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El gobierno de Javier Milei quiere darles una carta blanca a las Fuerzas Armadas para que vuelvan a las calles a patrullar, controlar vehículos y detener personas. El argumento ya no es la lucha contra el narcotráfico en Rosario, sino el supuesto de que estarán en combate con el “terrorismo”. La novedad fue anunciada en una conferencia de prensa por el ministro de Defensa Luis Petri, que días antes había reivindicado el rol de los militares durante la dictadura y trazado un paralelismo entre lo que hicieron en aquellos años y en la tarea que se les encomendará –si el Congreso aprueba la reforma– en la provincia de Santa Fe. La vicepresidenta Victoria Villarruel –históricamente embanderada con la familia militar– aprovechó para desmarcarse de la iniciativa de quien se quedó con el ministerio que ella pretendía conducir políticamente. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir civiles. Creo que quedó claro con el tema de los ‘70”, salió al cruce.
Petri mandó efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a Rosario, donde en las últimas semanas se registraron cuatro asesinatos y 30 en lo que va del año. Pero, según él, que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico a las fuerzas de seguridad no es suficiente. Por eso, promueve un cambio en la ley de Seguridad Interior –aprobada en 1991– para darles mayores facultades a los militares –lo que no necesariamente cae bien entre los uniformados.
“Estamos modificando la ley de Seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverles la tranquilidad y la paz a los rosarinos”, dijo desde la Casa Rosada junto a Patricia Bullrich, su excompañera de fórmula y quien negoció con Milei su llegada al Ministerio de Defensa.
Según comunicó Petri, las Fuerzas Armadas van a intervenir si el comité de crisis –que crea la ley de Seguridad Interior– califica la situación como constitutiva de “terrorismo”. Eso implicará tener el visto bueno del gobernador de la provincia en cuestión. En este caso, Maximiliano Pullaro ya había abrazado la idea de una reforma para que llegaran los militares, aunque reclamó capacitación para ellos.
A Villarruel –como ya había contado este diario–, la idea de Petri no le gusta nada. “En los ‘70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, lanzó la militante por la “memoria completa”.
Los pormenores
Con la reforma que impulsa Petri, las Fuerzas Armadas quedarán habilitadas a realizar patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y detenciones en flagrancia. “Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber”, se atajó el ministro de Defensa ante los cuestionamientos internos de que los militares deberán responder porque no están habilitados a “combatir” con civiles.
Durante la conferencia, Petri buscó no hablar de narcotráfico sino de actos terroristas. De esa forma, se subió a una ola que no es nueva y es la que inauguró Estados Unidos después de los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Las diferencias son abismales, pero hay una que es particularmente importante: Washington no libra la llamada “guerra contra el terrorismo” con las Fuerzas Armadas dentro de sus propias fronteras.
“Todos los países del mundo utilizan sus Fuerzas Armadas para el combate del terrorismo, la Argentina es una excepción”, resaltó. “Con la legislación actual argentina, las Fuerzas Armadas israelíes el 7 de octubre no hubiesen podido intervenir en la Franja de Gaza. Fíjense la locura ideológica a la que han sometido a las Fuerzas Armadas, que son fuerzas de la democracia y son fuerzas de la Constitución y van a actuar con todo el amparo y el respaldo de la ley”, siguió el funcionario. En ese mismo sentido, Petri había dicho dos semanas atrás al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que estaba trabajando para que Hamas fuera considerada una organización terrorista por el gobierno argentino.
Lo que parece proponer el gobierno de Milei se corre de las experiencias de empleo de las Fuerzas Armadas en la región, como sucedió en México. Allí los militares se involucraron para luchar contra los carteles de droga porque entendían que las fuerzas de seguridad no tenían en suficiente poder de fuego ni la organización para enfrentar semejante amenaza, explica el abogado Roberto López, asesor en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. No estaban librando una lucha contra el terrorismo –como acá propone Petri. “Terminó muy mal esa experiencia. De hecho, la única fuerza que continúa trabajando es la Armada porque tanto la Fuerza Aérea como el Ejército fueron totalmente penetradas por el narcotráfico y hoy son dos fuerzas corruptas e inútiles”, añadió.
“Aparentemente, el objetivo de la administración del Presidente Milei es bajar el nivel de adiestramiento de las Fuerzas Armadas a niveles policiales, con lo cual cambiaría su misión principal, que es defender la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación, que son los intereses vitales del artículo 2 de la ley 23.554, que tiene como objeto el instrumento militar argentino. Esto seguramente esté vinculado a presiones externas en función de requerimientos de otras potencias”, advirtió López.
Poco entusiasmo
Petri viene preparando la cancha para hablar sobre “terrorismo” desde hace tiempo. “Hay un hilo (conductor) entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”, dijo el martes en un acto que se organizó en el Círculo Militar. En el auditorio estaban, entre otros, Cecilia Pando, que reclama la reivindicación de los militares que actuaron durante la dictadura y su liberación. Al término de su discurso, Petri se fotografió junto a la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) –como llaman a los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer personas– y a esposas de condenados por crímenes contra la humanidad.
Ni siquiera Pando está muy entusiasmada con el proyecto que impulsan Petri y Bullrich –y que habrá que ver si consigue los votos en el Congreso para reformar parte de las leyes que hacen al consenso democrático de mantener a los militares lejos de la seguridad interior y de la inteligencia. “Espero que les den todas las garantías necesarias para no terminen presos como sucedió con los militares que combatieron al terrorismo marxista”, escribió en su cuenta de X. A pesar de sus diferencias personales, Pando y Villarruel piensan parecido en este tema.
En el Congreso remarcan que quieren ver el proyecto. Por ahora, no es más que un anuncio. El ministro estimó que la iniciativa se enviaría a mitad de la semana próxima. Sorprendió que haya adelantado el anuncio y que se hiciera –junto con un paquete represivo impulsado por Bullrich– tres días antes de que se cumplan 48 años del golpe de Estado. Será difícil que Villarruel junte votos en el Senado para un proyecto del que descree.
