En 2023 se deforestaron más de 8 mil hectáreas en Salta, sin que hasta el momento se conozca el proyecto provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que está vencido desde 2014.

Aunque el proyecto ya fue elevado por el equipo técnics a cargo, se desconoce si se elevó a no a la Legislatura Pprovincial, en donde debe ser aprobado por ley. En el medio, desde el año pasado y de forma ininterrumpida, se siguen realizando audiencias por pedidos de permisos de desmontes en distintos lugares de la provincia.

En este contexto, las denuncias por la continuidad de la actividad deforestadora vinieron de la mano de Greenpeace, que advirtió que en 24 años, en toda la Argentina se desmontó una superficie similar a la de la provincia de Formosa.

Mientras, durante todo 2023 el desmonte “en el norte de Argentina alcanzó las 126.149 hectáreas (Chaco, 57.343 hectáreas; Santiago del Estero, 42.871 hectáreas, Formosa, 17.409 hectáreas y Salta, 8.526 hectáreas)”. La organización ambientalista explicó que la detección de esta actividad se hizo por comparación de las imágenes satelitales para el monitoreo de desmontes que tiene a su cargo.

“El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, y que empeorarán si no actuamos rápido. En ese sentido, más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advirtió el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las enfermedades, se advierte que una de las que se extendió en el país (y que en el norte es endémica desde hace décadas) es el dengue.

Giardini analizó que “es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios. Es hora de penalizar la destrucción de los bosques”, agregó.

Los datos revelan que la pérdida de bosques en el norte del país en 2023 fue superior a la del año anterior (cuando se desmontaron 118.805 hectáreas). En la provincia del Chaco, la totalidad de los desmontes durante el año pasado fue ilegal, dado que rige una suspensión establecida por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, por la falta de actualización de su OTBN. Mientras que en Santiago del Estero el 80 por ciento de los desmontes fueron ilegales, ya que se realizaron en lugares donde no está permitido.

Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclamó una vez más la penalización de los desmontes y los incendios forestales, “para que haya prisión efectiva a quien destruya nuestros bosques nativos”. Y anunció que seguirá alerta ante posibles nuevos intentos de modificar la Ley de Bosques.

“Es muy preocupante que desde el gobierno nacional hayan intentado flexibilizar la Ley de Bosques y que, en la misma línea, los gobiernos de Salta y Chaco están promoviendo que las actualizaciones de sus leyes provinciales sean más permisivas a los desmontes. No podemos seguir perdiendo bosques”, afirmó Giardini.

Una vez más la ONG cuestionó los métodos del OTBN propuesto por el equipo técnico, afirmando que permitirá que zonas que deberían ser conservadas sean desmontadas.

Greenpeace recordó que con la participación de más de 260.000 argentinos de todo el país, el año pasado realizó una consulta popular durante tres meses para conocer si la ciudadanía está de acuerdo con penalizar desmontes ilegales e incendios forestales. El resultado fue contundente: el 99 por ciento votó por el sí.