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El gobierno de la Alianza Cambiemos supuso un giro de 180 grados en materia económica. El desmantelamiento de numerosas regulaciones estatales estuvo en línea con el discurso liberalizador. Por ejemplo, Macri derogó todas las normas que regulaban las inversiones, permisos de exploración y explotación en el sector hidrocarburífero. En los primeros días de gobierno, un decreto desarmó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. La disolución de ese ámbito, creado en 2012, implicó un fuerte repliegue estatal en la materia.
El siguiente paso fue, en enero de 2017, la suscripción del “Acuerdo para la Transición de Precios Internacionales de los combustibles” con las petroleras. El convenio establecía un ajuste trimestral en el precio de los combustibles de acuerdo con la evolución de determinadas variables (precio internacional, tipo de cambio).
El 26 de septiembre, el ministro Juan José Aranguren sorprendió anunciando la suspensión del Acuerdo. En su reemplazo, el titular de la cartera de Energía adelantó la liberalización total del precio de los combustibles a partir del 1º de octubre de 2017.
El objetivo oficial es facilitar la convergencia de los precios internos con los internacionales. Este esquema librecambista tiene sus “contradicciones” ya que la tarifas gasíferas de la Argentina son muy superiores a los precios internacionales. El integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) Marcos Rabasa explica en Adiós al autoabastecimiento que “los valores de estas tarifas siguen sostenidas por la remuneración del gas a las petroleras, subsidiada por todos los usuarios y garantizada y sostenida también por el Estado. Las compensaciones al oligopolio petrolero expone también con claridad las contradicciones entre los principios alegados de competitividad y alineamiento con los precios mundiales, con la realidad de protección estatal a los precios especiales del gas a los usuarios, sin justificación en sus costos, que implican cuantiosas ganancias de las empresas petroleras”.
La política liberalizadora oficial también implica dejar en un segundo plano el objetivo del autoabastecimiento enérgico. La meta establecida a partir de la recuperación del control de YPF fue reemplazada con el concepto de “seguridad energética”, señala un documento del Observatorio de Tarifas dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
Ese cambio no fue sorpresivo. Aranguren lo había adelantado en una entrevista realizada a mediados de 2015. En esa oportunidad, el entonces referente energético de Cambiemos sostuvo que “no es tan relevante recuperar el autoabastecimiento o la autonomía hidrocarburífera, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por tener seguridad energética”.
En otras palabras, las petroleras pasaron a tener vía libre para definir su estrategia comercial. En cada momento, las compañías evaluarán que les conviene (importar o producir) con independencia de las necesidades nacionales.
Los números de los primeros ocho meses de 2017 son bastante elocuentes. La producción de petróleo resultó 7,7 por ciento inferior en términos interanuales. Los especialistas estiman que este año culminará con la más baja producción de crudo desde 1990. La política oficial “se parece más a la seguridad energética de Shell”, concluye el informa del OTA.
@diegorubinzal
