“Está muy bueno que alguien quiera interesarse sobre la vida de las personas que tienen los parientes o esposos o hijos detenidos, porque parece que a nadie le importa, que el preso es el más marginado del mundo”. Las palabras de María dan comienzo a una conversación sobre las condiciones de detención de su marido en Piñero, y si bien no está en los pabellones en los que se denunciaron las torturas la semana pasada, su voz desesperada avanza como una catarata para contar sobre la comida incomible, los baños sucios, las demoras para el ingreso de las visitas, las humillaciones.

“Piñero es la peor cárcel, y los que entran ahí, salen más dolidos por todo lo que les hacen”, sigue María. Los relatos se repiten. Claudia y con Vanesa son madres de jóvenes detenidos en la misma Unidad penitenciaria provincial, ninguno de ellos calificado como presos de “alto perfil”. Ninguna quiere dar su nombre completo, por miedo a las represalias que puedan sufrir sus familiares adentro. Cada vez que sus hijos o maridos sufren golpes y torturas, ellas se desesperan afuera. 

Expresan sus demandas aún contra un sentido común que hoy festeja el castigo para quienes delinquen. “Mi hijo no es narco, no es violador, no es sicario. A él lo arruina la droga, es adicto”, cuenta Claudia. Hasta a ella la alcanza el humor social que indica que los presos de “alto perfil” deben sentir el rigor.

“Les dan una comida que ni siquiera los perros comerían y no te dejan entrar nada. A las visitas les cortaron todo el ingreso de comida. No puede ser que una no pueda llevar unos fideos con salsa para comer con ellos”, relata María.

“La comida tiene gusanos, nadie puede comer eso, pero como no tienen otra cosa, lo tienen que comer”, describió Vanesa. La decisión de impedir el ingreso de comida fue tomada por el gobierno provincial apenas asumió, debido a las dificultades para las requisas.

Carina suma el deplorable estado de los baños: sucios, sin papel higiénico. “La gente cree que a los detenidos les pagan, pero no es así. A mi marido no le pagan nada”, sigue María. 

“La visita de este martes se demoró un montón, estuvimos desde las 7 a las 3 de la tarde para entrar”, dice Claudia, que está pensando en viajar a Buenos Aires para pedir una audiencia con Patricia Bullrich, en su intento de ser escuchada. Hoy mismo planea encadenarse en los Tribunales de Rosario para que trasladen a su hijo a la cárcel de Coronda, otro penal provincial, ubicado a más de 100 kilómetros de Rosario. “Estaré más lejos para ir a la visita, pero también más tranquila por la situación de mi hijo”, dice Claudia. Piñero está 14 kilómetros al sudoeste de Rosario.

El 5 de marzo, un grupo de mujeres, familiares de detenidos, se manifestó frente a gobernación para reclamar por las condiciones de detención. Tres patrulleros se apostaron para vigilar su concentración. 

El endurecimiento de las condiciones de detención fue anunciado por el gobierno de Maximiliano Pullaro que envió, apenas asumió, un paquete de leyes a la Legislatura provincial. Entre ellas, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, sancionada en diciembre pasado.

En esa ley, el artículo 32 dispone que “en caso de ruptura de las condiciones mínimas de convivencia y para preservar la Integridad física de los internos, la autoridad penitenciaria podrá disponer el aislamiento provisional hasta por quince días corridos de uno o más internos, o en las mismas condiciones ordenar el aislamiento en propia celda de la población total del sector afectado”. Eso es lo que viene ocurriendo en forma casi permanente en pabellones enteros desde diciembre. A veces, cuando interviene el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, se levanta el aislamiento por un día pero luego se repone.

Ese aislamiento se hace en lo que se llama “buzones”, celdas muy pequeñas, pensadas para alojar a una persona en un espacio mínimo que, por la sobrepoblación carcelaria, llegan a tener dos y hasta tres detenidos. “Los buzones están llenos de infecciones, mi hijo está todo lleno de forúnculos”, cuenta Carina. Allí se concentra basura, aguas servidas y ratas.

A Carina le dijeron que la orden en las cárceles provinciales de Santa Fe es “tortura para todos”. Esta semana se conoció una denuncia penal presentada por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal por torturas cometidas en tres pabellones de la cárcel de Piñero y en una unidad penitenciaria de Pérez. La presentación se hizo ante la Fiscalía de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, y deberá seguir su curso. “Pedimos una investigación imparcial, efectiva y acorde a las normas internacionales sobre torturas suscriptas por la Argentina”, dijo la titular del Servicio de la Defensa, Estrella Moreno Robinson.

Desde el Servicio Penitenciario provincial relativizaron las denuncias. La titular del área, Lucía Masneri, relativizó las denuncias y las atribuyó a la pérdida de privilegios de lo que ellos llaman “presos de alto perfil”.

Otra mirada sobre lo que ocurre en las cárceles de la provincia de Santa Fe la ofrece una docente de instituciones en contexto de encierro. “Nunca fue flexible la cuestión de la educación, pero ahora se ha puesto más rígida, a los alumnos los estamos viendo una vez por mes. Y para nosotros no son presos, son sujetos que tienen en la escuela un espacio de confianza, de crecimiento”, dice una docente de las escuelas de educación para adultos que trabaja en varios penales de la zona. También se preserva su nombre.

En la nueva ley de ejecución penal, la educación es parte de la etapa de “tratamiento”. “Es complejo porque estamos en la intersección de dos Ministerios, Seguridad y Educación. Y en este gobierno, prevalece siempre Seguridad”. La misma docente asegura que siente más temor con el grupo Guardia Operativa de la Restitución del Orden (GORO), que la custodia a la entrada y salida de la unidad, que con los detenidos.

 

En la provincia de Santa Fe, la semana pasada, había 9.599 personas privadas de su libertad en unidades penitenciarias y 1.401 en comisarías. Como publicó el programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, a fines de 2023 la tasa de encarcelamiento en Santa Fe llegó a 290 presos cada 100.000 habitantes, cuando una década antes era de 135. El crecimiento fue de 115 por ciento en diez años. Desde su trabajo constante para denunciar la poca eficacia de las políticas de mano dura, indican que “en el ámbito penitenciario se impulsaron restricciones que incluyen el incremento en la cantidad y la intensidad en las requisas, la limitación de las visitas, la prohibición de ingresos de bienes y la restricción de las actividades a las que pueden acceder las personas privadas de su libertad en las cárceles de la provincia”. 

Desde ese programa universitario, alertan que “estas medidas se implementaron, en principio, en los ‘presos de alto perfil’, una categoría administrativa recientemente legalizada de un modo vago y ambiguo, y sin mecanismos de control judicial de las decisiones penitenciarias al respecto. Si bien estas medidas tenían el objeto de generar mayor control sobre este grupo en particular, sus efectos se han comenzado a extender más allá de éste, reforzando prácticas de restricción del ejercicio de derechos de las personas privadas de su libertad”.