Marzo viene siendo temporada alta de renuncias en el Gobierno. La polémica por las presiones de Cancillería para evitar sanciones sobre un buque de capitales chinos que pescaba de forma ilegal en mar argentino provocó la tercera salida en menos de 24 horas. Julián Suárez dejó la Dirección de Fiscalización Pesquera y produjo un efecto dominó: le siguieron Pablo Ferrara Raisberg, coordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores y familiar político de Diana Mondino, y más tarde Guillermo Abdala Bertiche, quien hasta este miércoles se desempeñó como director nacional de Acuicultura.

Ferrara Raisberg había sido apuntado por Suárez como el autor del llamado desde Cancillería que pidió concretamente que el buque en cuestión no sea obligado a regresar al puerto de Usuhaia para ser allanado, con la consecuente apertura de un sumario. El buque había sido caputrado con 136 toneladas de merluza negra, una especie tan codiciada como en amenaza de extinsión. Como no tenía autorización para explotarlo, la empresa pesquera, de nombre Prodesur S.A, se expuso a una multa millonaria. Ferrara Raisberg --que es familiar político de Mondino-- levantó el teléfono para evitarlo, en un hecho inédito en la historia reciente y en sintonía con las intenciones de desregular al sector que ya había expuesto el Gobierno en la versión original del proyecto de Ley Ómnibus, que incluía la derogación de la Ley General de Pesca. 

El señalamiento de Ferraro terminó por sepultar a Ferrara Raisberg, aunque al cierre de esta edición decían cerca de Mondino (está de gira por Vietnam) que "todavía estamos analizando" el pedido de renuncia, pese al tamaño del escándalo, que no tiene antecedentes recientes. "Nunca vimos un caso así en varios años. No se puede creer que no se le quiera aplicar la ley a un buque al que se lo detecta depredando en el mar argentino", relataban fuentes ligadas al sector pesquero. La magnitud del traspié hizo que el siguiente en renunciar fuera Abdala Bertiche, quien dejó la dirección nacional de Acuicultra. 

Según fuentes allegadas a Ferraro, su salida se produjo porque se negó precisamente a no aplicar las regulaciones vigentes a la explotación pesquera. Además, denunció haber recibido presiones para presentar un listado con más de 50 despidos en su área, que cuenta con alrededor de 350 trabajadores. 

Ferraro había llegado al cargo durante la gestión del Frente de Todos, pero Milei le pidió que se quedara. Aceptó, pero puso como condición que no haya despidos ni que se desregule la actividad. Duró apenas cien días. "Estamos hablando de una actividad de la que dependen 100 mil puestos de trabajo y le generan al país dos mil millones de dólares en exportaciones. No se puede hacer cualquier cosa para beneficiar a las potencias", dicen cerca suyo.