El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina expresó este jueves su rechazo a la denuncia que el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, presentó contra las autoridades del Tribunal de Cuentas provincial, a las que acusó de "omisión" en actos de corrupción.
El mes pasado, Leguizamón realizó una denuncia penal en contra del presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Javier Ramos, y las vocales Matilde Menéndez y Romina Gaitan por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. También dijo que impulsará juicio político.
Este jueves, el Secretariado de alcance nacional rechazó la actitud de Leguizamón, en un documento firmado por el presidente , Sergio Tomas Oste, la vicepresidente primera, Nora Juncos Millone, y la vicepresidente segunda, Fabiola Bianco, que recuerda que los únicos funcionarios enjuiciables a través del juicio político son el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
El texto también señala que la denuncia que promueve el juicio político contra los titulares del Organismo de Control Externo de la Provincia "se materializa en inobservancia a la ley y la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, violentando las garantías individuales para la legítima defensa y socavando las instituciones de la República, que garantizan el control legítimo sobre la recaudación y aplicación de los dineros públicos".
Según el Secretariado, se trata de "un caso concreto de gravedad institucional". El "inadecuado" procedimiento utilizado contra los miembros del organismo técnico, dice el documento, se está utilizando "como un elemento de presión y como método para condicionar y disciplinar la actuación de los miembros del Tribunal en oportunidad del control que les compete, colocando a su vez al Tribunal todo en un estado de vulnerabilidad inaceptable en un sistema republicano en el que la independencia de poderes debe respetarse a ultranza".
En ese sentido, el texto también llama la atención sobre "el hostigamiento público, persecución y turbación a quienes deben examinar y juzgar la rendición de cuentas de los denunciantes" y dice que "merece el absoluto rechazo y repudio por parte de este Organismo y de las Instituciones Públicas".
Por eso, en el documento se resuelve "rechazar cualquier intento de avasallamiento a la independencia y/o interferencia al ejercicio de las facultades y obligaciones asignadas por la Constitución Provincial y ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz en el control de la aplicación y ejecución de los fondos públicos".
También "rechazar las acciones llevadas adelante, con el propósito de destitución del Sr. Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, así como los procedimientos llevados a cabo de manera irregular, irrazonable e intempestiva sustentados en fundamentos que denotan una manifiesta ilegitimidad y un ataque infundado a su institucionalidad".
Por último, resuelve "disponer por parte de este Secretariado el seguimiento de la situación institucional que vive el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz de manera de preservar el control de los dineros públicos de cualquier situación política coyuntura".
