El gobierno dejó trascender este jueves que implementará por decreto una nueva fórmula jubilatoria que comenzará a regir a partir del mes próximo para cobrarse en mayo. Si bien todavía no hay detalles, trascendió que los haberes se actualizarán con el Índice de Precios al Consumidor y junto al primer pago se sumaría un porcentaje adicional por única vez, que podría estar entre 12 y 15 por ciento para compensar la pérdida de poder adquisitivo que provocó la megadevaluación en el primer trimestre.
Como el IPC se difunde a mediados de mes, se tomaría el dato de inflación con dos meses de atraso. Esto significa que en abril los haberes ajustarían con la inflación de febrero que fue 13,2 por ciento, pudiendo llegar el aumento al 28,2 por ciento si finalmente se otorga una suba adicional de 15 puntos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había descartado el martes pasado la posibilidad de que el gobierno aplique una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). "Por ahora, la fórmula por DNU no es una alternativa porque creemos que el debate es algo que se debe dar entre todos los sectores, que debe dar la política", sostuvo el portavoz en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
La intención inicial del gobierno era que la nueva fórmula se aprobara por ley para que tuviera mayor legitimidad. De hecho, el 14 de marzo filtraron un nuevo borrador del proyecto de Ley Ómnibus que incluía un apartado destinado a la actualización jubilatoria. Allí se planteaba introducir una actualización mensual por IPC a partir de abril más un 10 por ciento por única vez, que ahora podría llegar hasta un 15 por ciento.
En las negociaciones iniciales la oposición dialoguista reclamara que ese porcentaje fuera al menos del 20 por ciento y otros reclamaban que se compense toda la pérdida del primer trimestre. Los legisladores argumentaban que 10 por ciento era insuficiente si se toma en cuenta que el ajuste que recibieron los jubilados en el primer trimestre fue de 27,2 por ciento contra una inflación que podría llegar al 60 por ciento en tres meses. Si se confirma el 60 por ciento, para lo cual falta conocer la inflación de marzo, la pérdida sería de 32,8 puntos porcentuales y el gobierno compensaría 15 puntos en el mejor de los casos. El resto forma parte de la licuación que ayudó a lograr el superávit financiero en el primer bimestre.
Como la negociación con la oposición permanecía trabada, el gobierno finalmente pareciera haberse decidido a avanzar por decreto ya que quieren empalmar el último aumento otorgado con fórmula actual y no tener que esperar hasta junio para hacerlo.
Por el momento continúa vigente la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. La misma determina la suba de haberes al calcular la suma del 50 por ciento del aumento trimestral de la recaudación de ANSES y el 50 por ciento de la variación de los salarios. En un escenario de inflación creciente esa fórmula resultó fallida porque los jubilados corrían de atrás ya que se les actualizaba trimestralmente en base a los datos del trimestre previo. Por eso el gobierno de Fernández empezó a otorgar bonos para compensar esa pérdida, aunque esos bonos solo los recibieron completo quienes cobraban el haber mínimo.
