Los trabajadores del Conicet Rosario manifestaron su preocupación por la inminente finalización de 38 contratos y este miércoles reclamaron su renovación en una jornada de lucha nacional. Se trata de contratos que eran anuales y que desde diciembre, con la asunción de Javier Milei a la presidencia, se modificaron a trimestrales. Pero a pocos días de finalizar no hay notificaciones sobre su continuidad. A nivel nacional unos 1200 trabajadores del Conicet se encuentran en la misma situación y se estima que el número de trabajadores estatales que podrían quedar desempleados llega a 70 mil si se contemplan otras áreas del Estado. “Nosotros no podemos funcionar sin estos compañeros. No son prescindibles”, expresó la investigadora local, Marianela Scocco, en diálogo con Rosario/12. Desde el organismo también advirtieron que con los recortes presupuestarios en el área muchos institutos “no saben si llegan a junio”. En ese contexto, se espera una medida de fuerza de todos los sectores estatales que podría confirmarse para la próxima semana.
La jornada nacional en defensa del Conicet tuvo su réplica en la ciudad con una actividad que se realizó en el Centro Científico Tecnológico, en Esmeralda y Ocampo. Allí denunciaron que el organismo atraviesa “un proceso de ajuste brutal” que contempla recortes en becas, promociones e ingresos, y un congelamiento presupuestario a valores de 2023. Pero además señalaron que corren riesgo 38 puestos de trabajos “que pondría en serio riesgo el funcionamiento del organismo” en Rosario.
Según explicaron se trata de trabajadores administrativos y personal de apoyo que cumple diferentes tareas, y cuyos contratos vencen el próximo 31 de marzo. Históricamente estos contratos se renovaban de forma anual. Pero desde diciembre, con la firma del decreto 84 durante los primeros días de la gestión Milei, se estableció que esos contratos tengan una duración trimestral. A diez días de su finalización, ninguno de los trabajadores tuvo notificaciones sobre su continuidad, pero tampoco sobre su desvinculación.
“Son trabajos que vienen precarizados de hace mucho, pero hay personas que tienen más de 10 años de antigüedad y que renovaban anualmente su contrato. Esa renovación anual pasó a ser trimestral y a la fecha no están teniendo notificación de que sus contratos se vayan a renovar”, explicó Socco a este medio. “Hay grandes rumores de que van a recortar cerca de un 20% de esos contratos, lo que nos genera una preocupación enorme. La bajada nacional es que haya recortes en distintas áreas, pero no hay ningún criterio para aplicar estos recortes”, añadió.
El 30 de enero pasado, Conicet realizó una actividad de protesta por una situación similar. En aquel entonces eran 50 trabajadores que habían recibido la notificación de que sus contratos no serían renovados. Uno de esos despidos correspondía a una trabajadora de Rosario. “En ese momento iniciamos un plan de lucha y logramos revertir ese contrato en la ciudad de Rosario. Pero no fue así en todo el país. Es decir que en enero ya hubo compañeros despedidos en Conicet”, recordó la investigadora. Y agregó: “Ahora la situación es diferente porque no tenemos notificaciones. Hay mucha incertidumbre porque nadie sabe si en pocos días va a seguir teniendo trabajo”.
A nivel nacional son 1200 los trabajadores que se encuentran en esa situación. Pero la preocupación se extiende a otras áreas del Estado, donde el número de contratos a vencer se estima en 70 mil y con la posibilidad concreta de que haya recortes de personal. “Estamos pensando en hacer alguna actividad de unidad, porque esto nos afecta a todos los organismos del Estado. Hay que tener en cuenta que con esto no solo peligran puestos de trabajo, sino también el funcionamiento de cada uno de estos organismos. Nosotros no podemos funcionar sin estos compañeros. No son prescindibles”, expresó Scocco y agregó: “Son muchos despidos que generarían una recesión muy importante porque impacta de lleno en la economía de todos”.
Becas y presupuesto
La investigadora sostuvo que el ajuste está recayendo sobre la parte “más precarizada” del organismo. A los posibles despidos del personal administrativo y de apoyo se le suma el retraso en la publicación de los resultados de las becas doctorales, que debía anunciarse el pasado 12 de enero. En total eran 1300 becas que debían comenzar el primero de abril. Finalmente trascendió que serán unas 600 becas que iniciarían el primero de agosto. “No solo que se retrasó el inicio de la beca, sino que aún no se conocieron los beneficiarios. Pero además se van a entregar menos del 50% de las becas previstas”, denunció Scocco.
La situación se inscribe dentro de un congelamiento presupuestario. Es decir que el organismo debe funcionar con la misma cantidad de recursos otorgados durante 2023, con dos devaluaciones y una inflación que superó el 200%. El panorama es el mismo para las universidades públicas. En ambos sectores hay incertidumbre sobre cuánto tiempo se puede aguantar esa situación en un contexto inflacionario, donde además se prevén incrementos en las tarifas de los servicios.
“En diciembre, los directores de los institutos hablaban de que alcanzaba hasta junio. Después de eso hubo una inflación tremenda y ahora están diciendo que no sabemos si llegamos a mitad de año. Y esos son recursos que van para gastos de funcionamiento, pero también para pagar salarios”, describió Scocco. “Se está hablando de que ya no se va a poder funcionar, al nivel de que en pocos meses no se va a poder pagar la luz con este presupuesto. Por eso también, uno de los reclamos que venimos teniendo desde diciembre, y que llevamos a la par con los compañeros de COAD y la Universidad Nacional de Rosario, es que se renueve la partida presupuestaria para el 2024”, finalizó.
