que fueron impulsados por la oposición. Los opositores no lograron que alguien de su signo integre el directorio del Comité, pero junto a sus pares de Unión por la Patria, acordaron que las expropiaciones pasarán por la comisión Bicameral y saldrán por ley, y que los cargos del directorio serán desempeñados ad honorem. Además, establecieron que el 20 por ciento del presupuesto será destinado a la función estructural, mientras que el 80 por ciento restante estará destinado únicamente a las obras.
Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal advirtió que la creación del Comité de las cuencas "es una demanda de distritos del conurbano que no era nueva y que no tiene que ver con quienes conducen los municipios, sino con sus habitantes", y que llegaron a un acuerdo mediante "la negociación política", a la que encuadró como "una herramienta válida que no le tiene que llamar la atención a nadie". "Las leyes son producto de la construcción de mayorías, y para eso hay que ceder", remarcó.
Según explicaron varios de sus impulsores a este diario, la iniciativa también serviría para hacerle frente al parate de la obra pública que impulsó el Presidente Javier Milei. Además de resolver los problemas que acarrean las inundaciones, el proyecto hace hincapié en controlar la calidad del agua para evitar afectaciones en los habitantes cercanos. Si los senadores acompañaran de manera definitiva, el Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras podrá conseguir financiamiento con organismos internacionales.
El jueves pasado, el proyecto obtuvo dictamen favorable en cuatro comisiones de la Cámara de Diputados y contó con el acompañamiento de la bancada Libertad por Siempre, de Gustavo Cuervo, que al hablar indicó que "la actitud de decir 'cero Estado' no refleja el sentido común", ya que "hay que entender que hay determinadas actividades que necesariamente deben ser ocupadas por el Estado".
Citó como ejemplo el temporal de Bahía Blanca, donde "no hay discusión ideológica acerca de que el Estado debía estar presente", y dijo que el de las cuencas "es un problema similar". "¿Quién se va a ocupar de ese tema sino el Estado? no hay duda, son obras necesarias, urgentes y que no pueden ser postergadas. Si la herramienta es la creación de éste Comité, nosotros lo vamos a acompañar", explayó.
Del lado de los cuestionamientos, el diputado liberal Guillermo Castello dijo que el comité tiene "todas las características de una cajita feliz", y posó sobre su banca al envoltorio de la típica cadena de comidas rápidas. Si bien el proyecto fue desarrollado inicialmente por Cascallares, la legisladora de UxP Berenice Latorre fue quien lo presentó ante la legislatura bonaerense. La quilmeña, al tomar la palabra, tomó distancia de Castello y, en vez de una cajita feliz, desplegó un gráfico que demostraba el riesgo hídrico que representa la zona, en caso de continuar sin intervención.
La polémica por los fondos
Dijo que intervenciones como el túnel aliviador, el área de retención temporaria de excedentes hídricos, las estaciones de bombeo y las redes de desagües pluviales, no son posibles de realizar en la actualidad "porque la Provincia y los municipios no cuentan con esos fondos". En ese sentido, destacó la problemática de los fondos coparticipables, dijo que "de manera irresponsable se convoca a una rebelión fiscal contra la provincia de Buenos Aires", y culminó: "Si lo que buscan en este tipo de proyectos es rentabilidad económica no la van a encontrar, porque la rentabilidad es social. Queremos darle una respuesta estructural a los vecinos que viven a la vera de los arroyos y empezar a construir el sendero para hacer las obras que los barrios necesitan".
El renovador Alexis Guerrera advirtió en el recinto que el Comité "puede verse como una cajita feliz sólo para los que nunca administraron nada", y apuntó: "No podemos convalidar, con omisión o silencio, que desde el gobierno nacional propicien una rebelión fiscal, porque el pueblo bonaerense y su gobierno hacen un gran esfuerzo por suplir las ausencias de un gobierno nacional que le importa más una planilla Excel y el superávit fiscal antes que el costo social que eso representa".
Al referirse al debate fiscal, Cuervo que advirtió que "una cosa es plantear que la gente no lo va a poder pagar, y otra, excesiva, es salir desde la figura del Presidente a proponer una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires". "Es uno de los desatinos que vamos a marcar, a pesar de nuestra pertenencia, porque decidimos tomar el rol de acompañar desde la crítica y no desde la obsecuencia", agregó. Otros diputados, de diversos signos, se mantuvieron en la línea de analizar los impuestos provinciales sin hacer lugar a la rebelión propuesta por Milei, Espert y compañía.
Tras horas de debates, que incluyeron menciones a las inundaciones y el dengue, otra de las iniciativas que fueron votadas por la afirmativa por la mayoría de los diputados bonaerenses fue el proyecto de la senadora del UCR + Cambio Federal Lorena Mandagarán, que promovió la creación de una nueva Sala en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul.
El proyecto, que cuenta con uno similar para el departamento judicial General San Martin con asiento en el partido de Malvinas Argentina, ya contaba con media sanción de la Cámara Alta desde noviembre del año pasado, por lo que fue sancionado de manera definitiva.
Luego de las sanciones, la Cámara de Diputados bonaerense cumplió con la sesión especial que dispone la Ley 12.654 y conmemoró el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia. Los diputados, en sus discursos, llegaron a lugares comunes que pusieron a la democracia como eje rector de la política argentina.
