Mediante un proyecto de declaración de los senadores Diego Cari, Manuel Pailler, Luis Altamirano, Miguel Calabró, Dani Nolasco, Walter Cruz y Walter Wayar, el Senado de Salta repudió la decisión del gobierno nacional de cerrar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
En el proyecto los senadores destacaron por un lado, la pérdida de puestos de trabajo trabajo y por el otro, el aporte que estos organismos hacen al diseño de políticas que fomenten el desarrollo económico de la agricultura familiar e indígena y a la pesca artesanal, y solicitó al Eecutivo provincial y a los legisladores nacionales por Salta que agoten las instancias para defender el interés de la pequeña producción rural.
El tratamiento del proyecto generó el más extenso intercambio en la sesión de ayer, con senadores que se turnaron para defender el trabajo de los equipos técnicos del INAFCI y para cuestionar "el desguace del Estado" que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
El representante del departamento Guachipas, Diego Cari, empezó cuestionando al vocero presidencial Manuel Adorni. “Quizás este señor que está en Buenos Aires no conoce cuáles son las funciones del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, nosotros sí sabemos porque muchos de esos técnicos a los que este señor trató de vagos, de ñoquis, que son más de 900”, son ingenieros, veterinarios, sociólogos, “que cumplen una función muy importante en la provincia”, y son los que llevan a cabo más de 200 mil unidades productivas en todo el país, afirmó.
El senador subrayó que técnicos y técnicas de Agricultura Familiar cumplen una función importante para ayudar a organizarse a las y los pequeños productores. Afirmó que el gobierno nacional se equivoca cuando dice que estos técnicos no trabajan. "Nosotros los conocemos, muchos de ellos Hacen mucho territorio", representan una "solución a esas familias que por ahí no pueden pagar la asistencia de un profesional”. “Necesitamos de este Instituto”, el 60% de los alimentos frescos que se consumen en el país vienen de esa producción a pequeña escala, insistió antes de preguntarse cómo hará la provincia para cubrir ese apoyo a la pequeña producción.
Miguel Calabró, de Vaqueros, también destacó que las familias campesinas producen la mayor parte de los alimentos frescos que se consumen y venden en los centros urbanos. Repasó casos puntuales de acciones exitosas llevadas a cabo en la provincia y afirmó que el Senado "no puede quedarse callado ante esto", pero además de reclamar, se debe pensar cómo, "desde el presupuesto provincial, desde los productores más grandes”, "usamos el ingenio desde Salta para compensar este cierre, cómo hacemos para que no se caiga” esta política pública.
El senador Manuel Pailler, del departamento San Martín, también destacó que el cierre de estos organismos repercutirá en Salta, no solo con la pérdida de puestos de trabajo, sino sobre todo con las varios miles de personas que viven de la producción rural a pequeña escala. “Esta decisión del gobierno nacional que ni siquiera conoce lo que es el interior del país (...) es parte de un proyecto de desguace y de entrega del país”, sostuvo.
Sonia Magno, de San Carlos, alabó el trabajo de Agricultura Familiar en el Valle Calchaquí. “Han trabajado mucho con las familias del Valle”. “Ese trabajo que hacen en el terreno es para aplaudirlos”, afirmó.
El senador por Iruya, Walter Cruz, perteneciente al Pueblo Nación Kolla, trajo un momento de emoción, no común en el Senado. Empezó repasando datos duros sobre la cantidad de familias pequeñas productoras rurales de Salta, unas 10 mil o poco más, que con problemas para el acceso a la tierra y a servicios esenciales, y en condiciones de "gran asimetría en sus relaciones con el mercado”, sostienen el 73% de las explotaciones agropecuarias de la provincia ocupando el 12% de la superficie en producción, y cubren el 64% del empleo rural permanente y el 20 del transitorio.
Destacó que las y los trabajadores del INAFCI brindan asistencia técnica en 19 de los 23 departamentos de la provincia, que para acompañar a la totalidad de las familias productoras de este sector serían necesarios 167 técnicos y técnicas, y solo hay 48. Después de aportar otros datos, contó que los conoce de primera mano porque fue técnico de Agricultura Familiar y ya en llanto explicó que por eso lo golpea más “esta política de discriminación, esta política de desprecio a los menos tienen”.
Cannabis medicinal
Por otro lado, la Cámara Alta insistió en la sanción dada en junio de 2022 y se aprobó nuevamente el proyecto de ley por el cual la provincia se adhiere a la Ley Nacional 27.669, Cannabis medicinal y cáñamo industrial, que regula la producción de esta planta y ofrece un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal. El proyecto volvió a la Cámara de Diputados como última revisión.
Además, se aprobaron varios proyectos de declaración, entre ellos uno de la senadora Leonor Minetti, pidiendo que el Ejecutivo provincial arbitre las medidas para que haga un relevamiento técnico y realice obras de encauzamiento del rio Huaico Hondo en el paraje Alfarcito y el río Las Cuevas en La Quebrada del Toro.
