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“Hay una parálisis total de la política pública desde el 10 de diciembre” dice Ingrid Manfred, Secretaria General ATE Desarrollo Social, un organismo que quedó bajo la órbita del superministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello y que hoy lleva el nombre de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En su planta hay un 70% de de trabajadoras mujeres y disidencias que esperan una inminente ola de despidos a fin de mes, justo cuando el calendario marca un fin de semana extra largo. Se especula con que ése sea el momento elegido por el gobierno nacional para seguir con su hoja de ruta de ajuste ficticio a la casta. La peripla comenzó con el entorpecido paso por el poder legislativo -con DNU y Ley de Bases bajo el brazo- y pareciera continuar con masivos despidos a trabajadorxs de un Estado al que pretende convertir en tierra arrasada.
La escena se repitió durante estos 100 días de gobierno: la vocería presidencial denuncia que determinado organismo no funciona, mal gasta el dinero y está atestado de ñoquis. Esta información puede llegar a ser desmentida pero ya no importa demasiado, mientras suceden las auditorías o se presentan datos concretos sobre el funcionamiento del organismo en cuestión, la solución ya esta ejecutada: ¡afuera!. Así como sucedió con el INADI, Télam, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena o el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Si no es cierre es recorte, así fue con organismos como la Agencia Nacional de Discapacidad o como esta sucediendo con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Uno de los focos está puesto en el súper ministerio de Sandra Petovello, que a su poca experiencia en la gestión estatal se le suma su gran empeño en trabajar sola y en linea directa con Javier y Karina Milei. Así lo devela el perfil de la ministra publicado en el último número de la revista Crisis. En su cartera está el interruptor que activa la reducción radical de las provisiones del Estado: alimentos para comedores, prestaciones sociales, asistencias frente a urgencias climáticas y, hasta hace muy poco, medicamentos que ahora pertenecen a la gestión del ministerio de salud devenido en secretaría.
El manual del despido
Esta semana circuló un mensaje no oficial difundido por Whatsapp que funcionaba como instructivo para los despidos y estaba destinado autoridades de registros, secretarías y subsecretarías con el paso a paso para echar estatales: “Si bien el mensaje no es oficial no quiere decir que todo lo que se dice allí no sea verdad. La semana que viene culminan gran parte de los contratos de muchísimos de los y las trabajadoras del Estado Nacional a quienes la gestión de Milei decidió renovarles en diciembre por un lapso de tres meses. En Desarrollo Social estamos hablando de un 60% de la planta” explica Ingrid Manfred y agrega “acá hay un 60% de trabajdorxs en esas condiciones y eso se repite en otros organismos del Estado. Este es un problema que acarrea el empleo público en términos de regulación y es por eso que vos podés encontrar trabajadores en estas condiciones con 15 o 20 años de antigüedad en una situación precaria en donde les renuevan los contratos anualmente” dice en diálogo con Las12.
Aunque el presidente se había jactado -ya asumido él y con la ministra nombrada- de que Petovello sería la elegida para tener la “billetera abierta”, nada de eso sucedió. La billetera está más cerrada que nunca: a la falta de entrega de alimentos a los comedores y la irregularidad en la entrega de medicamentos se le suma una inminente ola de despidos a las contrataciones denominadas resolución 48 o artículo 9.
La inacción y los "no nombramientos"
El mecanismo que arrasa con la política social incluye una estrategia novedosa: los no nombramientos. La interlocución entre lxs trabajadorxs y los funcionarios está completamente interrumpida porque la mayoría no cuenta con el nombramiento formal y por lo tanto no tienen firma. Es así como en el mega ministerio de Capital Humano la firma de Petovello es casi un cuello de botella. Mientras tanto, funcionarios y funcionarias desfilan en un paisaje de inactividad y estado de parálisis hasta que: o renuncian o los echan. Desde el Ministerio afirman que logran tener “ciertos acuerdos con los jefes” pero que no duran mas que unas semanas en el puesto y se van. Lo que hace que la negociación tenga que comenzar desde cero. Esto provoca un desgaste psicológico muy grande en trabajadorxs que están siendo carne de cañon.
El tumultuoso desfile de políticos en la gestión estatal libertaria sucede en rangos altos, medios y bajos. A lo largo de los 100 días de la gestión MIlei pasaron fugazmente Guillermo Ferraro, Omar Yasim, Armando Guibert, Geraldine Carvella. A principios de mes, la sangría de funcionarios había corrido en el Ministerio de Capital Humano. Allí renunciaron tres funcionarios clave provenientes del PRO. El último fue Rodrigo Aybar, responsable de la implementación y recortes del plan Potenciar Trabajo.
Desmantelamiento federal
A principio de mes, la ministra Petovello anunció a través de un comunicado el cierre de los Centros de Referencia (CDR), un total de 59 en todo el país que tienen la función de acercar políticas públicas a la gente: 22 en la provincia de Buenos Aires y 37 distribuidos en el resto de las provincias: “Esto implica 600 despidos y el desmantelamiento de una política pública federal”, explica Ingrid y agrega: “Quiere decir que si alguien quiere consultar por un Potenciar Trabajo, se le incendia la casa y necesita asistencia o es víctima de una inundación y no tiene acceso a la ciudad de Buenos Aires no tiene la posibilidad de acercarse a ninguna oficina estatal para tratar este tipo de problemáticas”. La respuesta de la gestión fue poner a disposición un 0800 para reemplazar equipos técnicos y trabajadorxs sociales. La política pública social llevada a un call center.
¿Qué pasa con los medicamentos?
El 19 de febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial la decisión administrativa con la firma del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de traspasar la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) de Capital Humano a Salud. La DADSE es el organismo que recibe solicitudes de medicamentos de personas que no tienen acceso a ellos, o bien porque carecen de obra social o porque en el hospital no entregan el medicamento requerido.
Florencia Braga Menéndez, es Directora de Proyectos de ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes, quien asegura que desde el 10 de diciembre se frenó la entrega de medicamentos: “Decidieron hacer una auditoría frenando todo, vos podés auditar un cuartel de bomberos sin dejar de apagar incendios. En algunos casos, dejar de entregar medicamentos equivale a volver a foja cero, porque la realidad es que el trámite es engorroso. Una de las razones es porque no hubo nadie con firma en esa dirección para entregar medicamentos. Lo que dicen ahora es que sí los entregaron pero lo hicieron porque hubo muchísimos casos judicializados”.
“El 8 de Marzo el Ministro de Salud nos recibió y nos dijo que iba a haber entrega de medicamentos. Pero a los pocos días, sacaron un comunicado denunciando que había una campaña mediática. No hubo campaña, era gente rogando por su vida”, explica Braga Menéndez y asegura que la primera licitación salió el 28 de febrero lo que implica más de 60 días de inacción: “No solo afecta a pacientes oncológicos ya que hay patologías que no son mortales pero que el deterioro y aumento de la discapacidad por falta de medicamento es muy grave. En este sentido las organizaciones de pacientes, dejaron asentado en un comunicado la cronología de los hechos que sucedieron a partir de la gestión de Javier Milei.
